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Desde el inicio de 2018 el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (SFMyCP) impulsa la retracción salarial y la reducción de la planta de trabajadores en los medios públicos nacionales. El titular del organismo, Hernán Lombardi, defiende con una alta rotación mediática lo que define como una política de austeridad.
Un balance de las medidas adoptadas da cuenta de 34 despidos y 89 retiros voluntarios en Encuentro, DeporTV y Paka Paka, luego de dos años de reducción de tareas. En forma simultánea, 160 personas en condiciones precarias de contratación perdieron sus trabajos al disolverse el área de contenidos de la Televisión Digital Abierta (TDA). A estos deben sumarse los 21 trabajadores despedidos en abril del año pasado de igual cantidad de emisoras de la red de Radio Nacional.
Esta política encontró desde enero la resistencia de los trabajadores de Radio Nacional y particularmente de Canal 7. Fue luego del despido de 14 personas de la emisora estatal y del impulso de un programa de jubilaciones anticipadas desde Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E.), empresa estatal que administra estas dos señales.
Al mismo tiempo, el SFMyCP propone desde fines del año pasado en Canal 7 la modificación del convenio colectivo de prensa televisada y del convenio de empresa acordado aproximadamente desde el 2000. Los trabajadores informaron que esta propuesta se transformó desde febrero en una media unilateral de RTA S.E., con la quita de ítems que derivó en la eliminación de las horas extras y en la reducción de hecho de los sueldos, que en algunos casos llega al 50% del salario, según el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba). En este contexto, la empresa planteó una paritaria sin aumentos salariales para el año vigente y el gremio denunció el intento de vaciamiento en las capacidades de los medios públicos. Consultado para este artículo, Agustín Lecchi, delegado del Sipreba en Canal 7, señaló que es “ilegítimo e ilegal el modo en que se modificó la aplicación del convenio”, pero agregó que el gremio no es inflexible en la negociación.
Las consecuencias inmediatas de la decisión de las autoridades fue la reducción de 30 a 14 horas semanales de noticieros, con la pérdida de las emisiones de los fines de semana, y el inicio de medidas de fuerza con repercusiones en la pantalla del canal estatal. A este escenario se suma el reclamo que realizan los trabajadores de Encuentro, Paka Paka y DeporTV, agrupados en el Sindicato Argentino de la Televisión (Satsaid), para recibir los pagos por el acuerdo paritario de 2017.
El titular del SFMyCP expresó que la reducción del staff de trabajadores en los espacios estatales de producción audiovisual forma parte de una política del Ejecutivo nacional. Según el criterio oficial, la planta se encuentra sobredimensionada. Lombardi también enfatizó en reiteradas oportunidades sobre la necesidad de corregir deformaciones salariales y contractuales, según sus palabras.
El diagnóstico de una planta superpoblada contrasta con la visión de los trabajadores y del propio Horacio Levin, quien renunció en diciembre pasado a la Dirección Ejecutiva de Canal 7 (y todavía no ha tenido recambio) y aseguró en su comunicado final que tuvieron plena ocupación en los últimos dos años.
Pese a que las medidas tomadas afectaron a trabajadores de distintas señales y en diferentes condiciones de contratación, es posible hallar en la serie una tendencia en la política aplicada.
El argumento central del SFMyCP, organismo que coordina la actividad de todas las señales estatales, se sostiene en la necesidad de ahorro y de un uso austero de los fondos asignados a los medios estatales por el Presupuesto Nacional. Estos recursos significan el principal sostén de financiamiento de estos espacios audiovisuales y son definidos por el Ejecutivo nacional. Sobre este aspecto, un año atrás el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, anticipaba a Alejandro Bercovich en BAE Negocios que el gasto en empresas públicas y en las paritarias estatales no podía ganarle a la inflación en 2018.
El espejo europeo
Pocas semanas atrás la ciudadanía suiza decidió apoyar en un referéndum la continuidad del pago del canon para el sostenimiento de los medios públicos. La consulta pública en Suiza puede ofrecer algunas guías para analizar la situación argentina pero no puede funcionar como modelo a replicar. En primer lugar porque la fuente de financiamiento de estos medios es una factura única, anual y obligatoria de 475 dólares pagada directamente por cada hogar, mecanismo bastante común en Europa pero sin experiencias históricas similares en América Latina. Además, se trata de una de las corporaciones mediáticas públicas con mayor presupuesto por ciudadano del mundo. Con una población de poco más de 8 millones de habitantes, la recaudación del canon suizo alcanza aproximadamente mil millones de dólares, según cifras de 2016. Esto significa un aporte promedio de 125 dólares anuales por habitante para los medios públicos de ese país.
