El Gobierno se llamó a un mutismo obligado tras la intervención de la empresa Correo Argentino SA que ordenó la jueza en lo comercial Marta Cirulli por sospechas de obstaculización y entrega de información falaz sobre el estado de sus cuentas. Se trata de la empresa residual de la familia Macri, que es investigada por presunto vaciamiento de la compañía privatizada en los años 1990.
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