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Parches improvisados que acentúan la desigualdad educativa en la Provincia

06 de octubre de 2020

Desde el inicio de la cuarentena, 279 mil alumnos bonaerenses perdieron todo contacto con la escuela y quedaron a la deriva. ¿Qué hizo el Estado por esos estudiantes? La respuesta es tan preocupante como dolorosa: poco y nada. El problema estaba diagnosticado y cuantificado desde hace no menos de cuatro meses, pero la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia recién presentó la semana pasada una propuesta que, además de llegar tarde, no está bien pensada.

 

Lo anunciado se parece más a una medida superficial e improvisada, que a una verdadera estrategia para reinsertar a esos alumnos en una rutina escolar. La demora de siete meses en advertir el grave problema que implica que más de un cuarto de millón de estudiantes haya abandonado la escuela no parece haber ido en beneficio de una buena planificación.

 

Según lo anunciado oficialmente, se va a conformar –a futuro, porque ni siquiera es una medida que ya se esté aplicando– un plantel docente para llevar a las casas de esos alumnos un cuadernillo y volver, días después, para ver si tuvieron alguna duda. ¿Se cree, seriamente, que eso es un programa de reinserción educativa para alumnos que llevan siete meses fuera del sistema?

 

La idea es que cada docente se haga cargo de seis alumnos. Para eso serán convocados 11 mil docentes suplentes y otros 35 mil estudiantes de la carrera docente. Frente a esto, la primera pregunta que surge es ¿por qué no se lleva a cabo el programa con maestros y profesores debidamente acreditados? No está claro. Pero, además, ¿se considera suficiente la entrega de un simple cuadernillo y una visita posterior para ver si lo entendieron?

 

La cerrada negativa del gobierno de Axel Kicillof para retomar en estos casos la presencialidad, siguiendo los correspondientes protocolos, se torna incomprensible y se parece más a un capricho que a una decisión acertada. Las estadísticas oficiales indican, en ese sentido, que el 67% de los estudiantes reside en un radio aproximado de veinte cuadras de la escuela y, dentro de ese universo, la mitad vive a trece cuadras o menos. Son, como se verá, tramos que se podrían transitar sin necesidad de recurrir a un transporte público. Lo único a resolver, en esos casos, sería la selección de los docentes para reemplazar a los maestros y profesores que residan a una distancia que los obligue a utilizar un medio de transporte público.

 

Pero el gobierno bonaerense parece correr siempre detrás de los problemas, sin anticiparse a ellos y sin elaborar estrategias y propuestas de fondo. En distintas áreas –se ha visto en Seguridad y en Salud, por citar los dos casos más recientes– parece apostar a la improvisación y al parche para enfrenar desafíos tan complejos como sensibles.

 

En una provincia que ha alcanzado dramáticos índices de pobreza (41,6%  en el Conurbano), la pérdida de escolaridad para 279 mil chicos implica, lisa y llanamente, una condena al desamparo. Son niños, adolescentes y jóvenes, que no sólo dejan de aprender, sino que además pierden la contención, el refugio y el estímulo que les aporta el colegio. Pierden la comunidad con sus compañeros y la disciplina cotidiana que representa el compromiso escolar. El Estado debería haber diseñado para ellos una estrategia de contención oportuna y consistente. No haberlo hecho provocará irreversibles consecuencias en una población que convive con múltiples factores de vulnerabilidad.

 

El problema, incluso, no se limita a ese universo de 279 mil estudiantes. La Directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila, reconoció que el 42% de los alumnos (más de dos millones de chicos) no tiene computadora ni acceso a WiFi para seguir las clases virtuales. Algunos pocos se conectan por medio de un celular de uso familiar. En estos siete meses, el contacto con los docentes ha sido intermitente y acotado, con resultados magros en la continuidad pedagógica. Nada se escuchó desde el gobierno sobre qué está haciendo -o qué va a hacer, también tardíamente- para llegar a esos estudiantes.

 

Para tener una dimensión exacta de la dramática situación que se está viviendo como consecuencia de la quietud de la ministra Vila y el gobernador Kicillof, basta con señalar que los estudiantes que abandonaron el colegio y los que vieron drásticamente reducido el acceso al conocimiento porque no tienen computadora o wifi constituyen, en conjunto, casi el 50% de la matrícula de educación obligatoria de la Provincia.

 

La consecuencia es obvia: se han acentuado la desigualdad y la inequidad en materia educativa. A largo plazo, las secuelas podrían ser irreversibles si no se actúa con responsabilidad y seriedad.

 

Por supuesto que la pandemia obligó a tomar medidas drásticas de prevención para evitar contagios. Está claro que el sistema debió adaptarse sobre la marcha, con escuelas, familias y docentes que no estaban preparados para una contingencia semejante. Pero surgen, indefectiblemente, varias preguntas: ¿Qué se hizo desde que se inició la cuarentena para atenuar, al menos, la pérdida de la escuela presencial? ¿Se hicieron todos los esfuerzos que la emergencia requería? ¿Fueron esfuerzos serios, consistentes, sustentables? ¿Se actuó con coherencia y rumbo estratégico? ¿O se puso a la educación en el fondo de la lista de prioridades?

 

Es importante revisar lo que se hizo, porque de eso dependerá también lo que se haga hacia el futuro. No se puede suponer que siete meses sin clases se compensan con un cuadernillo entregado a domicilio. No se puede hacer de cuenta que aquí no ha pasado nada sin medir las consecuencias. La recuperación de contenidos, la reinserción de estudiantes al sistema y la reincorporación de hábitos y rutinas escolares exigirá un gran esfuerzo y una planificación muy elaborada en gestión educativa. Es un esfuerzo y una seriedad que hasta ahora el gobierno provincial no ha mostrado.