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El expresidente salvadoreño Elías Saca fue condenado a diez años de prisión. Al ser un dirigente conservador, la teoría de la persecución no cuadra. ¿Hay una política de Estado de EEUU anticorrupción?
Por 15/09/2018 1:50

La ola anticorrupción en América Latina llevó a la cárcel a otro expresidente. El turno fue ahora de Elías Antonio Saca, quien gobernó El Salvador entre 2004 y 2009 en representación de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y fue condenado a diez años de cárcel por el desvío y lavado de más de 300 millones de dólares. Además, deberá pagar al Estado 260 millones de dólares en concepto de multas. El formato del proceso fue el llamado “juicio abreviado”, por el cual, a cambio de reducir la pena, el acusado reconoce los delitos por los que se lo acusa y no tiene instancia de apelación.

Su sucesor, el centroizquierdista Mauricio Funes (2009-2014), también está acusado de delitos de corrupción y se encuentra exiliado en Nicaragua, protegido allí por el gobierno de Daniel Ortega, mientras que su predecesor, Francisco Flores (1999-2004) fue bajo la enjuiciada tipificación, pero no llegó a cumplir la pena porque falleció. Saca es el primer ex presidente salvadoreño que irá a la cárcel por corrupción.

El hecho de que tanto ex mandatarios de “derecha” como de “izquierda” hayan sido condenados pone en duda la teoría que pregonan los líderes populistas como Luiz Inácio Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner o Rafael Correa entre otros, de que hay una persecución política a nivel continental  por sus ideas y reafirma la posición de aquellos que creen que hay algo más complejo detrás de esta “ola de moralidad” en la región, que se relaciona con la guerra comercial entre EE.UU y China.

Como mencionábamos en un artículo anterior en referencia a Guatemala, resulta difícil imaginar que algo con la magnitud de la detención de un ex presidente se de en El Salvador sin, como mínimo, cierto guiño de EE. UU., que ve a Centroamérica en términos geopolíticos como su zona de influencia.

Además, en este caso de que se trata de un líder político del partido ARENA, histórico aliado de los norteamericanos y rival feroz en la década del 80 del siglo pasado de la guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN).

Desde los acuerdos de paz de 1992 –auspiciados por la ONU-, ARENA y FMLN conviven con tensión, pero sin violencia explícita bajo el formato democrático e incluso, aunque en una versión moderada, el FMLN viene gobernando en los últimos dos períodos. El actual presidente, Salvador Sánchez Cerén, pertenece a esa formación.

Durante el juicio, se concluyó que el ex presidente Saca se apropió de fondos públicos en beneficio propio y de terceros, entre ellos, el desvío de más de 7 millones de dólares para su ahora ex partido ARENA (oportunamente fue expulsado), el pago a proveedores y salarios irregulares a funcionarios.

Otros miembros de su gobierno también fueron condenados por delitos de corrupción, con penas de entre 5 a 16 años de cárcel. Entre ellos, figuran el ex colaborador de la Presidencia Pablo Gómez y los ex secretarios de Comunicaciones y de Juventud.

 

 

¿Puede "Tony" Saca decir que es un perseguido político, como por ejemplo hace Funes, refugiado en Nicaragua? Difícil y, de hecho, termino aceptando su culpabilidad. ¿No hay entonces una conspiración de EE.UU detrás de este avance judicial anticorrupción?. Más que en una conspiración y una cuestión ideológica, vale la pena evaluar estos episodios como parte formal de la política exterior norteamericana. 

Días atrás, el académico, Juan Gabriel Tokatlian, experto de  la Universidad Di Tella, señaló en una entrevista en el canal La Nación + que los documentos oficiales muestran que es una política pública del Departamento de Estado de Estados Unidos “colaborar” con la Justicia en la región para desplazar comercialmente a China que, creen, se beneficiaría de las históricas prácticas corruptas de los estados latinoamericanos en detrimento de las empresas estadounidenses, limitadas en ese aspecto por las reglas de funcionamiento de su país.

