Los diez días consecutivos del paro del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) en Rosario comandado por la UTA en reclamo del 50% del sueldo de abril evidenció la doble cara de la situación en el marco de la pandemia. Por un lado, la medida de fuerza histórica les abre –además del que ya tienen con el gremio– un conflicto a los gobiernos de Santa Fe y de Rosario con la ciudadanía, que retomó la rutina y necesita moverse, y, a la vez, la no circulación de colectivos les resulta un alivio sanitario para evitar disparar contagios.
El fin de semana pasado se cortó una racha de 20 días sin casos positivos en la ciudad y, desde entonces, no volvió a presentar casos. La pasividad de contagios se sostuvo, en parte, por la inactividad del transporte que se inició el lunes de la semana pasada, en coincidencia con el comienzo de la apertura del comercio por la fase 4 de la cuarentena.
Los especialistas de todo el mundo señalan al transporte público como una bomba epidemiológica sobre ruedas. Los subtes en Nueva York marcaron de sobra el triste ejemplo. También el propio intendente de Rosario, Pablo Javkin, advirtió que el reparo “fundamental para una reapertura es la no saturación del transporte público”. Saturación que la huelga cortó de raíz.
Es ahí cuando emerge la doble interpretación acerca de la conveniencia de la inactividad del transporte en esta etapa de la cuarentena. En cuanto a lo sanitario, la no circulación de colectivos se convirtió indudablemente en un aliado imprevisto para la contención. Pero, por otro, con la reapertura comercial en marcha y mayor volumen de gente en la calle, no tener a disposición de la ciudadanía un medio de transporte vital genera malestar y deja al Estado en falta.
Según el titular de la seccional Rosario de UTA, Sergio Copello, la densidad de la cuarentena incidió en la decisión política del gobierno provincial y municipal para arrimar a una solución del conflicto. “En un escenario sin pandemia y con diez días de paro, indudablemente se hubieran acelerado los tiempos y la voluntad de la Provincia y del Municipio, que no la tuvieron, porque habría más presión social”, reflexionó en contacto con Letra P. Agregó que el intendente Javkin “se movió durante los últimos días, pero el gobernador sólo transmitió que la plata disponible se depositó y no hay más”.
La discusión pasa por quién tiene la llave para destrabar el conflicto. Mientras la UTA seccional Rosario pide mayor aporte de la provincia y el municipio, los gobiernos de Omar Perotti y Javkin apuntan a la ayuda nacional como decisiva. “Por la situación en juego, no es posible encontrar una solución a nivel local ni provincial, por eso estamos esperando alguna nueva decisión nacional”, sostuvo el secretario de Transporte provincial, Osvaldo Miatello a Sí 98.9.
Desde que empezó la cuarentena, las empresas (dos privadas y una del Estado municipal) trabajan a pérdida. Según el Ente de la Movilidad de Rosario, la recaudación cayó 82% desde que se inició el aislamiento. Los subsidios nacionales y provinciales se pagaron en tiempo y forma, pero no alcanzaron para compensar la caída. Sumados a los subsidios nacionales, apenas sirvieron para pagar el 50 por ciento del sueldo a los trabajadores.
Parece ser un problema que vuela alrededor de quién pone la plata, pero el trasfondo es un sistema de financiamiento que no podía hacer pie antes de la pandemia, y mucho menos con la crisis. El secretario de Transporte reflexionó: “Tirar siempre sólo la cuerda de nivel nacional, en algún momento se va a cortar, porque la cuarentena llevará meses, y el transporte será una de las actividades últimas en normalizarse”.
