La designación de nuevos magistrados en la provincia de Buenos Aires (uno de los poderes judiciales más grandes de Sudamérica en relación a su volumen de cargos) tendrá modificaciones en el actual sistema con el objetivo de contar con funcionarios más idóneos, en base a su carrera profesional y académica, para dejar en un segundo plano los apoyos de sectores de la política tradicional o del lobby de los colegios de abogados y las asociaciones de magistrados.
Hasta finales de 2018, la designación de un magistrado bonaerense encontraba el primero de sus pasos en la generación de una vacante que podía ser por renuncia, desplazamiento, fallecimiento o jubilación de un funcionario en actividad, o con la creación de nuevos cargos vía la Legislatura bonaerense.
Una vez despejado ese casillero, el Consejo de la Magistratura debe llamar a concurso y dictar la fecha de evaluación. Los aspirantes deben sortear una prueba escrita y, en caso de desaprobarla, pueden pedir la revisión del examen.
Una vez finalizada la etapa evaluatoria, se confecciona la lista de aprobados, a los que se les toma una entrevista personal. Luego se envían los integrantes o preseleccionados de la terna al Ejecutivo provincial, donde se termina de armar la lista final o terna de postulantes. El último paso se da en el Senado bonaerense, donde se da el visto bueno final al nombre designado.
Hasta allí, la parte formal de la historia, pero hay un secreto a voces: el peso de los padrinos políticos. En este tópico entra a tallar el poder de lobby de legisladores, intendentes, colegios de magistrados y de abogados. También las universidades nacionales con sede en la provincia hacen fuerza por alguno de sus “candidatos”.
En este juego sensible de lucha de poderes nadie alza la voz. Se trata de acuerdos teñidos de política que nadie quiere reconocer y, en algunos casos, se nombran outsiders de la maquinaria de poder para cuidar las formas. Ser y parecer, uno de los apotegmas de la “familia judicial”.
Para corregir algunas de esas situaciones, a finales de 2018 se aprobó una ley de reforma en el Consejo de la Magistratura provincial, una de las pocas medidas que efectivamente el gobierno de María Eugenia Vidal pudo llevar a la práctica en su anunciada reforma judicial.
Uno de los aspectos novedosos del nuevo sistema fue copiado del Consejo de la Magistratura Nacional y es la puesta en vigencia de un “orden de mérito” para los postulantes. Este requisito constará de: examen escrito, examen oral, evaluación psíquica y entrevista en el Consejo. A eso se anudarán los antecedentes profesionales, académicos y los relacionados al cargo específico que concursa.
En otra de las exigencias a cumplir los postulantes tienen la obligación de asistir a Escuela Judicial que dicta el Consejo. El curso consta de dos años de actividad académica.
El espíritu de los cambios es la despolitización en la selección de jueces. Desde el oficialismo apuntan a conseguir funcionarios judiciales más idóneos.
Dalton Jáuregui, senador de Cambiemos e integrante del Consejo de la Magistratura, consideró que “este tipo de iniciativas tienen mucha relación con lo que siempre ha sostenido la gobernadora. Cuando hablamos de ‘cambios profundos’ nos referimos a estas decisiones”.
“A menudo, cuando hablamos de selección de magistrados, quizás a la gente le parece muy lejano, y no estamos hablando de pequeñas cosas. Son grandes cambios que hacen a mejorar el servicio de justicia”, sentenció el legislador consultado por Letra P.
La designación de magistrados (en particular jueces y fiscales) está cubierta por un manto de incertidumbre para el gran público en general que mira de costado cómo el poder político de turno nombra funcionarios judiciales sin dar demasiadas explicaciones de sus selecciones.
Los datos del gráfico pertenece a una encuesta de fines de 2018
Los resultados de la imagen de la justicia en la sociedad hablan por sí solos. En el año 2018, varios colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires entrevistaron a sus matriculados y las respuestas fueron tan contundentes como llamativas: el 80% de los abogados no cree en el actual sistema de justicia.
Lo expuesto va en línea con los resultados de recientes encuestas sobre la imagen de la justicia entre la población. Más del 70% considera que en ella radican algunos de los males que golpea a los argentinos, como la corrupción y la impunidad.