En este sentido, al caso de El Salvador, podríamos sumar el de Guatemala, donde el expresidente conservador Otto Pérez Molina fue destituido y encarcelado acusado de corrupción y el caso de Perú donde el presidente pro mercado, Pedro Pablo Kuczynski fue destituido por su involucramiento en la trama de Odebrecht. En ambos casos, se trata de líderes políticos que podríamos llamar de "derecha" y cercanos ideológicamente a EE.UU. 

Ya hemos contado en Letra P cómo los periodistas Carlos Pagni y Horacio Verbitsky escribieron oportunamente que el caso de los “cuadernos” en Argentina podría tener insumos norteamericanos, con el objetivo de desplazar a China de los negocios en nuestro país. Recordemos que China tiene vigente el contrato de construcción de las represas en Santa Cruz y una base aeroespacial en Neuquén, cerca del yacimiento de Vaca Muerta. en la zona, EE.UU. está construyendo una base de ayuda humanitaria dirigida por su Departamento de Defensa.

¿Hay más? Sí, en diálogo con el diario Clarín, el subsecretario adjunto de Defensa del gobierno norteamericano, Sergio de la Peña,  dijo que “Estados Unidos busca que China opere con transparencia en la región latinoamericana” y agregó: “Pensamos que esa transparencia no es tan fácil para conseguir contratos con los chinos”.

 

 

En tren de pensar el entramado de esta “ola”, más que evaluar teorías conspirativas podríamos hacer un paralelo con las prácticas represivas instrumentadas por las dictaduras militares en la región en la década del 70 bajo el auspicio y, en algunos casos, el asesoramiento de EE.UU.

A partir de la década del 80, cuando en la región emergieron los gobiernos democráticos, estos en mayor o menor medida buscaron enjuiciar a los militares que habían participado de la represión pero no encontraron en EE. UU el respaldo que creían podían tener después de haber sido aliados firmes en el marco de la Guerra Fría.

El escenario había cambiado y las estrategias norteamericanas para la región, consecuentemente también lo habían hecho. La mirada tolerante o desinteresada hacia con la corrupción estatal pudo haber sido útil en algún momento y hoy podría haber dejado de serlo. Lo permanente son los intereses.

 

 

 

 

Otro ex presidente preso por corrupción en la región, ahora en El Salvador

El expresidente salvadoreño Elías Saca fue condenado a diez años de prisión. Al ser un dirigente conservador, la teoría de la persecución no cuadra. ¿Hay una política de Estado de EEUU anticorrupción?

La ola anticorrupción en América Latina llevó a la cárcel a otro expresidente. El turno fue ahora de Elías Antonio Saca, quien gobernó El Salvador entre 2004 y 2009 en representación de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y fue condenado a diez años de cárcel por el desvío y lavado de más de 300 millones de dólares. Además, deberá pagar al Estado 260 millones de dólares en concepto de multas. El formato del proceso fue el llamado “juicio abreviado”, por el cual, a cambio de reducir la pena, el acusado reconoce los delitos por los que se lo acusa y no tiene instancia de apelación.

Su sucesor, el centroizquierdista Mauricio Funes (2009-2014), también está acusado de delitos de corrupción y se encuentra exiliado en Nicaragua, protegido allí por el gobierno de Daniel Ortega, mientras que su predecesor, Francisco Flores (1999-2004) fue bajo la enjuiciada tipificación, pero no llegó a cumplir la pena porque falleció. Saca es el primer ex presidente salvadoreño que irá a la cárcel por corrupción.

El hecho de que tanto ex mandatarios de “derecha” como de “izquierda” hayan sido condenados pone en duda la teoría que pregonan los líderes populistas como Luiz Inácio Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner o Rafael Correa entre otros, de que hay una persecución política a nivel continental  por sus ideas y reafirma la posición de aquellos que creen que hay algo más complejo detrás de esta “ola de moralidad” en la región, que se relaciona con la guerra comercial entre EE.UU y China.

Como mencionábamos en un artículo anterior en referencia a Guatemala, resulta difícil imaginar que algo con la magnitud de la detención de un ex presidente se de en El Salvador sin, como mínimo, cierto guiño de EE. UU., que ve a Centroamérica en términos geopolíticos como su zona de influencia.

