El Gobierno sorprendió en agosto pasado con el Decreto de Necesidad y Urgencia 690, que prohibió hasta fin de año los aumentos de precios para internet, telefonía móvil y TV por cable. Allí declaró servicio público en competencia a estas actividades. Esta decisión permite la regulación de los precios. Sin embargo, no quedó claro el modo en que esta intervención se hará efectiva. Si bien todas las miradas apuntan a las reacciones de los grandes jugadores, el sector cooperativo también demanda definiciones que atiendan a sus particularidades.
La falta de certezas sobre la reglamentación fue destacada por la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión (Colsecor) en su comunicado posterior al DNU. Allí, señaló su preocupación por no encontrar “una suficiente explicación práctica de la configuración que se pretende del modelo de actividad”. Al mismo tiempo, la entidad, que reúne a 250 empresas, entendió “razonable, en términos de equidad e igualdad, que haya políticas públicas que construyan las condiciones de accesibilidad a la conectividad”.
En diálogo con AM 750, el presidente de Colsecor, José Lino, señaló: “En marzo las grandes empresas de telecomunicaciones tuvieron aumentos del 10% y la mayoría de cooperativas y pymes tuvo aumentos mucho menores o no los realizó. Esperábamos a septiembre para recuperar y ahora hay que esperar a diciembre”. Consultado por la actividad de sus representadas, Lino agregó: “La mayoría de las cooperativas venía en un proceso interesante de inversiones. Algo se podrán demorar y habrá que planificar nuevamente. Hay que sentarse con el (Ente Nacional de Comunicaciones) Enacom para ver qué perspectivas hay a partir de enero con las tarifas definidas”.
Entre las distintas motivaciones del decreto, el Gobierno planteó la necesidad de mejorar la conectividad en todo el país. En la misma línea presentó la última semana el Plan Nacional de Conectividad “Conectar”. Según el Enacom, en diciembre de 2019 casi 63 de cada 100 hogares tenía internet fija, pero existían provincias donde la banda ancha no alcanzaba al 40% de la población. Además, las empresas ofrecen velocidades de 100 y hasta 300 megabits por segundo en las grandes ciudades, pero 54% de las conexiones en el país tienen una calidad igual o inferior a 20 Mbps.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), para el segundo trimestre de este año se registraban 7.444.949 accesos fijos a internet, lo que constituyó una merma del 0,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, los accesos móviles fueron 30.425.729. Esto supuso una disminución de 3,6% anual.
El informe del INDEC recoge datos de 123 empresas de todo país. Para junio de este año, 97,6% de los accesos residenciales (fijos y móviles) correspondía a las grandes compañías (con más de un millón de accesos), mientras que 2,4% de las conexiones era de proveedores más pequeños (con menos de un millón de usuarios).
Este segundo grupo está integrado por numerosas cooperativas y pymes que, aunque tengan una participación minoritaria en el mercado, cumplen un rol clave para solucionar la desigualdad digital. Se trata de entidades que llegan a pueblos alejados y zonas despobladas o vulnerables, como lo constatan la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL), Colsecor y la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires (Fedecoba), que presentaron recientemente un plan para proveer internet a 358 barrios populares; o como lo demuestra Cotesma, la cooperativa de San Martín de los Andes, que proyectó tirar un cable subacuático para llevar conexión hasta Villa Meliquina, un pueblo de 130 familias.
NEGOCIACIONES ABIERTAS. El Enacom convocó a los actores del sector para escuchar sus demandas mientras elabora la reglamentación del DNU. La primera reunión fue con el espacio cooperativo. Allí estuvieron la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur (Fecosur), la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones (Fecotel), CATEL, Colsecor y Fedecoba. Se estima que reúnen a más de 400 cooperativas.
El encuentro sirvió para abrir el canal de diálogo, pero las organizaciones no conocieron todavía los detalles de la reglamentación. La autoridad de aplicación debe dar respuestas a mercados altamente concentrados, donde las necesidades de los dominantes no son las mismas que las del sector cooperativo, que demanda una implementación diferenciada.
El vicepresidente del Enacom, Gustvo López, adelantó que el organismo analiza “reglamentaciones diferenciadas de acuerdo al tipo de servicio y al tipo de empresa”. Lo hizo en una videoconferencia de la South School on Internet Governance, donde anticipó las líneas centrales de la propuesta: “No vamos a fijar tarifas. Vamos a autorizar los aumentos de precios que propongan los privados. La única diferencia es que van a tener que justificarlo con los costos y la inversión. Una cosa será para las grandes empresas, otra para las medianas, otra para las chicas y otra para las cooperativas”. Allí también expresó que esperan acordar “una tarifa social para que los sectores de menores recursos puedan acceder a internet, TV paga y telefonía”.
El Gobierno espera presentar un nuevo marco para el sector antes de fin de año. La actividad de las cooperativas demuestra que extender la conectividad no es un asunto sólo de grandes actores.
