A poco más de un año de abandonar el penal de Magdalena, Mariano Bruera, hermano de Pablo el ex intendente de La Plata, recibió un nuevo beneficio procesal. Mientras espera el juicio oral bajo arresto domiciliario, dos jueces de la Cámara de Apelaciones y Garantías de la capital bonaerense, lo autorizaron para ir a trabajar, según se desprende de la resolución a la que accedió Letra P.
El incidente llegó a esa instancia, luego de que el Tribunal Oral Criminal II de La Plata rechazara el pedido de la defensa, aunque había autorizado a Bruera para viajar a Bragado, una vez al mes, a visitar a su padre enfermo.
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La medida fue avalada por los jueces Ariel Argüero y Raúl Dalto, quienes hicieron lugar al planteo presentado por el abogado defensor, Alejandro Montone. En tanto el camarista Sergio Almeida se opuso pero su postura quedó en minoría. El juez tiene el criterio que las salidas del ámbito de encierro, no basadas en cuestiones sanitarias, desnaturalizan la figura del arresto domiciliario.
Bruera es médico y podrá desarrollar su profesión, dos veces por semana, en un domicilio que fue informado a los jueces. Así vuelve a insertarse en la sociedad. Junto a él están procesados el arquitecto Gustavo Petró, Roberto Moreno y Enrique Sette, exsecretario de Planeamiento Urbano, y el ex empleado municipal Cristian Ibarra, todos con arresto domiciliario.
Mariano Bruera está procesado como jefe de una asociación ilícita. Al resto de los encausados también se les adiciona reproche por los delitos de “exacciones ilegales y cohecho”.
El arquitecto Raúl Moratti falleció el pasado 22 de mayo de un infarto, mientras permanecía detenido. Pocos días antes de su muerte fue visto pasear del brazo con su pareja por la República de los Niños, en la localidad platense de Manuel B. Gonnet.
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El 17 de octubre de 2017, al cierre de la jornada por el Día de la Lealtad peronista, Bruera, Sette y Roberto Moreno abandonaron la cárcel, luego de que el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, no apeló el arresto domiciliario dictado por la Cámara Penal.
La causa se inició por la denuncia del abogado y empresario platense Guillermo Andreau en 2014. Asegura que los entonces funcionarios del gobierno municipal le pidieron 200 mil dólares para rezonificar un terreno de su propiedad, para luego dividirlo en lotes y venderlo a beneficiarios del Procrear.
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Según la investigación del fiscal Jorge Paolini, los terrenos de Andreau eran considerados "reserva urbana" y por lo tanto, se impedía el loteo en parcelas más pequeñas.
Sin embargo, el Código de Ordenamiento Urbano (COU) redactado por la gestión de Pablo Bruera contemplaba que las parcelas de más de una hectárea se podían dividir por decreto sin pasar por el Concejo Deliberante y fue en ese marco que Andreau recibió la propuesta de lotear sus terrenos a cambio de una importante suma de dinero.
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Todos los acusados están sospechados de integrar una asociación ilícita destinada a entregar beneficios del ex gobierno municipal a cambio de dinero.
La causa cuenta con escuchas telefónicas entre las que se destaca una de Mariano Bruera en la que pide “pasar la gorra”. Esa es la prueba central que complica al acusado.