En la misma línea de lo resuelto para las facturas de luz, gas y agua que están bajo la órbita nacional, el Ministerio de Transporte saldrá a confirmar en los próximos días una nueva ampliación del congelamiento tarifario que rige para los colectivos urbanos de la región metropolitana (AMBA).
La decisión de la cartera conducida por el massista Mario Meoni de frizar los boletos del transporte automotor se extenderá a las tarifas de los servicios ferroviarios y -como viene sucediendo en los últimos años- arrastrará al gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta a aplicar una medida similar para los subtes y el Premetro.
Más allá del alivio que representa para los bolsillos de los usuarios, la continuidad del congelamiento tarifario tiene una fuerte contrapartida económica por los subsidios y compensaciones económicas, que no paran de crecer.
La nueva prórroga llegaría, en principio, hasta octubre y la intención de los funcionarios nacionales es sumar a todas las administraciones provinciales y municipales para que adopten ese camino y mantengan sin cambios los precios de los servicios de ómnibus de corta y media distancia.
Más allá del alivio que representa para los bolsillos de los usuarios, la continuidad del congelamiento tarifario en las líneas de colectivos tiene una fuerte contrapartida económica por los subsidios y compensaciones económicas que no paran de crecer.
Los números oficiales de mayo muestran que los desembolsos que salieron de las arcas nacionales para mantener los boletos de todos los servicios urbanos y compensar la inactividad de los interurbanos treparon a un récord de 323 millones de pesos diarios.
Los 9.700 millones de pesos de subsidios pagados por el Estado en el quinto mes del año se distribuyeron de la siguiente manera: 7.600 millones de pesos para las líneas del AMBA, 1.600 millones de pesos para las compañías del interior y 500 millones para las empresas de larga distancia.
Lejos de quedar congelada, esa suma, que no incluye la asistencia estatal para el pago de sueldos del programa PAETP que tienen las empresas interurbanas y algunas provinciales, promete seguir subiendo por las promesas de auxilios económicos que asumieron las autoridades de Transporte.
Uno de esos compromisos busca calmar, en parte, los reclamos provenientes del interior de un reparto mas “equitativo y federal” de los subsidios.
Se trata de la actualización del “Fondo Compensador”, destinado a los servicios provinciales y locales, que volverá a tener otros 6.500 millones de pesos para repartir en los próximos 120 días. Esa suma que ahora se convirtió en cuatrimestral es la misma que habían cobrado los colectivos del interior a largo de 2019.
A pesar de esa ayuda económica, las líneas urbanas del interior siguen sin poder cerrar sus números por el doble impacto de la crisis económica y la caída en la cantidad de pasajeros transportados.
A diferencia del AMBA, donde los ingresos de las empresas son 75% subsidios y 25% venta de boletos, en el interior esa relación es 45% subsidios y 55% recaudación propia. El problema es que ahora la recaudación de las máquinas boleteras representa solo alrededor del 25% de los ingresos que tenían normalmente.
Además de los subsidios del Fondo Compensador, las autoridades y empresas del interior esperan que llegue el otro salvavidas acordado con los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni: la transferencia a los choferes del salario complementario que sale del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (PAETP).
En el caso de las empresas de larga distancia, la cartera de Meoni transformó en “permanente” lo que inicialmente se había planteado como algo “transitorio”.
Se trata de la asistencia económica sectorial de 500 millones de pesos mensuales que implicará para las compañías interurbanas un ingreso de 142.000 pesos por cada ómnibus de su parque móvil.
Esa ayuda estatal para las operadoras de larga distancia que tienen sus servicios paralizados desde el 20 de marzo iba a ser por “única vez”. Pero, ante la prolongación del aislamiento y la inactividad del sector, los funcionarios de Transporte blanquearon que seguirá vigente mientras duren los efectos y las restricciones de la pandemia del coronavirus.
Lo que por ahora se mantiene en pie es que los pagos que reciban las empresas se imputarán dentro del Programa de Emergencia del Transporte Público Interurbano de Pasajeros (PEPT) y tendrán como contraprestación la realización de viajes sin costo para personas discapacitadas y los pasajeros que designe el Gobierno una vez que se restablezcan los servicios.
Diputado tucumano José Cano (UCR).
PROYECTO LEGISLATIVO. En medio del congelamiento tarifario y la reconfiguración de subsidios, la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados hizo su aparición en el escenario con una iniciativa que busca darle un marco legal más estable a los aportes que la Nación destina a los servicios de colectivos del interior del país y a las empresas de larga distancia.
Impulsado por el titular del Comisión, el radical José Cano, el proyecto en juego promueve la creación del “Fondo Federal de Transporte Automotor” (Fofetraa), que apunta a concentrar la distribución de las asistencias económicas que el gobierno nacional asigna a las líneas provinciales, municipales e interurbanas.
El Fofetraa se alimentará con los ingresos de los distintos fondos específicos que actualmente tiene la cartera de Transporte y las partidas presupuestarias que disponga la Jefatura de Gabinete.
El proyecto prevé la firma de nuevos acuerdos de distribución de subsidios con las provincias y municipios y la generalización del sistema SUBE en todas las líneas urbanas del interior del país con el fin de avanzar hacia una “coordinación tarifaria federal”.
Por más que los legisladores sostienen que con el nuevo esquema Transporte recuperará la “centralidad” en el manejo de los subsidios, los funcionarios de Meoni no ven agrado los cambios en juego. Prefieren mantener las cuentas separadas entre el AMBA y el interior y no subordinar al Fofetraa los recursos del fondo SISTAU que actualmente se destinan a las empresas de la Cuidad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.