Mientras se comienza a delinear un presupuesto 2019 con un fuerte recorte en la obra pública, desde el gobierno de María Eugenia Vidal se insiste en garantizar que aquellos trabajos de infraestructura que ya cuentan con financiamiento internacional, se ejecutarán.
En ese marco, este martes se publicó en el Boletín Oficial la adjudicación de una de las obras más ambiciosas y simbólicas de la administración vidalista: el cuarto tramo de ampliación de la capacidad del Río Salado, que tenía un presupuesto oficial de $4.274 millones pero que, a contramano de la fuerte escalada del dólar que se registra por estos días, fue otorgada por $3.040 millones a la UTE (Unión Transitoria de Empresas) conformada por la local Centro Construcciones S.A y Queiroz Galvão S.A, firma brasileña que se encuentra envuelta en el Lava Jato, la mega causa de corrupción con epicentro en Brasil pero con fuerte eco en diversos países de América Latina en torno a las contrataciones de obra pública.
Por esta causa y sus ramificaciones, tres ejecutivos del Grupo Galvão, que nuclea a la constructora Queiroz Galvão, fueron condenados a prisión por la Justicia brasileña. Uno de ellos, el ex presidente de la empresa Dario Queiroz Galvão Filho fue condenado a 20 años y seis meses de prisión por lavado de dinero y corrupción activa.
En tanto, en diciembre pasado, se abrió una investigación para desmantelar un cartel de constructoras sospechado de distribuirse varias de las licitaciones de los últimos 16 años para la construcción de metros en ocho estados brasileños. Según detalló Ámbito, la investigación fue abierta con base en la confesión hecha por la constructora Camargo Correa que admitió su participación en el cartel de empresas que corrompió al menos 21 contratos para la construcción de líneas de metro y de monorraíl en diferentes ciudades. Los ejecutivos de Camargo Correa dijeron que el cartel actuó en al menos 21 licitaciones públicas entre 1998 y 2014 y que involucró a 9 de las mayores constructoras de Brasil, entre ellas Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS y Queiroz Galvao.
twitter_tweet
En junio pasado, según informó el medio brasilero O Globo, la última denuncia del grupo de trabajo de la Lavajato en Río reveló el supuesto pago de coima para Queiroz Galvão en relación a tres obras financiadas con recursos federales del Programa de Aceleración del Crecimiento.
Volviendo a la presente adjudicación en la esfera bonaerense, y más allá de esta cuestión que involucra a la firma brasileña, el Banco de Reconstrucción y Fomento (una de las cinco instituciones que integran el Grupo del Banco Mundial, que financia la obra) "ha prestado su no objeción al Informe sobre la Evaluación de las Ofertas y Recomendación para la adjudicación del Contrato elevado por la Comisión Evaluadora de Ofertas", según se detalla en la resolución publicada este martes.
No se trata de la primera obra que obtiene esta UTE. Ya habían realizado el Metrobús de La Matanza, que tuvo un presupuesto inicial de US$ 137 millones pero que tuvo un costo final de US$ 197 millones, también con buena parte del financiamiento proveniente del Banco Mundial. En tanto, éste tándem se anotó en la compulsa para la realización de la obra más significativa de la Era Vidal: el acueducto Bahía Blanca-Río Colorado, donde ofertó $4.646 millones.
twitter_tweet
Los trabajos adjudicados en la Cuenca del Río Salado abarcan los distritos de Roque Pérez, San Miguel del Monte y Lobos, y tienen un plazo de ejecución de tres años. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos en materia hidráulica de la actual gestión que fijó como uno de sus principales cometidos avanzar en obras que eviten las constantes inundaciones en diversos puntos del territorio bonaerense.
Sin embargo, voces con conocimiento en el tema consultadas por este medio miran de reojo la posibilidad de que los trabajos se desarrollen en tiempo y forma, en un contexto de incesante escalada del dólar en el que se tendrá que desarrollar una obra adjudicada en más de mil millones de pesos menos de su presupuesto inicial. Asimismo, no se deja de mencionar
El primer desembolso se dará durante el presente ejercicio y será por $380 millones, mientras que el monto total se completará en tres diferidos, el primero por $600 millones, el segundo por $1.360 millones y un tercero por $700 millones.
En un largo proceso licitatorio que se extendió por más de un año, la UTE Queiroz Galvão-Centro Construcciones se impuso a otras siete ofertas, entre las que se encontraban viejos jugadores de la obra pública como Roggio, Supercemento y hasta Caputo SAICF (firma que hasta enero último era propiedad de Nicolás Caputo), Helport, de Eduardo Eurnekian, entre otros.