"Garantizamos que el derecho a trabajar no va a ser vulnerado. Las patotas sindicales son el peor pasado de la Argentina". Con esas palabras, el jefe de los medios públicos, Hernán Lombardi, rompió el silencio a través de twitter en una semana en la que se agudizó el conflicto a raíz de 16 despidos en Radio Nacional que provocaron el cierre de filas entre los trabajadores de los medios del Estado.
De esta manera, Lombardi pegó un giro de 90 grados en la estrategia para justificar el ajuste y se puso en sintonía con la política desplegada desde la Casa Rosada que apunta a cargar la responsabilidad de los recortes en los privilegios y "aviadas" de los trabajadores estatales.
La posición del funcionario macrista sorprendió porque después de los despidos en la radio pública, se pusieron en marcha gestiones subterráneas que lo llevaron a reunirse con miembros de la conducción del gremio de prensa de Buenos Aires, quienes interpretaron el gesto como una declaración de guerra.
Las palabras de Lombardi respaldaron además al vicepresidente de la radio pública, Carlos Ciarlero, uno de los funcionarios más cuestionado por propios y ajenos, que durante cada una de las últimas asambleas de trabajadores de la emisora, se dedicó a provocar, incluso filmando uno por uno a los asistentes a la medida de fuerza.
La posición del funcionario en las redes sociales fue complementada con otro movimiento que agravó la tensión en toda la cartera a su cargo, en una semana en la que más de 350 trabajadores de los medios confluyeron en una inédita asamblea en Radio Nacional para rechazar los despidos.
Este viernes por la mañana, el directorio del canal público publicó en la página oficial de la emisora, que después se replicó en el portal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, un comunicado en el que anunciaron un recorte de 48 millones de pesos para el 2018 -que en teoría comprometería sólo a la planta política- pero también consideró que los trabajadores del medio son privilegiados.
"Actualmente existen en el canal situaciones de privilegio con sueldo bruto promedio superior a los 85.000 pesos, ausentismo del 30% y jornada laboral reducida" denuncia el comunicado oficial replicado por los principales funcionarios oficiales.
La realidad es que el cambio de estrategia no se limita a una campaña pública que presente el ajuste como inevitable y necesario.
Durante la tarde del viernes, los gremios de la Televisión Pública fueron recibidos por Marisa Piñeiro, la gerenta de Recursos Humanos del canal, quien además de ratificar la intención de modificar el convenio, informó que la única manera de evitar despidos es que los gremios borren de sus expectativas un aumento de sueldos, una propuesta que cae apenas unas semanas después de que se firme la paritaria con el Sindicato de Televisión.
"La propuesta del directorio es 0% de aumento o despidos, igual que lo que se planteó en Tierra del Fuego" señalaron a Letra P desde una de las representaciones gremiales que participó de la reunión.
La comparación viene en referencia con el acuerdo firmado por la Unión Obrera Metalúrgica fueguina que negoció congelar salarios por dos años para evitar despidos en el sector, una negociación conocida desde entonces como "dunga dunga o muerte".
Si bien la comparación es válida, las posibilidades de un mismo desenlace son poco probables. Al paro simultáneo y la asamblea conjunta realizados esta semana por los trabajadores de prensa de prensa de los medios públicos, se le sumarán los próximos días nuevas asambleas y medidas de fuerza en los diferentes medios y un festival el próximo jueves en la puerta de Radio Nacional para denunciar el ajuste y rechazar los despidos en todas las empresa del Estado.