La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) puso de manifiesto su rechazo al proyecto de ley que impulsa el gobierno de María Eugenia Vidal y que busca reformar el fuero de responsabilidad penal juvenil. “La reforma, sin consulta a referentes del tema y basada en datos desactualizados y parciales, representa intereses corporativos de jueces y fiscales y constituye un grave retroceso en los derechos y garantías procesales de los jóvenes”, apuntaron luego de que la mandataria bonaerense también anunciara la realización de una cárcel para jóvenes de entre 18 y 21 años.
“La reforma del sistema de responsabilidad penal juvenil, que promueve el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, no soluciona nada y significa una profundización del sesgo represivo”, alertaron en el organismo de Derechos Humanos durante una conferencia de prensa en la que participaron la Madre de Plaza de Mayo—Línea Fundadora e integrante de la CPM, Nora Cortiñas, el padre Pepe di Paola, Roberto Cipriano García, Sandra Raggio y el defensor penal juvenil e integrante del foro provincial de la niñez, Ricardo Berenguer.
“Los niños y jóvenes nunca son escuchados, son perseguidos y castigados. Para este sistema, esos pibes son delincuentes, mientras tanto no se respetan los pactos ni convenciones que garantizan sus derechos”, señaló Cortiñas.
Por su parte, el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García, señaló los puntos centrales de la reforma que atentan contra los derechos y garantías de niños, niñas y jóvenes, y que consolidan la perspectiva punitivista de este proyecto de ley: el uso desmedido de los juicios abreviados que se han convertido en un mecanismo extorsivo, el uso desmedido de la prisión preventiva y la extensión de los plazos de reclusión sin orden judicial al extender los plazos de libramiento de la orden detención de 12 a 18 horas y la falta de control sobre la ejecución de la sentencia, desconociendo las graves violaciones a los derechos humanos que padecen los jóvenes durante su encierro.
“Es una reforma regresiva que no viene a traer ninguna solución. Viene a vulnerar más a los niños y jóvenes que ya están en situación de riesgo. Al mismo tiempo, el sistema de promoción y protección de derechos que debe crecer para proteger a esos jóvenes vulnerables se desfinancia. Si esos derechos se garantizaran, el sistema de responsabilidad juvenil estaría mucho menos presente”, resumió García.
