A fines de septiembre, el Gobierno sorprendió con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 669/19) que reduce las indemnizaciones por accidentes laborales y beneficia a las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), pero la Justicia evalúa una suspensión de la medida tras la presentación de un Amparo Colectivo de la agrupación Encuentro de Abogados Independientes.
En rigor, el DNU es un guiño a las ART porque permite que licúen sus deudas debido al paso del tiempo. En cuanto a las indemnizaciones, el decreto reduce el cómputo de los intereses aplicables a las deudas por indemnizaciones derivadas de accidentes laborales. Anteriormente se aplicaba la tasa activa del BNA (actualmente 71%) y ahora se aplica la variación del índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) que en el 2018 no superó el 30%, con tasas similares a las actuales y una inflación del 45 %. Bajo esa lógica, la agrupación que presentó el amparo advierte que "el no pago de las indemnizaciones, favorece a las ART y fomentará una mayor morosidad".
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"A su vez el art. 7° del Código Civil y Comercial de la Nación veda la retroactividad de las leyes cuando son en perjuicio de derechos amparados por la Constitución, y los derechos laborales claramente encuentran protección bajo los arts. 14 y 14 bis de nuestra Carta Magna", sostienen de la agrupación que preside el abogado Juan Pablo Godoy Vélez.
Además, el decreto viola garantías constitucionales porque "no puede vislumbrarse ninguna urgencia por la cual dicha modificación no pueda ser tratada al igual que cualquier otro proyecto de ley". "La celeridad con que se trató la emergencia alimentaria es prueba cabal de que si un tema urge y hay consenso, el Congreso bien puede tratarlo y resolverlo con la premura del caso", cuestionaron desde el Encuentro de Abogados.