Acusado de "haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo”, el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas se negó a declarar ante el juez Alejo Ramos Padilla y se retiró del fuero Federal de Dolores donde llegó acompañado de su abogado defensor.
Este martes, el exjefe de Inteligencia macrista inauguró el raid judicial en suelo bonaerense, donde la próxima semana lo espera una nueva cita ante el juez Federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, que también lo procesó por presunto espionaje a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Arribas ingresó al juzgado poco después de las 11 para cumplir con la citación que dispuso el magistrado la semana pasada en relación a la parte de la pesquisa vinculada a tareas de espionaje por parte de agentes de la AFI en 2017, relacionadas a las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires.
Para mañana está citada a indagatoria y bajo los mismos cargos la exsubdirectora de la AFI Silvia Majdalani.
Ramos Padilla impuso a Arribas y Majdalani una caución real de 20 millones de pesos, les prohibió la salida del país y ordenó la entrega de sus pasaportes, en el marco de la causa en la que está detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio, quien, se sospecha, respondía políticamente a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.
En el caso D´Alessio, el juez Ramos Padilla citó al ex Señor 5 y a la ex Señora 8 como los responsables de la implementación del "Proyecto AMBA", que implicó el despliegue de seis nuevas bases operativas de la AFI en la provincia de Buenos Aires (y tres históricas) que habrían sido utilizadas para realizar maniobras de espionaje político ilegal, sobre todo, en derredor de las elecciones legislativas de 2017.
Arribas fue el "funcionario que ordenó expresamente la realización de tareas de inteligencia con orientación política al momento de disponer las funciones específicas de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires", mientras que Majdalani "habría sido la funcionaria que se nutría diariamente de la información de inteligencia reunida por las nueve delegaciones provinciales", sostuvo Ramos Padilla.
En la misma resolución, el magistrado indicó que Majdalani habría sido quien, de acuerdo a sus funciones específicas en la central de espías, "fijaba los objetivos de inteligencia y adoptaba las decisiones en base a la información recopilada por sus dependientes".
Uno de los elementos de prueba en contra de Arribas es la resolución 558/17, en la que él mismo definió las funciones de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires y estableció que una de ellas era la de "planificar, dirigir y supervisar las actividades de reunión de información que se requieran sobre los factores de poder político, económico, psicosocial y en el componente científico tecnológico".
De la información recolectada en ese expediente, surge que las bases AMBA –proyecto que duró un año- se utilizaron para espiar organizaciones sociales, políticas y hasta comedores comunitarios mientras que no surge ningún elemento que permita inferir que trabajaron en el combate del crimen organizado, motivo por el cual habían sido supuestamente creadas.