DD.HH: el Plan que nació muerto

Como ejercicio comparativo básico -y con el formato de contrapunto- repasamos a continuación algunos de objetivos y acciones propuestos y algunos de los hechos/decretos/ leyes más importantes directamente promovidas por el gobierno de la alianza Cambiemos.

Uno de los objetivos estratégicos del Plan es impulsar políticas públicas que contribuyan a la superación de las diversas formas de discriminación, especialmente, la discriminación y violencia contra las mujeres, con una fuerte preocupación por los femicidios, y que promuevan el acceso pleno al ejercicio de los derechos de la población LGBTIQ.

En los hechos, el gobierno de Macri, desde su asunción, recortó en forma drástica el presupuesto destinado a la lucha contra la violencia machista. A principios de 2017, se había denunciado la disminución de 67 millones en el presupuesto asignado al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA). El Instituto Nacional de las Mujeres, creado en septiembre por decreto, verá disminuido su presupuesto para 2018 en casi 30 millones. Por otro lado, se bajó el presupuesto destinado a otras dos cuestiones claves en el Plan: Educación Sexual Integral y Escuelas con formación de género. La aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral resulta fundamental para lograr un tratamiento adecuado de las diversas sexualidades y en contra de la discriminación por orientación sexual. De los datos brindados por el propio Ministerio de Educación al Observatorio de Derechos Humanos surge que en lo que va de la gestión macrista se diminuyeron casi 12 millones de pesos de presupuesto. Y para el programa de Escuelas con Formación de género se asignó poco más de un millón de pesos.

Otro de los objetivos es fortalecer el sistema de protección integral de los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad: niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad (es). En el caso de las personas con discapacidad (es), se propone “Impulsar un proyecto de ley de protección integral de derechos humanos de las personas con discapacidad”.

La pregunta es cómo se condice ese objetivo cuando, incluso a contracorriente de los tratados internacionales suscriptos por nuestro país, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Gobierno nacional dio de baja 83 mil pensiones por invalidez y suspendió o directamente canceló 170 mil pensiones no contributivas.

En lo que respecta al objetivo fijado en el Plan de “impulsar la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, basta recordar algunos hechos puntuales, como la disminución de coberturas en medicamentos, alimentos y prestaciones preventivas en el Pami, a principios de 2017, o la promulgación de la Ley Previsional -aprobada hace pocos días, pese al rechazo popular masivo- cuyos futuros efectos negativos sobre la población anciana han sido debidamente señalados en las últimas semanas. 

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Por otro lado, el Plan se propone “impulsar la adhesión de todas las provincias a la Ley N° 26.657 de Salud Mental y la creación de los respectivos órganos de revisión”, para propiciar el respeto de los derechos humanos de las personas padecientes.

Sin embargo, en noviembre se conoció un proyecto de decreto presidencial que apuntaba a modificar la concepción de salud mental, sustituyendo la noción de padecimiento psíquico por la de trastorno mental, reposicionando al manicomio como la institución principal de tratamiento, con el primado del aislamiento, de una concepción biologicista de la medicina que favorecería a las corporaciones farmacéuticas y retrocedería en los avances hacia tratamientos dignos. Desde esa concepción, las personas padecientes son transformadas en objetos de tratamientos e intervenciones, definidos a partir de categorizaciones estigmatizantes como grados de “peligrosidad”, internaciones compulsivas, sin que sean considerados su voluntad y sus derechos. El decreto preveía otorgar todo el poder a un órgano dependiente del Gobierno nacional, como es la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Diversas organizaciones alertaron sobre el retroceso en los Derechos Humanos de usuarios de salud mental y realizaron presentaciones que lograron frenarlo.

Otro de los objetivos refiere a la promoción del “pluralismo cultural” que esta Secretaría detenta novedosamente en su nombre. Es bueno recordar que, desde una visión  antropológica, esa noción refiere a la preservación de la identidad de grupos culturalmente diferentes, a su respeto, igualdad y autonomía, en un marco de integración nacional. Este Plan se ha propuesto, por ejemplo, contribuir a visibilizar los aportes de los distintos colectivos culturales que habitan en la Argentina y la promoción de sus derechos, mejorando, así, la con vivencia, y realizar campañas antidiscriminatorias de esos colectivos culturales, entre otras actividades. Una mención especial tienen los pueblos indígenas, las garantías sobre su derecho a la posesión y propiedad comunitaria. El Plan se preocupa también por las poblaciones migrantes y por que todos esos pueblos diversos tengan acceso a la justicia.

