Los diputados y diputadas Ayelén Spósito, Graciela Landriscini, Hernán Pérez Araujo, Darío Martínez, Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y Martín Soria, del Frente de Todos, presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura solicitando que el camarista federal Martín Irurzun sea removido de su cargo por “mal desempeño, grave negligencia y por la realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones”.
Si bien Irurzun será recordado como el ideólogo de la doctrina tan disparatada como peligrosa, mediante la cual justificó las prisiones preventivas a los exfuncionarios de la gestión kirchnerista, esta presentación se centra en su accionar en dos causas que involucran a Mauricio Macri: la declaración de nulidad del peritaje sobre los teléfonos del expresidente ordenado por la jueza Servini de Cubría; y la radicación de la causa Mesa Judicial M en la órbita de una magistrada subordinada al sistema macrista de extorsión.
FALLO I: CAUSA POR EXTORSIONES SOBRE GRUPO INDALO
El primer fallo cuestionado se da en el marco de la investigación por las presiones sufridas por el Grupo Indalo por parte del expresidente Macri y otros funcionarios de su Gobierno. Aquel hostigamiento sistemático tuvo por finalidad desguazar las empresas del mencionado grupo para vender sus acciones a precio vil.
La denuncia, en su aspecto técnico, cuestiona el rechazo de la Cámara de Apelaciones, en la Sala integrada por Irurzun, al peritaje ordenado por la jueza María Servini de Cubría sobre los teléfonos de Macri entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de agosto del 2019. El entrecruzamiento involucraba los teléfonos de Macri, Rodríguez Simón, Mario Quintana, José Torello y los ex titulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli.
Para los diputados y diputadas del Frente de Todos la resolución de la Cámara es ilegal porque afecta gravemente el derecho de todos los justiciables de ser oídos, llegando a vulnerar la acordada 8/20 dictada por el mismo Irurzun semanas antes, e importa un grave compromiso en los deberes de independencia e imparcialidad de los magistrados.
Soria explicó que existió un “prejuzgamiento que afecta considerablemente la garantía de imparcialidad. Y no es la primera vez que este Juez se ve involucrado en un hecho similar”.
El diputado rionegrino recordó que “Cristina Kirchner explicó con mucha claridad” la importancia del peritaje ordenado por Servini de Cubría. “La prueba solicitada iba a demostrar la existencia de la Mesa Judicial macrista y su articulación con los servicios de inteligencia y con distintos miembros del Poder Judicial de la Nación para perseguir opositores y apoderarse de empresas ajenas”, sostuvo la Vicepresidenta en ocasión del fallo del camarista cuestionado.
FALLO II: CAUSA MESA JUDICIAL MACRISTA
El segundo fallo cuestionado por su ilicitud, se da en la causa de la Mesa Judicial M, que se inició con la denuncia penal presentada por Soria ante el juzgado federal N° 2 de turno, del Juez Sebastián Ramos.
Sin embargo, luego de un breve conflicto de competencias, la Cámara de Apelaciones, presidida por el juez Irurzun, decidió que dicha causa quedó radicada en el juzgado N° 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, que tenía en su juzgado una causa por supuestas presiones a jueces del fuero laboral iniciada en 2019.
Es importante remarcar que la misma Capuchetti había rechazado el mentado expediente por considerar que el caso de su colega Ramos tiene un objeto procesal más amplio y distinto; que está más avanzado y que la decisión de enviarle la causa es “prematura”.
“Hasta ahí lo único llamativo es la falta de conexidad real entre los expedientes, dado que uno contenía presiones en relación a un fuero en concreto – y el otro expone una verdadera red de extorsiones a varios magistrados y funcionarios”, explicó Soria.
“Sin embargo, cuando se explora los vínculos entre Capuchetti y el macrismo se entiende por qué el camarista Irurzun torció su resolución para enviarle a esta jueza la causa que tanto compromete a Mauricio Macri y sus ex funcionarios”, añadió el parlamentario rionegrino.
La denuncia profundiza sobre esos vínculos. “La jueza Capuchetti es otro soldadito de batalla de la mesa judicial de Cambiemos. A pesar de no haber ganado el concurso –ocupó el segundo lugar en la terna– su pliego fue aprobado por Cambiemos (el FPV votó en su contra), y fue merecedora de uno de los doce puestos más sensibles en la arquitectura de la justicia federal argentina”.
Además, la presentación subraya las visitas que la magistrada realizó “entre el 19 de marzo de 2018 y el 3 de octubre de ese mismo año, por lo menos 6 veces, al despacho de Gustavo Arribas, el ex titular de inteligencia macrista que era pieza fundamental de la Mesa Judicial M y coordinaba el espionaje a los opositores de turno”. Esos ingresos quedaron registrados en el libro de visitas y en las cámaras de filmación de la AFI.
Soria afirmó que se trata de un hecho “verdaderamente insólito” ya que “la mesa judicial de Cambiemos, va a ser investigada precisamente por una subordinada a la misma, todo ello gracias a la intervención del juez Irurzun, quien una vez más torció la interpretación de la legislación de fondo y encontró una conexidad entre causas imperceptible al análisis de cualquier jurista. Nuevamente afectando seriamente la imparcialidad del juzgador como garantía procesal fundamental en un Estado de Derecho”.
Finalmente, el diputado rionegrino afirmó que “mantener al magistrado en su cargo es consagrar la estrategia de persecución política y manipulación de la justicia argentina en búsqueda de impunidad, propia de la Mesa Judicial Macrista”.