El secretario de Energía, Javier Iguacel, quedó imputado en una causa penal en la que se investiga si cometió delitos al dictar una resolución que dispone pagar a las empresas distribuidoras de gas una compensación tarifaria por el aumento del dólar.
La fiscal federal Paloma Ochoa imputó al funcionario y pidió a la jueza María Servini de Cubría que "en forma urgente" dicte una medida cautelar por 60 días para evitar la aplicación.
No obstante, el Gobierno ya anunció que no iba a trasladar ese gasto a los consumidores, sino que el dinero lo iba a poner el Estado. La marcha atrás de la medida se dio luego de la presión de los aliados radicales y del panperonismo, que había amenazado con trabar el debate del Presupuesto en el Congreso.
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La denuncia, impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, se originó a partir de la resolución que habilitaba a las distribuidoras de gas a cobrar un incremento extra a partir del 1º enero de 2019 en las tarifas para compensar los efectos de la devaluación del peso. Para los usuarios representaba un esquema de 24 cuotas de entre 90 y 110 pesos, indexadas por la tasa de interés del Banco Nación.
La fiscal Ochoa ratificó la calificación que había hecho su colega: abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La funcionaria judicial también agregó la calificación de fraude en perjuicio de la administración pública, que establece una pena de hasta 6 años.
Ochoa dijo que la resolución "pareciera circunscribirse a asegurar un margen de ganancia de un actor, en un contexto devaluatorio de la moneda nacional que ineludiblemente redundará en el empobrecimiento de la mayoría de los actores de la sociedad argentina", y sostuvo que esta decisión "excede los meros actos de gestión de políticas públicas y puede tornarse en jurídico- penalmente relevante".