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Letra P accedió a la extensa lista de objetivos de la red ilegal de inteligencia que operaba en el Ministerio de Seguridad bonaerense en la gestión anterior.

Por 18/06/2020 20:44

Más de 1.400 consultas en bases de datos privados forman parte de la investigación por espionaje que tiene en la mira a la exgobernadora María Eugenia Vidal y a su exministro de Seguridad Cristian Ritondo como presuntos impulsores de tareas de inteligencia sobre políticos, magistrados, empresas y dirigentes sociales, según se desprende del listado al que accedió Letra P.

Se trata de un anexo documental que forma parte de la causa que tiene procesados al extitular de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense Guillermo Berra y a la abogada María Rosario Sardiña.

En la lista de espiados aparecen la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Bonaerense y su titular, el abogado Juan Eduardo Caniggia, el Senado provincial, la Cámara de Diputados y el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires.

 

 

En el extenso listado que está bajo análisis judicial también aparecen la Fundación Compañía Social Equidad, Air Energy Services SA, Agropharma Salud Animal SA y Los cuatro de Don Pancho Agropecuaria SA y hasta la empresa Shell, cuyo titular de la filial argentina fue el exministro de Energía del macrismo Juan José Aranguren.

La lista no se publicará, ya que es un documento público sensible. Contiene datos privados de personas y empresas que se deben preservar ya que están bajo tutela judicial.

El escándalo salió a la luz el 23 de octubre de 2019, con el allanamiento a la sede de Asuntos Internos encabezado por la fiscal Cecilia Corfield, tal como entonces informó Letra P. En la lista de espiados también figura un funcionario policial, marido de la fiscal. En ese procedimiento también se encontraron evidencias de espionaje sobre la fiscal Silvina Langone, quien estuvo a cargo del juicio oral por la triple fuga del penal de General Alvear, hecho que generó el primero de los cimbronazos políticos de Cambiemos en los ámbitos nacional y provincial, desde fines de diciembre de 2015 hasta mediados de enero de 2016.

 

 

También se encontraron evidencias de espionaje sobre el defensor ciudadano adjunto de La Plata, Tulio Marchetto, esposo de la fiscal Langone, y parte de la familia de ambos.

Según el documento judicial, al que accedió Letra P, también figuran tareas de inteligencia sin orden judicial sobre el “Poder Judicial bonaerense, la Policía Federal Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Municipalidad de Lincoln, Municipalidad de Tres Arroyos, Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires”. Y las empresas Avances Médicos, Curavis S.R.L., Haras Dilu S.A. (propiedad de Néstor Otero, dueño de TEBA, terminal de Retiro y estación de Once, entre otras), Hipódromo Argentino de Palermo S.A., Fundación Compañía Social Equidad, Banco Santander Río S.A.

Como informó este medio, la causa por espionaje se inició a raíz de la denuncia presentada por el excomisario Néstor Martin, en la que se dio cuenta de una red de espionaje ilegal que funcionaba en el corazón del Ministerio de Seguridad bonaerense a las órdenes de Ritondo y la exgobernadora Vidal.