30|11|2021

Vacunas: revelan exigencias leoninas de Pfizer en todo el mundo

20 de octubre de 2021

20 de octubre de 2021

Un informe independiente difundido por The Washington Post detalla que la compañía silenció gobiernos y manipuló condiciones para maximizar sus ganancias.

Un informe publicado por Public Citizen, un grupo de defensa de los derechos del consumidor con sede en Washington, Estados Unidos, reveló nuevos secretos y condiciones de las negociaciones alcanzadas entre diferentes países y la farmacéutica Pfizer, una de las empresas más poderosas del mundo que logró desarrollar una potente vacuna contra el Covid-19, luego de haber accedido a diversos contratos. En sus 13 páginas, el trabajo detalla el “poder que ha ganado una corporación farmacéutica para silenciar a los gobiernos, reducir el suministro, cambiar el riesgo y maximizar las ganancias en la peor crisis sanitaria del último siglo”.  

 

Esta publicación vuelve a poner en el ojo de la tormenta a la empresa estadounidense luego de las idas y vueltas que existieron con el gobierno argentino de Alberto Fernández, que finalmente finalizaron con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el mandatario para alcanzar un acuerdo y superar las trabas legales y legislativas que existían. En el inicio de la pandemia, el entonces ministro de Salud Ginés González García manifestó públicamente que la empresa “se comportó muy mal” y que había planteado exigencias incumplibles dentro de las normativas argentinas. Tras su renuncia por el Vacunatorio VIP, la oposición tomó la causa Pfizer como una bandera electoral, en reclamo de la formalización del contrato. A pesar de que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró en su momento que “Pfizer no pidió los glaciares” del sur argentino como garantía, según este estudio sí lo hizo con diferentes recursos naturales en otros países.

 

En base a casi diez contratos con diferentes países, entre los que se encuentran Brasil, Colombia, Chile, República Dominicana, Perú y Estados Unidos, Public Citizen logró detallar una serie de patrones comunes a lo largo y ancho del mundo que determinan las concesiones políticas y legales obtenidas por la empresa a merced del poder y la soberanía estatal. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, el estricto secreto de las negociaciones, la resolución de posibles conflictos legales en tribunales de arbitrajes secretos, la potestad de la empresa de cambiar unilateralmente las fechas de entregas de las dosis y el poder de exigir activos públicos, como recursos naturales y dependencias gubernamentales, como garantías de los contratos.

 

Según declaraciones recolectadas por el diario The Washington Post, uno de los autores del informe, Zain Rizvi, aseguró que los “contratos colocan constantemente los intereses de Pfizer antes que los imperativos de la salud pública”. Por su parte, la vocera de la empresa, Sharon Castillo, rechazó las acusaciones y aseguró que Pfizer “no ha interferido y no tiene absolutamente ninguna intención de interferir con los activos de ningún país”

 

Uno de los casos particulares del informe es el de Brasil. Según la investigación, el país sudamericano “renunció a la inmunidad soberana, no impuso sanciones por entregas tardías, acordó resolver disputas bajo un arbitraje privado secreto bajo las leyes de New York e indemnizó ampliamente a Pfizer por reclamaciones civiles”. Además, este caso cuenta con una particularidad ya que Brasilia tendría prohibido realizar “cualquier anuncio público sobre la existencia del acuerdo” o comentar sobre Pfizer sin contar con el aval previo y escrito de la empresa. “Pfizer obtuvo el poder de silenciar a Brasil”, dice el informe.

 

Con relación a los activos nacionales, Public Citizen detalla las negociaciones con el gobierno estadounidense de Joe Biden, quien, según el contrato estudiado, “le permite a Pfizer solicitar que los tribunales utilicen activos estatales como garantía de que se le pagará a Pfizer un laudo arbitral y/o utilizará los activos para compensar a Pfizer si el gobierno no paga”. Entre estos activos se encuentran, por ejemplo, “cuentas bancarias, inversiones y propiedades comerciales extranjeras, incluidos los activos de empresas de propiedad estatal como aerolíneas y compañías petroleras”.

 

Estas publicaciones no son las primeras que se hacen de este tipo, pero prometen generar una nueva polémica. Es por esto que Zain Rizvi, uno de sus autores, aseguró que “la comunidad global no puede permitir que las corporaciones farmacéuticas sigan tomando las decisiones”.