Ecuador se quedó nuevamente sin vicepresidente tras la renuncia de María Alejandra Vicuña, quien ocupaba hasta el martes ese rol tras la detención en enero último de Jorge Glas. Vicuña, renunció tras haber sido acusada de corrupción en el ejercicio de su cargo, mientras que Glas, involucrado en el caso Odebrecht, está en huelga de hambre desde fines de octubre, cuando fue traslado desde la Cárcel 4, donde cumplía condena, al centro de máxima seguridad de Latacunga.
La situación se enmarca en la ruptura política del presidente Lenín Moreno con su antecesor, Rafael Correa, quien también enfrenta problemas con la justicia ecuatoriana por su presunta participación en el intento de secuestro de un congresista opositor en 2012. Correa pidió asilo político en Bélgica, donde reside tras la finalización de su mandato en mayo de 2017. Después de la renuncia de Vicuña, Correa acusó, vía Twitter, a Moreno de haber pactado con ella la dimisión a cambio de que la Justicia no la condene, situación que comparó con el caso de Glas, que fue destituido y encarcelado.
Correa denunció también que Glas esta en grave estado de salud y promovió por ello una campaña internacional denunciado que corre peligro de vida. Mandatarios afines a Correa, como Evo Morales, se sumaron al pedido y, aunque sin desligarlo de su responsabilidad en el caso Odebrecht, periodistas de filiación opositora a Correa y a su movimiento también expresaron su preocupación por la salud del ex vice.
En tanto, se conoció el último miércoles que Interpol rechazó emitir una “alerta roja” para la captura de Correa, quien, desde Bélgica, festejó la decisión y ratificó su intención de concurrir a tribunales internacionales para defenderse de lo que llama “juicios de cartón” que le siguen en su país. El gobierno belga aún no se ha pronunciado sobre el pedido.
Mientras profundiza su grieta con Correa, Moreno se acerca cada vez más a Estados Unidos. En esa línea debe leerse el aumento de las restricciones en el asilo brindado por la embajada ecuatoriana en Londres al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. The New York Times fue más allá e informó que Moreno buscó negociar con la administración de Donald Trump la entrega de Assange a la Justicia norteamericana a cambio de que ese país condone deudas de Ecuador.
Con la excusa de evaluar su gestión, Moreno también “purgó” su gabinete de los últimos funcionarios que podrían ser calificados como afines al correísmo. Fander Falconí, ex ministro de Educación, tuvo varios cargos en el Ejecutivo de Correa y el lunes fue reemplazado por Milton Luna, tras las discrepancias manifestadas públicamente contra el Presupuesto del próximo año. “Implica un desprecio a la educación pública y tiene graves errores técnicos. Para 2019, no habría un solo centavo para el mantenimiento de 12.333 unidades educativas públicas del país”, había protestado Falconí.
Pese a todo este escenario conflictivo, un importante número de los ecuatorianos mantiene una valoración positiva de Moreno. Según una encuesta difundida a principios de noviembre por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAG, la aprobación de la gestión del actual presidente se sitúa en el 40%, mientras que hasta un 44% aprueba la gestión que realizó Correa durante su mandato, en especial en salud (54,1%), educación (53%) e imagen de Ecuador en el mundo (47,7%).
La clave tal vez pase por otro indicador: el interés por la política. Más de un 80% confiesa que esta le interesa “poco” o “nada”, mientras que tan solo un 12,4% manifiesta interesarse por el tema.
