DETALLES DEL PROYECTO

Financiamiento político: el Gobierno busca aprobar la ley antes de fin de año

La vicepresidenta Michetti se reunió con políticos y empresarios de una ONG que aportó nueve puntos que coinciden con la iniciativa en la que trabaja el Ejecutivo. Entrará en mayo al Congreso.

La idea oficial de avanzar en una nueva ley de financiamiento de campañas y partidos políticos empezó a dar pasos concretos. En el marco de la iniciativa del Ejecutivo que prevé cambios al esquema actual, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, junto al secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, encabezaron un acto donde el Grupo de Integridad y Transparencia (GIT) de la Fundación Red de Acción Política (RAP), presentó al Gobierno el documento con los consensos básicos alcanzados en materia de financiamiento de la política, elaborado por dirigentes de todo el arco político y empresarios, a excepción del kirchnerismo y la izquierda. Lo que llevaron los empresarios y políticos fue una presentación que consta de nueve puntos, entre los que figuran eliminar el manejo de dinero en efectivo, incrementar las sanciones, controlar los tiempos de las campañas y regular la pauta oficial, entre otros ítems.

 

"Ojalá que podamos empezar a discutirlo en mayo", dijo a Letra P Pérez, a la salida del acto. 

 

Según fuentes que participaron del encuentro, la idea aportada por RAP “coincide en un 95% con el proyecto del Gobierno”, por lo cual se sumarán algunas cuestiones para poner la iniciativa en el Congreso durante el mes de mayo. Será “un proyecto de consenso con la oposición, discutida”, y la idea es aprobarlo antes de fin de año, considerando que este tipo de iniciativas debe tratarse en años no electorales.

 

De la reunión, -desarrollada en el Salón de los Escudos de Casa Rosada- participaron el senador nacional por Cambiemos, Federico Pinedo; la exdiputada nacional del Partido Socialista, Alicia Ciciliani; el diputado nacional por el Partido Justicialista, Martín Llaryora; el diputado nacional de Cambiemos, Luis Petri; la vicepresidenta de RAP, Lucrecia Lacroze; la directora Ejecutiva de RAP, Paula Montoya; y los empresarios Miguel Blanco (Swiss Medical), Luis Bameule (Quickfood), Ignacio Lartirigoyen (Agro), Juan Pablo Bagó (Laboratorios), Raúl Seoane (Banco Galicia) y Alejandro Gorodisch (Farmacity).

 

 

Hoy existe una ley nacional, del año 2007, que será reemplazada. Pero el problema es que muchas provincias no tienen marco normativo y los técnicos entienden que el dinero negro de la política se ingresa por esos lugares. “Desde el Gobierno buscamos que haya más transparencia y control en los aportes privados a las campañas electorales, y en este sentido terminar con el financiamiento en negro y que se haga rendición de cuentas en tiempo real es fundamental en este proceso que estamos impulsando”, señaló Pérez.

 

Por su parte, Alan Clutterbuck, presidente de la Fundación RAP señaló que: “El proceso encarado tiene la característica distintiva de ser un trabajo conjunto de políticos y empresarios que buscan impulsar mayor integridad y transparencia, que han logrado llegar a consensos sobre una serie de propuestas de mejora del financiamiento político del país, y que proponen que las mismas sean discutidas en el Congreso de la Nación en el transcurso del presente año”.

 

El documento presentado por la Fundación RAP, al que adhirieron 149 políticos de diferentes partidos -y, a su vez, miembros de RAP-, plantea que el sistema de financiamiento de las campañas electorales y de los partidos políticos es un tema clave para la integridad electoral y la calidad de la democracia.

 

En este sentido propone líneas de acción para enfrentar las debilidades del sistema de financiamiento actual, tales como: poner en marcha un mecanismo en línea de declaración y monitoreo de aportes, tanto para las actividades partidarias como de campañas electorales; prohibir los aportes en efectivo -excepto las pequeñas donaciones- con el objetivo de promover la bancarización de los aportes para mejorar los niveles de control del dinero que circula en la política; aumentar la cantidad de auditores a cargo de la fiscalización de gastos de campaña; establecer mayores sanciones para los partidos o personas que reciban aportes del crimen organizado; entre otras propuestas.

 

EL ALA PRIVADA. Clutterbuck descartó incompatibilidades entre lo privado del RAP, vinculado al lobby, y la participación en el diseño de políticas públicas. "No hay incompatibilidad. Nosotros no asesoramos políticos, lo que hacemos es generar una plataforma para dialogar.  Somos facilitadores de espacios de diálogo y facilitadores de espacios entre la política y sectores empresarios y de la sociedad", detalló.

 

Por otro lado, también explicó cómo se financia la RAP: "Tenemos un esquema que planteamos en 2003 con tres grandes pilares filosóficos: primero tener una amplia gama de donantes, para evitar el riesgo financiero, pero también para que no haya ninguna empresa con capacidad de influenciarnos y tener libertad de decidir que queremos hacer, entonces hoy ningún donante representa más del 5 por ciento de nuestros ingresos. El 95 por ciento de financiamiento es de empresas de distintas rubros, que van desde empresas grandes argentinas como Arcor y Techint, hasta empresas multinacionales como Coca cola, empresas cordobesas muy grandes, muy diverso y amplio".

 

José Emilio Neder, senador Santiago del Estero.
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