Tras el fallo por 6 a 5 del Tribunal Supremo que rechazó en la madrugada de este jueves el pedido de habeas corpus de la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, el destino inmediato del ex presidente de Brasil no es otro que la cárcel. Así lo reconoció en diálogo con Letra P, con notoria resignación, una fuente que es parte de los procesos que involucran al líder de la izquierda brasileña.
El próximo martes 10 vence el plazo para que los abogados de Lula presenten un recurso de última instancia, el llamado “embargo de los embargos”, una instancia de alcances meramente explicativos que, en un primer intento (“embargo de declaración”), ya fue rechazada de manera unánime por el tribunal de segunda instancia que lo condenó a 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. No hay en ese intento ningún futuro diferente.
Este mismo jueves un grupo de abogados presentó un nuevo recurso contra defectos de forma que dicen haber detectado en la reunión del Supremo, en la que algunos magistrados trataron el habeas corpus (una medida cautelar) mientras que otros fallaron en función de la cuestión de fondo, esto es la constitucionalidad de que los condenados en segunda instancia comiencen a purgar sus penas antes de que exista sentencia firme. Sostienen que esa jurisprudencia adoptada por el STF en 2016 es violatoria de la Constitución por vulnerar la presunción de inocencia consagrada en el artículo 5, inciso LVII de la misma. Lo curioso es que muchos de quienes defienden la prisión en segunda instancia como un avance necesario contra la corrupción, aceptan que la carta magna es clara al imponer lo contrario: el agotamiento de todas las apelaciones antes de la ejecución de una sentencia. Solo que explican que la Constitución “está equivocada”, tal como se escuchó en un foro de magistrados realizado a fines de marzo en el Instituto Fernando Henrique Cardoso.
Pero tampoco eso tiene destino. “Lula puede ir a la cárcel la semana que viene o incluso antes”, dijeron al ser consultados por este medio. Portales brasileños, en tanto, afirmaban que el juez federal Sérgio Moro podría emitir la orden de arresto el mismo martes 10 y que ya se alista para esa eventualidad una celda individual en la ciudad de Curitiba.
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Pese a lo anterior, el principal ícono de la izquierda continental no debería estar preso mucho tiempo; acaso solo el necesario como para que no pueda competir por la Presidencia en las elecciones de octubre.
La certeza entre los abogados de Lula, según pudo averiguar Letra P, es que su encarcelamiento dure “al menos un mes y posiblemente algunos meses”, plazo que llevará imponer en la pauta de temas que tratará el Supremo la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad del cumplimiento de sentencias sin que haya cosa juzgada.
La actual titular del STF, Cármen Lúcia Antunes, se niega a introducir el asunto en la agenda del alto tribunal y, si bien cualquiera de los magistrados puede pedir su tratamiento, es poco probable que alguno lo haga tras el fracaso de un habeas corpus que ella tampoco quería tratar pero que le impusieron. La madre de todas las batallas, esa que debería esperar “al menos un mes y posiblemente algunos meses” y para la que ya están planteadas dos “acciones de constitucionalidad” llegará por la razón, si la presión de parte del Supremo y de medio Brasil se hace insostenible, o por la fuerza, cuando, en septiembre, Cármen Lúcia entregue la Presidencia, y con ella la potestad de definir el temario, a Dias Toffoli, un juez “lulista”.
¿Qué pasará entonces? Lo ocurrido en el pleno del Supremo del último miércoles y madrugada de este jueves sugiere que Lula podría recuperar la libertad cuando se trate la cuestión de fondo.
La magistrada que emitió el voto crucial contra el habeas corpus, Rosa Weber, adoptó un criterio extraño. Ella, que en 2016 consideró que la prisión anticipada violaba la garantía básica de la presunción de inocencia, dijo que rechazaría la cautelar para “acompañar a la mayoría de este cuerpo colegiado” y dar así “seguridad jurídica” a los brasileños. Sin embargo, se reservó volver a su posición original justamente cuando se trate la cuestión de fondo. ¿Más claro? Más allá de que hayan cometido mil fechorías, Lula y muchos otros no deberían ser privados de la libertad todavía pero… ¡marche preso!
Más allá de eso, lo dicho por la ministra indica que la mayoría mínima a la que acaba de contribuir se transformaría en el futuro en una igualmente estrecha pero inversa que permitiría la puesta en libertad de Lula y otros políticos condenados por corrupción que cumplen condena anticipada.
Más allá de las innumerables citas y del lenguaje técnico con el que pareció exagerar en una reunión transmitida a todo Brasil en directo, Weber dijo, pasando todo en limpio, que votaba a sabiendas de que lesionaba algo que considera un derecho constitucional básico.
En el entorno jurídico de Lula le dijeron a Letra P que adjudican esa actitud curiosa más a las presiones que el STF enfrentó en los últimos días de parte de un sector amplio de la sociedad, de los medios más grandes y de un amplio abanico de jueces y fiscales, empeñados en que la gestualidad de la entrada de Lula a la cárcel constituya un gesto contundente de lucha contra la corrupción y la impunidad. No creen, en cambio, que haya sido decisiva la amenaza cuasigolpista que, vía Twitter, lanzó el jefe del Ejército, general Eduardo Villas Bôas, quien dijo interpretar el sentimiento del pueblo y presentó al arma como garantía en la lucha contra la impunidad.
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Sin embargo, este último hecho, que retrotrajo a Brasil a los climas que rodeaban los golpes militares del pasado, fue tan traumático que nadie puede asegurar que, en efecto, el control de constitucionalidad en ese país no haya pasado del Supremo Tribunal Federal a los cuartes que domina Villas Bôas. No es poca cosa preguntarse si Brasil se convirtió en los últimos días en una democracia cuyos poderes actúan bajo la vigilancia de los fusiles.
Si el futuro inmediato de Lula en lo penal está jugado, hay que decir que algo similar ocurre en el terreno electoral. Si bien esto último es resorte del Tribunal Superior Electoral, que deberá validar o rechazar las candidaturas que se inscriban antes del 15 de agosto, el ambiente es totalmente adverso al ex presidente.
Este es, al respecto, artífice de su propio destino. Seis meses antes de dejar el poder, en junio de 2010, cedió a las presiones punitivistas de una sociedad ya escaldada por el mensalão e hizo suya con fervor una iniciativa popular que recibió 1,6 millón de firmas y que el Congreso terminó aprobando por amplia mayoría. Se trata de la llamada ley de “ficha limpia”, que inhabilitó desde entonces a miles de candidatos de todos los niveles condenados en segunda instancia.
Otra vez: ¿qué pasa con la presunción de inocencia? Claro que la norma es atacable con respecto a su constitucionalidad, pero el Lula que la promulgó, además preso, ¿qué legitimidad tendría para pretender invalidarla?
Todo parece indicar que Lula nunca volverá a ser presidente de Brasil. Intentar entronizar a un sucesor del campo de la izquierda, que sea capaz de dar pelea en octubre en un escenario electoral enormemente fragmentado, tal vez sea la última carta política que le reste en la mano.