Desde este sábado, los 200 centros de diálisis privados diseminados en toda la Argentina no brindarán más atención a pacientes carenciados pertenecientes al programa federal (Profe) denominado Incluir Salud, a raíz de una deuda que mantiene el Estado nacional, por más de 250 millones de pesos, por el servicio que prestan.
Así lo anticipó la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra), debido a la falta de respuestas ante los reiterados reclamos de pago. La medida afecta a más de 1.500 pacientes sin recursos.
En sendas cartas documento enviadas al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Santiago Ibarzabal y al responsable del Profe, Pablo Atchabahian, los directivos de Cadra le piden una solución inmediata “para evitar consecuencias no deseadas”.
El presidente de la Cadra, Darío Zapata, aseguró que el desfinanciamiento que hoy sufren los centros de diálisis del país, se debe, entre otros motivos a la “insuficiencia del valor del módulo, el desfasaje de los costos de los materiales, el incremento de los honorarios profesionales y sueldos y la demora en el pago de las prestaciones”.