Según el último monitoreo sobre noticieros de la Ciudad de Buenos Aires realizado por la Defensoría del Público, los sistemas de videovigilancia se mantienen como “una fuente primordial para la construcción noticiosa del policial”. En el relevamiento de 2018, estas imágenes ocuparon el segundo lugar en cuanto a tipo de fuentes en las noticias con tópico Policiales e Inseguridad, con el 10,2% del total. Además, entre los tipos de fuente más utilizados por estas noticias, 6 % del total cuenta con materiales provenientes de “internet, blogs, videos caseros de televidentes y Twitter de personas”.
El tópico Policiales e Inseguridad es el más visitado por los noticieros capitalinos. Su participación se acercó al tercio del total de noticias relevadas el año pasado (28,4%) en los cinco canales de aire. Este porcentaje crece si la medición se realiza por tiempo de duración de las noticias: 40% del tiempo total emitido.
Los datos respaldan lo que las audiencias constatan en su experiencia diaria frente a noticieros, programas de todo tipo o portales digitales. Imágenes caseras o surgidas de videovigilancia son repetidas hasta el cansancio en la televisión o incorporadas en notas periodísticas digitales como pruebas documentales de los hechos relatados. Sin embargo, la creciente inclusión de estos materiales en el periodismo no se produce sin peligros o consecuencias indeseables. De hecho, por momentos pareciera que la propia existencia de alguna grabación que pudiese despertar la curiosidad del público es justificación suficiente para que se convierta en una noticia, independientemente de su valor periodístico.
Al menos dos noticias recientes de alto impacto pueden servir como advertencia sobre los peligros del uso periodístico, cada vez más común, de imágenes producidas por cámaras de seguridad. La reflexión puede extenderse a toda una gama de grabaciones que, en principio, no tienen como destino una pieza noticiosa, pero que terminan como un insumo fundamental de ella.
ESCENAS Y PREGUNTAS. En la mañana del 9 de mayo el diputado nacional, Héctor Olivares, y un acompañante, Miguel Yadón, recibieron disparos mientras caminaban a una cuadra del Congreso Nacional. Quienes dispararon lo hicieron desde un auto estacionado. Las cruentas escenas del episodio, captadas por una cámara de seguridad, se pudieron ver pocas horas después en todos los canales de televisión y en todos los portales de internet. El ataque provocó la muerte de Yadón y Olivares.
Durante aquella jornada, pocos parecieron preguntarse por las familias de las dos víctimas, quienes vieron aquellas imágenes repetidas hasta el cansancio en cada canal, en cada programa. ¿Cuál era el sentido de la difusión de estas filmaciones? ¿Qué protección recibieron los familiares y amigos de los atacados con la circulación pública de estas escenas? ¿Cuál es el límite en casos como este? Estas imágenes siguen disponibles para quien quiera verlas en cualquiera de las notas on line relacionadas al episodio.

El pasado 19 de mayo un disparo realizado por un policía bonaerense mató al joven Diego Cagliero mientras circulaba por las calles de Martín Coronado junto a sus amigos en una camioneta. Inicialmente la noticia fue presentada como un tiroteo, una persecución y un operativo cerrojo exitoso, coincidente con la versión policial, acompañada por filmaciones del Centro de Monitoreo de Tres de Febrero. El operativo policial respondió a una denuncia de robo de un supermercado que había sido visitado por el grupo de jóvenes. Los familiares de la víctima lo denunciaron como un caso de gatillo fácil. Ahora una causa judicial reconstruye los hechos y la versión oficial pierde peso.
Las grabaciones difundidas aquellos días muestran el movimiento de policías alrededor de una camioneta pero en ningún momento logran documentar una persecución o un tiroteo. El propio intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, difundió desde su cuenta de Twitter las imágenes de un medio local que recuperaba las filmaciones del sistema de monitoreo. Aún hoy, cuando no se ha logrado demostrar las circunstancias del hecho, esas imágenes se pueden encontrar en el perfil en esa red social del funcionario.
Días después del hecho, se difundieron en varios noticieros las filmaciones del sistema de vigilancia del supermercado donde se inició la denuncia. Estas ofrecen indicios sobre el intento de robo de una bebida alcohólica por parte del grupo de jóvenes. El material es insuficiente como prueba definitiva, pero alcanza para que un sector de la audiencia se vea motivado a ensayar hipótesis.