Sin embargo, el episodio permite comprobar que si un medio público brinda una función social diferenciada, en este caso con servicios en los cuatros idiomas oficiales, puede obtener un respaldo social que legitime su actividad. Se observa también que la posibilidad de ofrecer un servicio potente y valorado necesita de un financiamiento acorde, fundamentalmente si se consideran los altos costos fijos de inversión que requiere la producción audiovisual.
Las cifras del ejemplo suizo quedan muy lejos de los 230 millones de dólares (1.935 millones de pesos) administrados por RTA S.E. en 2014, según sus balances contables. Esto significaba un promedio de 5,3 dólares anuales (45 pesos) aportados por cada habitante argentino a a Canal 7 y Radio Nacional.
Según el análisis de los presupuestos de RTA S.E. presentados ante la Auditoria General de la Nación, durante el kirchnerismo el crecimiento promedio interanual del presupuesto en los medios a su cargo fue de 38% entre 2003 y 2009, y de 24% entre 2009 y 2014. Estas variaciones significaron un aumento constante de sus recursos medidos por habitantes del país tanto en dólares como en pesos.
En el periodo macrista, el monto contemplado en el Presupuesto Nacional de 2017 para RTA S.E. fue de 192 millones de dólares (3.292.900 millones de pesos), lo que significaba 4,3 dólares (75 pesos) por habitante. Si a esto se suman las partidas destinadas al SFMyCP y a la agencia Telam, el monto llega 393 millones de dólares (6.741 millones de pesos), equivalentes a 153 pesos por habitante (casi 9 dólares).
Las comparaciones de cifras ofrecen pistas pero pueden tener distorsiones por los tipos de cambio y la capacidad de compra de las monedas. Una propuesta complementaria puede evaluar el financiamiento para los medios estatales desde preguntas sobre sus capacidades operativas. Algunas de ellas pueden ser: ¿Qué escala de producción audiovisual (de ficción y no-ficción) es posible alcanzar? ¿Qué márgenes y plazos de planificación ofrece el presupuesto? ¿Cuáles son las condiciones salariales y laborales de sus trabajadores? ¿Cuál es el alcance de las coberturas especiales y las corresponsalías tanto dentro como fuera del país? ¿Cuál es el estado de la infraestructura edilicia y tecnológica de los medios? ¿Cuál es la capacidad del presupuesto para garantizar, estudios de audiencia, auditorias o consultas públicas?
La discusión sobre el financiamiento
La política laboral y salarial impulsada desde 2016 en los medios públicos pone en duda su capacidad presupuestaria para hacer frente a objetivos ambiciosos en un escenario mediático de alta concentración y en el marco de la reducción de gastos en el sector público impulsada por el Ejecutivo nacional.
El conflicto que escala semanalmente en Canal 7 muestra la incapacidad de su dirección para impedir que las dificultades en la administración interna repercutan negativamente en la pantalla. Al mismo tiempo, se deja ver la intrascendencia de la conducción política de la presidencia de RTA S.E. En ese contexto, la visibilidad pública de Hernán Lombardi crece de manera inversamente proporcional al protagonismo de los medios públicos en el escenario mediático.
La gestión de estos medios durante el macrismo tiende a debilitar su capacidad de producción detrás de imperativos de reorganización. Se avanza sobre la dotación de personal y sus salarios en nombre de la eficiencia operativa, pero se limitan y se modifican silenciosamente los objetivos de estos proyectos audiovisuales.
Los límites del financiamiento, reconocidos desde el mismo SFMyCP, parecen responder a exigencias de política económica en la administración nacional antes que a las necesidades u objetivos fijados por ley para estos medios. Sin embargo, en las definiciones sobre su sostenimiento no sólo se ponen en juego puestos laborales, sino la capacidad de brindar contenidos valorados por el público y con la función social que los caracteriza. Dejar librada la suerte de estas empresas audiovisuales a presupuestos públicos limitados por metas fiscales tiene altas chances de colocarlas en un rol marginal. La experiencia no muy lejana puede funcionar como advertencia.