Justo en la semana más caliente de la relación Gobierno-Empresarios, surgió los hombres de negocios de la metalurgia otro dolor de cabeza bastante más intenso que el affaire de los “llorones”. La detención del ex presidente de la UIA y dirigente de la cámara ADIMRA, Juan Carlos Lascurain, tuvo en vilo a los socios de la entidad. Hace unas horas, el juez de la causa que pidió la detención ordenó liberarlo previo pago de una fianza de $100.000.
Horas antes de conocerse esta noticia, hubo un encuentro reservado en la sede de ADIMRA, en el que se discutió que postura tomar respecto al referente del sector y su acusación de haber cobrado sobreprecios por una obra en Río Turbio.
En ese encuentro, hubo quejas varias, pero ninguna contra el Gobierno Nacional. Tanto desde la UIA como desde ADIMRA descartan de plano que esta movida judicial contra Lascurain se haya ideado en Casa Rosada como una especie de muestra de poder con los industriales en pleno fuego cruzado por las importaciones. Los metalúrgicos tienen otra teoría, que está basada en la historia reciente del enemigo número uno de Lascurain: el grupo Techint.
Los empresarios que dialogaron entre ellos sobre el tema afirman que la compañía de Paolo Rocca, a través de operadores judiciales y algunos comunicadores afines, hizo trascender los datos de la obra tildada de irregular. En la mesa que compartieron contaron, por caso, que esa obra nunca se hizo, que el kirchnerismo la suspendió, y que en el marco de esa licitación Lascurain pagó IVA, consultorías y otros gastos. Además, los sorprendió que lo hayan detenido sin antes ser citado. Cuando además el empresario tenía voluntad de colaborar. En el mismo mitin pusieron un ejemplo para contrastar: los retrasos en el caso argentino de las coimas de Odebrecht. En Brasil, recordaron, pesa sobre Techint una investigación por sobornos en el mismo caso. Los únicos dos lugares en los cuales Odebrecht no tuvo avances fueron Argentina y Angola, recordó otro empresario, que hasta se animó a decir que “los empresarios de la obra pública hicieron de todo y nunca se detuvo a nadie”. La afirmación tiene algo de certeza. Lázaro Báez, millonario adjudicatario de obras de la mano del kirchnerismo, está entre rejas en soledad.
Naturalmente, hay elementos técnicos que permiten que la Justicia dude de Lascurain, como el dato de que la apodera de su firma es Romina Mercado, la hija de Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz.
Recapitulando, Lascurain asumió como presidente de la UIA en 2007, cuando recrudecía el conflicto entre Techint y el Gobierno de Cristina Fernández. Siempre había estado enfrentado con Rocca: ADIMRA representa a los metalúrgicos pequeños y medianos, con el mismo interés por el negocio que Techint. Años después, en 2015, Lascurain denunció públicamente que los Rocca boys, como el vice de la UIA Luis Betnaza, estaban utilizando a la entidad madre para operar contra el Gobierno.
La detención de Lascurain sorprendió incluso al Gobierno de Cambiemos. Vale recordar que el cuadro en cuestión fue uno de los presentes activos en el proceso oficial de normalización de las licitaciones y la obra pública, que encaro en la etapa inicial de la gestión el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. La captura del empresarios sí fue celebrada en el núcleo de la Coalición Cívica, con Elisa Carrió a la cabeza, la parte más activa en las pesquisas políticas sobre presuntas irregularidades en obras durante la gestión K.
