En la última sesión del año, el Senado bonaerense postergó la prestación de acuerdos para jueces y fiscales cuyos pliegos habían sido aprobados en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. La razón: sobre uno de los nominados pesa una objecióon de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB). Se trata del juez de primera instancia y presidente del Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires Rodrigo Cataldo. El pliego fue impulsado por un sector del radicalismo marplatense y la intención es volver a tratarlo a marzo, en el inicio del período ordinario 2019.
Se trataron otros pliegos. Son los que corresponden a las vacacntes para el directorio del Banco Provincia y para el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, los expedientes que ya tenían dictamen de Asuntos Constitucionales y Acuerdos no corrieron. La explicación reglamentaria es que, al contar con dictamen, los expedientes se pueden tratar al regreso del receso.
Sin embargo, detrás de ello asoma la interna del oficialismo. Existía la posibilidad de tratar el resto de los pliegos y apartar el de Cataldo. Incluso, un sector del Poder Ejecutivo, al tomar conocimiento de esta objeción, intentó frenar la designación. Otro sector no. Entonces, lo que se definió fue postergar el tratamiento. El freno derivó en que el resto de los pliegos no se votara. Cataldo es impulsado por un sector del radicalismo de Mar del Plata con el aval de sectores de la Justicia y del Ejecutivo.
LA DENUNCIA. Cataldo está ternado para ascender, desde su juzgado de primera instancia, a la Cámara Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata. Tiene el pliego firmado por la gobernadora María Eugenia Vidal.
Pero el magistrado tiene en su contra una demanda por violencia laboral y por tener trabajadores en negro en el juzgado con la figura de “pasantes” por fuera de lo que indica el marco legal vigente. El gremio también consideró que la Suprema Corte bonaerense actúa corporativamente y no da margen para que las víctimas presten testimonio.
Según confirmaron a Letra P, hubo reuniones de legisladores en áreas del Ejecutivo alertando sobre las denuncias que pesan sobre el magistrado marplatense.
La AJB considera que un juez denunciado por violencia no puede acceder a un puesto como camarista. “Las víctimas de Cataldo sufrieron distintas afecciones en su salud al ser sometidas a una creciente sobrecarga laboral y a la amenaza constante de ser destinatarias de sumarios administrativos. Fueron forzadas a renunciar a promociones en su carrera y se les negaba arbitrariamente el ejercicio del derecho a licencias, como el caso en que Cataldo impidió la asistencia a un familiar directo afectado por una enfermedad terminal”, expresó el gremio en un comunicado oficial.
En otra publicación de su página web sobre la situación irregular de los pasantes, indicó que “es relevante señalar que el Ministerio de Trabajo bonaerense dio vista a la Suprema Corte de la denuncia de pasantías en abierta violación a la normativa nacional vigente, efectuada por la AJB. Particularmente, uno de los casos denunciados se consumó en el juzgado de Cataldo, sin que haya sustanciado el correspondiente sumario administrativo como sí se hizo con otros jueces del mismo fuero, en el Departamento Judicial de Mar del Plata”, se detalla en el texto.