En febrero de 2016 los portales digitales Infobae, Perfil, La Nación y Clarín publicaron imágenes editadas provenientes de cámaras de seguridad de la agencia Télam. En las notas escritas se sugería el robo de documentación y actitudes sospechosas de gerentes de la entonces gestión saliente. Las escenas circularon también por canales de televisión. Esto motivó el inicio de una causa judicial, que incluyó allanamientos también convertidos en noticias, en la que la dirección de la agencia nunca aportó el material crudo de las filmaciones.
Si bien el caso se cerró dos años después sin que se comprobara ningún delito, las notas con las grabaciones pudieron instalar una sospecha sobre un grupo de personas. No es difícil imaginar el efecto disciplinante del episodio sobre la planta laboral que recibía en ese momento a la nueva dirección en la empresa. La posterior política de despidos masivos en la agencia estatal tampoco da lugar a interpretaciones benignas sobre la intención detrás de la filtración de las imágenes.
TENTACIONES Y RIESGOS. La Defensoría del Público de Servicios Audiovisuales identificó tendencias riesgosas en torno a las fuentes informativas en las noticias policiales. Entre ellas, señala la “utilización de las redes sociales, de los videos captados por cámaras de seguridad o de aquellos provistos por aficionados como fuentes autosuficientes”. Según la guía para el tratamiento periodístico responsable de noticias policiales de este organismo, la utilización de estos materiales requiere la “confrontación con otras fuentes más fidedignas y solo pueden ser validadas como pruebas por autoridades competentes”. Otra recomendación de ese documento plantea “evitar el uso de recursos de enfatización del dramatismo del hecho: repetición excesiva, zoom in de imágenes de violencia, musicalización del material expuesto, narraciones hiperbólicas, descripciones necrófilas y relatos que detallen el horror y sufrimiento de las víctimas”. Se señala que es preciso evitar “la sobrerrepresentación de los hechos que puede llegar a promover intranquilidad social, como así también, en su otro extremo, indolencia social”.
La Defensoría del Público de Servicios Audiovisuales identificó tendencias riesgosas en torno a las fuentes informativas en las noticias policiales. Entre ellas, señala la “utilización de las redes sociales, de los videos captados por cámaras de seguridad o de aquellos provistos por aficionados como fuentes autosuficientes”.
La guía también sugiere “prescindir de la mostración de imágenes y videos de asesinatos, cuerpos agredidos y del uso de planos detalle de los actos de violencia o rastros de sangre”. Un repaso rápido por los casos citados encuentra escasa atención a estas recomendaciones.
Durante la presentación del último monitoreo de la Defensoría del Público, Lucía Ariza, integrante de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, planteaba el siguiente interrogante: “Cabe preguntarse sobre los criterios de noticiabilidad y cómo la disponibilidad de estas imágenes ofrece la posibilidad de tener noticias. Esto es, cómo el hecho de que dispongamos del material, genera que tengamos más noticias y más noticias policiales”. Además, Mariana Liz Rodríguez, de la misma área del organismo, aclaró que “no siempre aparecen identificadas las fuentes de las imágenes que provienen de celulares o cámaras de seguridad”.
Mariana Liz Rodríguez, de la Defensoría del Público, aclaró que “no siempre aparecen identificadas las fuentes de las imágenes que provienen de celulares o cámaras de seguridad”.
En el libro Guerras de Internet, la periodista Natalia Zuazo describe con transparencia el caso de Tigre y su sistema de videovigilancia. Desde 2008, el Centro de Operaciones Tigre no solo debía controlar los movimientos captados por 1.300 cámaras, sino que también debía lograr que las imágenes del sistema lleguen semanalmente a los medios. El caso de Tigre hizo escuela en la alianza entre municipios y productores televisivos. Se teje allí una relación de mutua conveniencia, en la que unos logran publicidad gratuita sobre acciones de gobierno y otros obtienen material para llenar minutos de crónica policial. En la ecuación, el beneficio para las audiencias se mantiene en duda. Y en la larga lista de autocríticas y debates pendientes del periodismo, el modo adecuado y los límites en la utilización de este tipo de materiales debe tener un lugar.
Estas grabaciones parecen ser seductoras y efectivas para periodistas y productores en su afán de conseguir clicks o ganar audiencia. Sin embargo, sin contextualización ni tratamiento crítico, son un material que puede dar lugar a lecturas equivocadas o funcionar como respaldo de prejuicios o sentencias sin fundamentos sobre hechos retratados en forma parcial. La aparente verdad incontrastable (muchas veces son presentadas así) que emana de estas escenas supuestamente arrancadas a la realidad puede hacer que las audiencias pasen por alto ediciones previas, enfoques sesgados, intencionalidades concretas y las consecuencias indeseables de su difusión.