Judiciales

El ex ministro de Salud de Scioli apeló el millonario embargo en su contra

La defensa de Alejandro Collia sostuvo que se trata de una medida “desproporcionada” e hizo reserva para llegar hasta la Corte nacional.

El ex ministro de Salud bonaerense, Alejandro Collia, apeló el millonario embargo dictado en su contra en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras para la construcción de Unidades de Pronta Atención (UPA) en varios municipios de la provincia de Buenos Aires, durante la gestión del multiprocesado ex gobernador, Daniel Scioli.

 

Collia y Scioli, junto al empresario Ricardo Estanislao Miller fueron procesados por varios delitos y por orden judicial (aun no firme) la justicia Penal de La Plata ordenó una inhibición general de bienes, superior a los 189 millones de pesos.

 

Según la documentación oficial a la que accedió Letra P, el abogado Flavio Gliemmo expresó su malestar por entender que la acusación que pesa sobre Collia no es clara, ya que posee una “fundamentación aparente, genérica e insuficiente” al tiempo que “resulta también contradictoria” y “no analiza la imputación que se le hace” al ex funcionario provincial.

 

Para la defensa, el embargo es una medida cautelar “absolutamente desproporcionada, injustificada e ilegal, que a su vez causa” un perjuicio de imposible reparación posterior.

 

 

 

En la resolución dictada por la jueza de garantías, Marcela Garmendia, se sostiene que “la responsabilidad es solidaria”.

 

Para la defensa, esa mención de solidaridad “no hace más que adelantar una opinión disvaliosa” para Collia “y en consecuencia cercenar su derecho a defensa en juicio y violar el debido proceso legal en una investigación penal que recién se inicia” ya que la indagatoria se realizó el día 2 de mayo.

 

 

 

Además el letrado expresó en el escrito que en la resolución de la jueza “no se dice ni en qué se benefició” el ex ministro de Salud bonaerense “o en qué perjudicó” a las arcas públicas “pues nada surge” de la acusación del fiscal.

 

En la apelación se deja planteado que la resolución tergiversa los términos “irregularidad” con “ilegalidad” y así “parte de una premisa falsa que lleva a una conclusión falsa”.

 

 

 

“No puede someterse una cuestión netamente administrativa en la órbita del derecho penal. No puede suplir la justicia penal la función de los organismos de contralor y control de la Constitución” bonaerense.

 

En su declaración indagatoria, el actual secretario de Salud del municipio kirchnerista de La Matanza, sostuvo que todo el proceso de llamado a concurso, licitación y pago de obras fue controlado por la Fiscalía de Estado (a cargo del radical Hernán Gómez), por la secretaría Legal y Técnica (entonces a cargo del actual ministro de Justicia vidalista, Gustavo Ferrari) y por el Tribunal de Cuentas. Según el acusado, ninguno de estos organismos hizo objeciones.

 

 

 

“Este análisis de la supuesta ‘irregularidad’ en todo caso se debió hacer en el ámbito de un proceso sumarial por parte del Tribunal de Cuentas provincial como cargo por la adjudicación ‘irregular’ de una licitación, cuestión que no hizo, pues obviamente no fue irregular” concluyó el defensor.

 

Sobre el cierre del escrito, la defensa hizo reserva para llevar el caso a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

 

Cabe recordar que el 30 de mayo pasado, la defensa de Scioli también apeló el embargo, tal como informó ese día, este medio.

 

Ahora resta la defensa del empresario Miller, supuesto testaferro del ex gobernador Scioli. Una vez que terminen las presentaciones, la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata estará en condiciones de resolver los planteos.

 

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