CAUSA LOS SAUCES

Cristina Kirchner y sus hijos irán a juicio oral por lavado de dinero

La medida del juez Julián Ercolini también alcanza a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López Y Fabián De Sousa.

El juez federal Julián Ercolini elevó a juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Kirchner, así como a sus hijos Florencia y Máximo por lavado de dinero en la causa conocida como Los Sauces, por el alquiler de complejos habitacionales a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

 

La medida incluye a los empresarios, a los hijos de Báez, al contador de los Kirchner, Víctor Manzanres; a Fabián De Sousa y a Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Cristina Kirchner, entre otros.

 

 

Ercolini los acusa de asociación ilícita para lavar dinero mediante el alquiler de hoteles de la firma Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, a empresas de Báez y López, ambos detenidos.

 

Vale recordar que la causa comenzó en abril de 2015 por denuncia de la por entonces diputada Margarita Stolbizer (GEN), quien denunció adulteración de documentos públicos, pago de coimas y lavado de dinero usando como pantalla la sociedad constituida el 7 de mayo de 2006 por Néstor Kirchner.

 

Según el fiscal Gerardo Pollicita, Cristina "realizó distintos aportes irrevocables de bienes y dinero a la empresa y por medio de aquella adquirió una serie de propiedades, terrenos y hoteles en la provincia de Santa Cruz y en la ciudad de Buenos Aires; todo ello con la finalidad de contribuir en la formación del vehículo que permitió canalizar dinero ilegítimo en favor de su familia".

 

La firma de Lázaro Báez aportó durante ese período un total de 6.851.650,97 de pesos en alquileres, en tanto que Cristóbal López y Fabián De Sousa unos 18.554.725,76 y de manera indirecta -a través de Idea SA de Osvaldo Sanfelice- otros 561.665,57 de pesos, lo que, remarcó el juez, "constituyó un 88 por ciento de lo facturado en ese período por Los Sauces SA".

 

 

 

Los Sauces, según la acusación, fue utilizada como un mecanismo permanente para el reciclaje de fondos ilícitos que provenían en el caso de las empresas de Lázaro Báez de la defraudación al Estado nacional a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz y en el caso de Cristóbal López previamente favorecido con los distintos contratos y beneficios impositivos otorgados a sus empresas.

 

La causa inicialmente estuvo en manos del juez federal Claudio Bonadio quien luego de imponer los procesamientos de Cristina Kirchner y sus hijos, se declaró incompetente y giró el expediente a su par Ercolini por conexidad.

 

Es que Ercolini viene investigando la causa Hotesur donde se investigan maniobras similares pero en lo relativo al alquiler de habitaciones de los hoteles en manos de los Kirchner.

 

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