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2017 ha sido un año de avance del Estado nacional y, especialmente, de corporaciones e intereses económicos y territoriales (sojeros, mineros e inmobiliarios, entre otros) sobre los territorios de los pueblos originarios. Este avance se ha realizado por medio de desalojos violentos, incumpliendo la Ley 26160 y compromisos internacionales. Si bien el sur ha sido el escenario de las peores situaciones de violencia o, al menos, han tenido cierta trascendencia mediática con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, el asesinato en noviembre pasado de Rafael Nahuel o la prisión de representantes indígenas como Facundo Jones Huala, lo cierto es que numerosas poblaciones originarias sufrieron ataques similares. Diaguitas en Tucumán y  poblaciones mbyá-guaraní en Misiones vienen sufriendo desalojos ilegales. Según la antropóloga Ana Gorosito, de la Universidad Nacional de Misiones, se han contabilizado nueve desalojos durante el año con diversos grados de violencia. En Formosa y en Salta, poblaciones wichi han sufrido desalojos y represiones violentas, encarcelamiento de referentes, como fue el caso del joven wichí Agustín Santillán, culminando en la noche de este martes con la represión con balas de goma a niños formoseños que se negaron a ser detenidos, en un marco de hostigamiento constante de la policía. Darío Aranda relevaba en el diario Página 12 hace algunas semanas que en Salta murieron 26 personas en 23 días por causas evitables debido al déficit de atención sanitaria. En Misiones, se hizo pública y viralizó la fotografía de una niña mbyá-guaraní que bebía agua de un pequeño charquito, lo que, desde una mirada más profunda, expresa las carencias y pobrezas que sufren en especial los pueblos originarias, ya que son las poblaciones más castigadas y olvidadas por las políticas públicas.

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Otro objetivo del Plan es el que refiere a la “Seguridad pública, no violencia y acceso a la justicia”, donde se propone adoptar políticas de seguridad pública basadas en la promoción y la protección de los derechos humanos y la democratización de las instituciones de seguridad; combatir y eliminar la violencia institucional y proteger la dignidad y la integridad física y mental de las personas privadas de su libertad, entre otras. Además, garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso. Otro objetivo que nació muerto.

Numerosos son los hechos que en la realidad niegan la veracidad de este objetivo:

-          La detención arbitraria y en condiciones degradantes de Milagro Sala y varios/as militantes de la Organización Tupac Amaru y el incumplimiento de recomendaciones y disposiciones internacionales.

-          La criminalización de la movilización social a partir de políticas represivas hacia la población civil en manifestaciones pacíficas.

-          El crecimiento de la violencia policial en los barrios y calles populares.

-          La criminalización de poblaciones migrantes con la firma del DNU 70/2017, que modificó la Ley 25 871 de Migraciones y la Ley 346 de Nacionalidad, avalado recientemente por la justicia al rechazar un amparo colectivo presentado, entre otras instituciones, por el CELS. La medida permite la expulsión y deportación inmediata de los migrantes acusados de delitos pero sin condena firme. Este decreto rememora las leyes de Residencia y Defensa Social de principios del siglo pasado y a la llamada “Ley Videla”, que entró en vigencia durante la dictadura y fue reemplazada en 2004 por una ley que promovía políticas migratorias democráticas y reconocía la migración como un derecho humano.

-          A principios de 2017, el Comité contra la Tortura y el CELS presentaron ante la ONU su preocupación por el grave estado de las instituciones carcelarias, el hacinamiento agravado por el crecimiento de la población carcelaria y el agravamiento de situación de violencia y torturas.

Finalmente, salteando varios objetivos truncos del Plan nacional, quisiéramos remarcar los objetivos estratégicos respecto a uno de los puntales de nuestra construcción ciudadana luego del genocidio vivido durante la última dictadura cívico-militar: Memoria, Verdad y Justicia.

