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Letra P consultó a Presidencia y a dististos estamentos del Ejecutivo. En el Gobierno se desayunaron con la información que publicó este medio y no emitieron comentarios.
Redacción 11/09/2019 16:56

El Gobierno se llamó a un mutismo obligado tras la intervención de la empresa Correo Argentino SA que ordenó la jueza en lo comercial Marta Cirulli por sospechas de obstaculización y entrega de información falaz sobre el estado de sus cuentas. Se trata de la empresa residual de la familia Macri, que es investigada por presunto vaciamiento de la compañía privatizada en los años 1990.

 

 

Letra P buscó respuestas oficiales en distintos ministerios nacionales y en la Casa Rosada ante la decisión judicial, pero el Gobierno optó por el silencio. De acuerdo a la investigación que publicó este medio, el juzgado se encontró con que esa firma, que tuvo en concesión el correo estatal entre 1997 y 2003, impide el acceso a sus estados contables y provee datos parciales y contradictorios sobre su vínculo con Socma (Sociedad Macri) y Sideco Americana.