La Corte Suprema de Justicia ya no esconde su cruda interna. Y, como viene ocurriendo, el juez Ricardo Lorenzetti volvió a ningunear el cargo del presidente, Carlos Rosenkrantz, imponiendo junto a sus magistrados aliados, Horario Rosatti y Juan Carlos Maqueda, su plan de tratamiento de fallos desde aquí hasta la feria judicial de julio. En su itinerario de 11 causas a resolver, el ex líder del tribunal introdujo tres expedientes que alteran los nervios de la Casa Rosada. Dos por su alto costo fiscal, vinculados a ajustes previsionales, y otro por su alto costo político: el blanqueo de capitales para familiares de funcionarios, que el presidente Mauricio Macri habilitó por decreto luego de que el propio Congreso los prohibiera expresamente por ley.
En total son 11 los fallos que la Corte dispuso como prioritarios para emitir antes de la feria. En la elección de esos expedientes primó la posición de Lorenzetti, que era atacar carpetas calientes para el Gobierno, por sobre la de Rosenkrantz, que proponía bajar el impacto de la Corte en la política y la economía en un año con elecciones presidenciales.
Según lo publicado en su portal de noticias Centro de Información Judicial (CIJ), la Corte resolverá en los próximos cuatro meses dos causas previsionales. Una, que reclama la aplicación del "Caso Badaro" a un millón de jubilados, lo que significaría un desembolso millonario para el Estado y una complicación para el plan de ajuste trazado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), y otro que reclama la inconstitucionalidad del cobro del impuesto a las ganancias sobre haberes de pasivos.
Si bien no se incorporó a la lista por orden de Rosenkrantz, ya que el expediente aún se encuentra en la Procuración General a la espera de un dictamen, también se decidió dar tratamiento urgente a la presentación del diputado nacional Felipe Solá, contra el decreto presidencial que habilitó a familiares directos de funcionarios públicos a blanquear capitales, algo que la ley de Reparación Histórica prohibía tajantemente.
Otro de los temas en la agenda inmediata de la Corte será la presentación de la UCR contra la enmienda que en La Rioja habilitó la re-reelección del gobernador Sergio Casas. Esa enmienda se constituyó después de una consulta popular, de la que sólo participaron el 44% de los votantes riojanos habilitados.
Entre otros temas, la Corte también prevé definir el pedido de empresas mineras, entre ellas la Barrick Gold, para declarar inconstitucional la Ley de Glaciares; la regulación en la instalación de antenas celulares a partir de un planteo hecho por la Municipalidad del departamento salteño de General Güemes; y la prescripción o no de las acciones civiles vinculadas a víctimas de la última dictadura militar.
El tribunal también tiene previsto en este 2019 realizar audiencias públicas sobre la facultad de los municipios en materia de tasa de inspección de seguridad e higiene y sobre el Fondo Sojero a partir de un reclamo de seis provincias.
