En línea con el pedido de la gobernadora María Eugenia Vidal, los intendentes de Lanús y Quilmes consiguieron que el cuerpo de concejales acompañe a la ley de Responsabilidad Fiscal, celebrada primero entre el gobierno nacional y las provincial, y respaldada, después, en la provincia de Buenos Aires.
“Los vecinos se cansaron del despilfarro de gobiernos anteriores”, afirmó Martiniano Molina al celebrar la medida votada por el Honorable Concejo Deliberante de Quilmes y agregó que continúa con la “línea de nuestra gobernadora María Eugenia Vidal, de gestionar pensando en el vecino. Este consenso nos permitirá cuidar mejor los recursos de los quilmeños, continuando con la política de transparencia y responsabilidad que se viene implementando tanto desde el gobierno nacional como el provincial”, detalló el jefe comunal.
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Néstor Grindetti recibió el respaldo en el deliberativo hace unos días atrás. Gustavo Álvarez, concejal de Cambiemos remarcó la necesidad de tener “criterio y coherencia con lo que se votó en 2008”, aludiendo a la adhesión al régimen de Responsabilidad Fiscal establecido durante la gestión Scioli. “En aquel momento el oficialismo fundamentaba la ordenanza en lograr mayor eficiencia de la gestión municipal y sostenían que era conveniente poner al Municipio en un criterio de modernización”, indicó el concejal oficialista, para quien desde Unidad Ciudadana “nunca se preocuparon por la autonomía”.
La norma aprobada en los distritos macristas apunta fundamentalmente al cumplimiento de cuatro metas: control del gasto público, en cuanto los municipios no pueden aumentar sus gastos corrientes por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC); equilibrio en el incremento de la planta municipal, que no podrá estar por encima del aumento de la población; endeudamiento no mayor al 10% de los recursos; y finalmente compromiso de orden administrativo, ya que se prohíbe a los intendentes que, en los seis meses previos a dejar el cargo, tomen medidas que incrementen el gasto corriente con carácter permanente.
El Pacto Fiscal fue impulsado en diciembre último por el Gobierno nacional y se firmó con 23 provincias, con la única excepción de San Luis. La provincia de Buenos Aires adhirió al consenso e invitó a que los municipios también lo hagan.