El Gobierno de La Pampa presentó este jueves un estudio técnico en la reunión del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), en el que puso de manifiesto los daños que ocasionaría la construcción de la represa de Portezuelo del Viento tal como la planea el Proyecto Ejecutivo de Mendoza, y exigió a la provincia vecina que ratifique por nota su intención de no trasvasar aguas del río Grande a la cuenca del Atuel. El encuentro, que tuvo lugar en la sede del Consejo Hídrico Federal (Cohife), y contó con la participación de representantes de las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Mendoza, fue el escenario en que un funcionario del gobernador Carlos Verna puso en duda el futuro de la megaobra que enemistó a pampeanos con mendocinos.
"Hay noticias a nivel nacional de la suspensión de la licitación de la obra de la represa Chihuido I por falta de fondos, por un desacuerdo del FMI en tal sentido. La pregunta que cabe hacernos es si Portezuelo será la próxima obra que el Estado Nacional deberá paralizar por falta de fondos", advirtió el procurador General de La Pampa, Hernán Pérez Araujo y desató la polémica desde la delegación pampeana, que estuvo encabezada por el secretario de Recursos Hídricos provincial, Javier Schlegel; el representante de La Pampa ante el COIRCO, Juan Greco; y los técnicos José Gobbi, de la Universidad Nacional de La Pampa; y Santiago Reyna, de la Universidad Nacional de Córdoba, a cargo del estudio pampeano.
Uno de los puntos destacados del informe “Aprovechamiento integral del río Grande. Presa y central hidroeléctrica Portezuelo del Viento”, elaborado por Reyna, cuestiona el trasvase de aguas de la cuenca del Colorado al Atuel. “Mendoza insiste en que la obra a licitar por el Estado nacional referida a Portezuelo del Viento no implica el trasvase del río Grande al Atuel. Esto es un contrasentido en relación a lo que ellos manifiestan en el comité de cuenca del Atuel, en la CIAI, donde han planteado ese trasvase como la obra principal para lograr la solución definitiva del conflicto”, explicó Pérez Araujo, quien agregó: “La Pampa insiste a que Mendoza se comprometa a través de una nota y ratifique otra nota que el gobernador Jaque presentara en 2011 ante este organismo manifestando que la obra solo implicaba la presa y no el trasvase. En este punto las provincias de Río Negro y Buenos Aires manifestaron, una vez más, su acuerdo con La Pampa”.
La Provincia se opone firmemente al trasvase de aguas del río Grande a la cuenca del Atuel. En ese sentido, el mes pasado el gobernador Carlos Verna promulgó la Ley N° 3075/18 que prohíbe todo trasvase y/o exportación de caudales del cupo establecido para La Pampa en el marco del Estatuto y Programa Único de distribución de caudales del COIRCO a otras cuencas hídricas.
Otros cuestionamientos planteados por Reyna en su informe corresponden a la capacidad de generación que tendría Portezuelo del Viento –según el experto sería de apenas un tercio de los 210 megavatios que proyecta Mendoza-, y la creación de nuevas zonas de riego en los Departamentos de San Rafael, Malargüe y General Alvear, lo que representa una amenaza para las provincias río abajo.
Recorte. Como parte del ajuste presupuestario acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno Nacional dio marcha atrás con la licitación de la represa Chihuido I, que se iba a construir en Neuquén con una inversión de 1.600 millones de dólares. Esto enciende luces amarillas sobre la suerte que podría correr Portezuelo del Viento. “Hoy hay noticias a nivel nacional de la suspensión de la licitación de la obra de la represa Chihuido I por falta de fondos, por un desacuerdo del FMI en tal sentido. La pregunta que cabe hacernos es si Portezuelo será la próxima obra que el Estado Nacional deberá paralizar por falta de fondos y por entender no prioritario un endeudamiento para la concreción de este tipo de obras. En ese sentido nosotros venimos manifestando desde hace tiempo que hablar de una obra como Portezuelo del Viento, con un costo que supera los 1.000 millones de dólares, es un contrasentido que no se entiende por los costos/beneficios que va a generar”, afirmó Pérez Araujo.
Institucional. Por otra parte, la delegación pampeana reclamó al Gobierno Nacional que designe un nuevo representante en el Comité Ejecutivo. “La Pampa solicitó en carácter de urgente al Estado nacional que designe a su representante. Con la renuncia del Ingeniero Collado en el mes de marzo el COIRCO quedó acéfalo ya que el representante del Estado Nacional es el presidente. Hoy estamos sin presidente, haciendo uso de la presidencia el vicepresidente. Entendemos que esta situación está contemplada en el estatuto para situaciones de emergencia, pero es transitoria. Esto se está dilatando en el tiempo y el Estado nacional no nombra a su presidente, esto atenta contra la institucionalidad del COIRCO”, se quejó el procurador pampeano.