“Vengo a formular denuncia penal contra los responsables que se deben ocupar de brindar alimentación a las personas privadas de su libertad en el complejo de Magdalena del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires y/o el control de la alimentación que se les brinda a través de aquellas empresas que se han contratado”. En apenas 55 palabras que encabezan la demanda penal, un abogado de La Plata pone en crisis una de las aristas más complejas del mundo carcelario: la cantidad y calidad de alimentos que se les brinda a las personas privadas de su libertad, servicio por el que el gobierno de María Eugenia Vidal eroga más de mil millones de pesos al año.
La denuncia es por el caso puntual de un interno, cuyos datos se mantienen en reserva, pero hace foco en la “pésima alimentación que se les brinda a las personas privadas de libertad” alojados bajo la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense, organismo que depende políticamente del ministro de Justicia, Gustavo Ferrari. La demanda hace foco en el complejo penitenciario de la localidad de Magdalena compuesto por cuatro penales.
En la presentación judicial a la que accedió Letra P se detalla que la situación llegó al extremo “que si los familiares” de los internos “no les llevan suministros, no tienen ninguna posibilidad de recibir una alimentación adecuada”. El motivo: “No se les da o la que se entrega se encuentra en mal estado”. La causa tramita en la fiscalía 5 de La Plata bajo el número 48.035/18 con conocimiento del juez de Garantías Guillermo Atencio.
Fuentes de la investigación explicaron a este medio que según datos oficiales, “el Servicio Penitenciario destina entre $1.500 y $3.000, por día, por interno. Con ese presupuesto es más barato llevarlos a comer todos los días a un restaurante que las viandas con comida podrida que reciben”. La causa es analizada y en breve se pedirán medidas de pruebas, para comenzar a establecer responsabilidades. Los servicios de alimentación los prestan las empresas Compañía General de Alimentos y Servicio Integrales de Alimentación.
Esta situación no es nueva, se detalla cada año en el informe que elabora el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. En su último registro del “Sistema de la Crueldad” presentando en mayo pasado, se da cuenta que “ante un sistema de alimentación caracterizado por la escasez, la mala calidad y el mal estado de la comida, los familiares se transforman en una pieza fundamental para la supervivencia en el encierro”.
A este problema que padecen los internos se suma la imposibilidad de manifestar sus quejas sin recibir represalias. En la denuncia en trámite se dejó constancia que el interno, que lleva 16 meses detenido, pasó por las Unidades 1, 9, 24, 28, 31 y 35. El motivo de las “mudanzas”, sus quejas por la mala alimentación que recibe en las cárceles.
Sobre el final de la demanda, el abogado Ariel Jorge Dorr, pidió que se investigue los hechos denunciados y se castigue a los culpables. Según constató el letrado “para la alimentación de los presos se encontraría contratada una empresa privada”.
El 5 de octubre de 2017, la gobernadora Vidal firmó el decreto de adjudicación del servicio de alimentación en cárceles hasta el final de su mandato en diciembre de 2019, tal como oportunamente informó este medio. Una de las empresas prestó el servicio durante la gestión del ex motonauta Daniel Scioli.
