Tucumán dio el primer paso para dejar de ser la única provincia del país que no había adherido a la ley "Micaela", que establece la capacitación obligatoria en materia de género y violencia de género para todas las personas que trabajan en la función pública. Este viernes la Legislatura sancionó el proyecto impulsado por el oficialismo para adherir a la norma nacional, pero todavía falta saber qué alcance le dará el gobernador y activo militante antiabortista, Juan Manzur, cuando reglamente el texto.También falta otro capítulo clave, porque la norma invita a los municipios a sumarse, una decisión que dependerá del impulso y contenido que le otorge el Ejecutivo provincial.
La Ley Micaela fue sancionada en 2018 por el Congreso, pero en Tucumán su adhesión implicó casi dos años de postergaciones. En el recinto, el oficialismo aportó 39 votos, mientras que el bloque de Fuerza Republicana y del Partido por la Justicia se manifestaron con ocho votos en contra.
El jefe del bloque de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, cuyo partido llegó a comparar la creación del Ministerio de la Mujer con la Gestapo (en referencia a policía política del nazismo), buscó justificar su voto negativo y dijo que su posición había sido difamada por "lobbies ante el INADI". "Estamos absolutamente a favor de la capacitación", pero "hemos presentado un proyecto local, nuestro, que respeta nuestras costumbres, idiosincrasia, que establece la capacitación para los tres poderes públicos, sin esa palabrita, de ideología de género”, disparó el hijo del difunto general Domingo Bussi, gobernador de facto y en democracia de la provincia.
Tanto le molestó a Bussi la sanción que cargó contra Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo, que presidía la sesión. Les recordó una de las mayores dudas sobre la voluntad de ambos para adherir a la norma, porque en plena campaña electoral, antes de los comicios de 2019 "se comprometieron públicamente ante un público evangélico a no votar ninguna ley que tenga ideología de género", acusó Bussi y consideró que "hacer lo contrario es, ni más ni menos, que un fraude electoral: es horrible mentir en campaña”.
Los diputados del Partido por la Justicia Social también votaron en contra y el titular de esa bancada, Raúl Albarracín, argumentó que la ley nacional es buena, pero que la versión provincial es mala: "La Ley Micaela tiene un fin noble, pero está cargada de ideología. Si lo que queremos es eliminar la violencia hacia la mujer, que se la respete y se la cuide, debemos tener una mirada amplia y no encorsetada en una ideología".
Con sus palabras, el titular de la bancada oficialista, Roque Álvarez, aumentó las incógnitas que giran en torno a la reglamentación que firme Manzur y recordó que cada provincia definirá su articulación como autoridad de aplicación. "Capacitar es la acción de convertir a alguien apto para algo y esa es la esencia de esta ley. Difícilmente alguien vaya a cambiar de opinión por una charla de una hora, por eso se trata de sensibilizar y de evitar que en Tucumán haya otra Micaela (García)", dijo el legislador en referencia al asesinato de la joven entrerriana que conmovió al país e inspiró la sanción de norma nacional, en 2018.
Su compañero de bancada y vicepresidente primero de la Cámara, Gerónimo Vargas Aignasse, fue en el mismo sentido y ratificó la interpretación del gobierno tucumano. "La Ley Micaela es una norma netamente educativa- Por eso tenemos que trabajar mucho en la capacitación”, sostuvo.