El Plan se propone garantizar el derecho a la Memoria y a la Verdad desde sus acepciones individual y colectiva a partir de diversas actividades referentes a campañas públicas, preservación de archivos, etc.

Asimismo, se propone promover el conjunto de medidas judiciales y políticas públicas destinadas a investigar y sancionar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos. Incluso se reserva un apartado para dejar sentado que impulsará políticas específicas sobre la actuación de empresas y el respeto de los DDHH.

En lo que va de la gestión macrista se disminuyeron y disolvieron sistemática e ininterrumpidamente planteles encargados de la investigación de esos delitos. Como ejemplo cercano, pocos días después de la presentación pública del Plan, el Ministerio de Defensa despidió a trabajadores/as que tenían la función de aportar documentos a las causas judiciales de lesa humanidad, además de llevar adelante investigaciones y capacitaciones por violencia de género en las fuerzas.

En lo que hace a la promoción de la justicia, este gobierno promueve -por acción u omisión- un retroceso inaudito de todo lo logrado en materia de justicia por delitos de lesa humanidad. En 2017, hemos vivido hechos tan graves como el fallo de la corte que resucitaba el famoso “2x1” para aplicarlo a condenados por delitos de lesa humanidad o el otorgamiento constante de prisiones domiciliarias a genocidas de la talla de Etchecolatz.

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Según un Informe Estadístico de diciembre de 2017 publicado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (MPF), en la actualidad, hay 549 imputados con prisión domiciliaria, 435 en el servicio penitenciario y 53 en otras dependencias. La tendencia a otorgar prisiones domiciliarias se ha profundizado en los últimos años.

Por otro lado, ese informe arroja datos preocupantes respecto de la persecución penal activa a partir de los imputados detenidos y libres. Afirman allí que “la tendencia en alza de los imputados en libertad comienza en diciembre de 2015, en forma paulatina; se profundiza durante 2016 y podemos decir que se consolida en 2017, por lo que no parece haber signos que logren revertir la situación en el futuro”.

Por otro lado, continúa el informe, “las cifras  finales de personas absueltas en juicio, con faltas de mérito y sobreseídas en la etapa de instrucción –la mayoría en libertad–, también aumentaron en 2017 respecto del año anterior. Además, se registra un aumento de los procesados apartados de las causas en trámite y liberados por problemas de salud.”

En esta línea y contradiciendo el objetivo de lograr que las empresas no violen los derechos humanos, la condena contra el primer empresario preso por delitos de lesa humanidad, Marcos Levin, dueño de la empresa de transporte salteña “La Veloz del Norte”, acusado y sentenciado a 12 años de prisión por privación ilegítima de la libertad y la imposición de tormentos en perjuicio de un ex empleado, fue anulada por los camaristas Juan Carlos Gemignani, Eduardo Rafeal Riggi y Carlos Mahiques (este último, nombrado a dedo por el presidente Macri). Justificaron esta decisión en que no se trataba de delitos de lesa humanidad, a pesar de que en el juicio se probaron no sólo la responsabilidad sobre la detención y torturas sufridas por el ex empleado, sino que también se probó que este empresario había aportado información de inteligencia, domicilios, datos sobre la actividad gremial, listas de trabajadores a ser detenidos, vehículos, personal y estructura física, siendo víctimas de delitos de lesa humanidad aproximadamente 12 trabajadores, muchos de ellos con actividad gremial. Marcos Levín fue uno de los empresarios que apoyo a Mauricio Macri en su campaña presidencial y lo recibió en una conferencia de prensa en uno de los hoteles de su propiedad.

La lista de objetivos que nacieron muertos gracias a las políticas y acciones realizadas por el Gobierno actual sería imposible de plasmar en una nota periodística. Sin embargo, nos llamó la atención que uno de los últimos objetivos es consignado en el informe como “en elaboración”. Es el que refiere a “coadyuvar en el proceso de cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de protección y promoción de los derechos humanos”. Esa te la debo. Por supuesto, también te debo todo lo referido a aquellos derechos consignados en el Plan y que refieren al acceso a la educación, al trabajo, al empleo y a la seguridad social, a la ciencia y la tecnología, a la vivienda digna, a los servicios básicos, a un ambiente sano y saludable y al desarrollo inclusivo y sustentable.