Una serie de mensajes de WhastApp intercambiados entre un empleado de rango de Vicentin y un cliente que le vendía sus granos es el puntapié de una denuncia por estafa que se cocina en los Tribunales de Rosario contra los miembros del directorio de la agroexportadora. La comunicación intenta ser material para probar que la cerealera siguió tomando mercadería cuando ya tenía decidido declarar la cesación de pagos por unos 100.000 millones de pesos y, por ende, con conocimiento que no iba a poder cancelarla.
Fechas límite, pagos que no entraron y una actitud maliciosa conforman la acusación contra la docena de directores de la familia Vicentin, Padoán, Nardelli y Buyatti, entre otros. En rigor, una empresa de compra venta y acopio de cereales acusa a la aceitera por haberle recibido granos sabiendo que se declararía en default días después y que, entonces, no podría afrontar el pago de la mercadería por operar bajo el sistema a fijar precio.
El mismo consiste en que el productor, acopio o corredor de granos, entrega stock a Vicentin, pero sin cerrar el precio al momento sino más adelante. La cerealera recibe el grano, lo procesa, lo vende y exporta, incluso lo cobra, y recién luego lo paga al productor. Mientras todo esté aceitado y sin contingencias, la empresa hasta suele trabajar el dinero financieramente antes de pagar. El tema es cuando llega el momento de fijar el precio y la empresa no tiene la plata ni la espalda para responder. Eso sucedió con Vicentin.
La denuncia se posa en los días previos a la “fecha fatal” en que la firma declaró no poder hacer frente a sus obligaciones por un total de 100.000 millones de pesos, según consta en el concurso preventivo abierto. El total por el cual habría quedado enganchada la firma sería de aproximadamente 2 millones de dólares en granos.
Desde el Estudio de abogados ROYR de Rosario confirmaron a Letra P que se está trabajando en esa denuncia y argumentaron que, antes de la cesación de pagos, “los administradores, conscientes del riesgo creado por ellos mismos, siguieron tomando cereal y haciéndose de activos líquidos con la intención de fondearse y no pagar”. “Ya conocían que el pago era imposible”, agregaron.
Esta presunta ocultación se evidencia en una serie de Whatsapp de mediados de noviembre entre uno de los socios de la acreedora mencionada y un oficial de rango que es familiar directo de un integrante del directorio. Éste pone fecha límite para la recepción de mercadería el 5 de diciembre, justo el mismo día en que se declararía el default afectando a más de 2800 acreedores.
Los representantes legales entienden que ese plazo impuesto permite deducir la intención de la cerealera de tomar operaciones que deliberadamente no iba a pagar. Además, infieren que quien informó del plazo límite actuó en consecuencia de lo definido por el directorio, quien tiene las atribuciones reales del destino de la empresa.
Según denuncian, la empresa acumulaba problemas financieros desde hacía años y, por ende, sus directivos conocían el riesgo en que estaba la firma ante cualquier contingencia. Otro dato que incorporan en la denuncia es que Vicentin, tres días antes del default, transfirió a la multinacional Glencore el 16,67% del paquete accionario que poseía en la empresa de biocombustible Renova, cediéndole el control societario.