Además, en este caso de que se trata de un líder político del partido ARENA, histórico aliado de los norteamericanos y rival feroz en la década del 80 del siglo pasado de la guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN).

Desde los acuerdos de paz de 1992 –auspiciados por la ONU-, ARENA y FMLN conviven con tensión, pero sin violencia explícita bajo el formato democrático e incluso, aunque en una versión moderada, el FMLN viene gobernando en los últimos dos períodos. El actual presidente, Salvador Sánchez Cerén, pertenece a esa formación.

Durante el juicio, se concluyó que el ex presidente Saca se apropió de fondos públicos en beneficio propio y de terceros, entre ellos, el desvío de más de 7 millones de dólares para su ahora ex partido ARENA (oportunamente fue expulsado), el pago a proveedores y salarios irregulares a funcionarios.

Otros miembros de su gobierno también fueron condenados por delitos de corrupción, con penas de entre 5 a 16 años de cárcel. Entre ellos, figuran el ex colaborador de la Presidencia Pablo Gómez y los ex secretarios de Comunicaciones y de Juventud.

 

 

¿Puede "Tony" Saca decir que es un perseguido político, como por ejemplo hace Funes, refugiado en Nicaragua? Difícil y, de hecho, termino aceptando su culpabilidad. ¿No hay entonces una conspiración de EE.UU detrás de este avance judicial anticorrupción?. Más que en una conspiración y una cuestión ideológica, vale la pena evaluar estos episodios como parte formal de la política exterior norteamericana. 

Días atrás, el académico, Juan Gabriel Tokatlian, experto de  la Universidad Di Tella, señaló en una entrevista en el canal La Nación + que los documentos oficiales muestran que es una política pública del Departamento de Estado de Estados Unidos “colaborar” con la Justicia en la región para desplazar comercialmente a China que, creen, se beneficiaría de las históricas prácticas corruptas de los estados latinoamericanos en detrimento de las empresas estadounidenses, limitadas en ese aspecto por las reglas de funcionamiento de su país.

En este sentido, al caso de El Salvador, podríamos sumar el de Guatemala, donde el expresidente conservador Otto Pérez Molina fue destituido y encarcelado acusado de corrupción y el caso de Perú donde el presidente pro mercado, Pedro Pablo Kuczynski fue destituido por su involucramiento en la trama de Odebrecht. En ambos casos, se trata de líderes políticos que podríamos llamar de "derecha" y cercanos ideológicamente a EE.UU. 

Ya hemos contado en Letra P cómo los periodistas Carlos Pagni y Horacio Verbitsky escribieron oportunamente que el caso de los “cuadernos” en Argentina podría tener insumos norteamericanos, con el objetivo de desplazar a China de los negocios en nuestro país. Recordemos que China tiene vigente el contrato de construcción de las represas en Santa Cruz y una base aeroespacial en Neuquén, cerca del yacimiento de Vaca Muerta. en la zona, EE.UU. está construyendo una base de ayuda humanitaria dirigida por su Departamento de Defensa.

¿Hay más? Sí, en diálogo con el diario Clarín, el subsecretario adjunto de Defensa del gobierno norteamericano, Sergio de la Peña,  dijo que “Estados Unidos busca que China opere con transparencia en la región latinoamericana” y agregó: “Pensamos que esa transparencia no es tan fácil para conseguir contratos con los chinos”.

 

 

En tren de pensar el entramado de esta “ola”, más que evaluar teorías conspirativas podríamos hacer un paralelo con las prácticas represivas instrumentadas por las dictaduras militares en la región en la década del 70 bajo el auspicio y, en algunos casos, el asesoramiento de EE.UU.

A partir de la década del 80, cuando en la región emergieron los gobiernos democráticos, estos en mayor o menor medida buscaron enjuiciar a los militares que habían participado de la represión pero no encontraron en EE. UU el respaldo que creían podían tener después de haber sido aliados firmes en el marco de la Guerra Fría.

El escenario había cambiado y las estrategias norteamericanas para la región, consecuentemente también lo habían hecho. La mirada tolerante o desinteresada hacia con la corrupción estatal pudo haber sido útil en algún momento y hoy podría haber dejado de serlo. Lo permanente son los intereses.