En el marco del nuevo esquema de licitaciones viales que impulsa el Gobierno bajo el sistema de Participación Público-Privada (PPP), tendiente a la redistribución de las rutas nacionales, se anunció recientemente el levantamiento de la Estación de Peaje emplazada sobre la Ruta Nacional 205, a la altura del distrito bonaerense de Saladillo, algo que prendió las luces de alarma en el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (Sutpa), ya que en dicha cabina se desempeñan 50 trabajadores que por estas horas mantienen un destino laboral incierto.
“Entendemos mejor que nadie la necesidad de las obras, pero estas mejoras deben hacerse con la gente en sus puestos de trabajo. Los trabajadores no somos responsables del incumplimiento de las empresas y la falta de control de los organismos estatales”, sostuvo el secretario General de Sutpa, Sergio Julián Sánchez.
Además del temor por posibles despidos, Sánchez también hizo foco en una latente “precarización laboral”: “Ellos hablan que va a haber trabajo para todos pero no especifican nunca qué tipo de trabajo y eso es lo que estamos pidiendo: la especificación y categoría de cada uno de los trabajos”.
En declaraciones a Radio 10, el referente sindical detalló que desde septiembre de 2017 el gremio viene manteniendo reuniones con las autoridades de Vialidad Nacional y los ministerios de Trabajo y Transporte "para que la gente quede dentro de lo que sería el nuevo dibujo de las rutas y no por fuera". Sin embargo, Sánchez advirtió que la eliminación del peaje de Saladillo se dio “por fuera de la mesa de diálogo y sin hablar con los sindicatos”.
En tanto, y mediante un comunicado, el gremio que representa a los trabajadores de peajes señaló en la audiencia pública celebrada el pasado miércoles en Saladillo “se informó a los presentes que la Estación de Peaje de Saladillo se levantaría definitivamente; cabe aclarar que en ninguna de las reuniones mantenidas se hizo mención a esta posibilidad anunciada. La eliminación de estas cabinas de peaje supone dejar en la calle a 50 trabajadores, situación que este proyecto soslaya o simplemente no contempla”.
“RUTAS MÁS INSEGURAS”. Al recordar que el Gobierno hace foco en “rutas seguras y autopistas” con el nuevo esquema, el titular de Sutpa alertó: “Esas rutas seguras van a quedar sin seguridad vial. La seguridad vial la van a volcar a las autopistas y las rutas seguras quedarían para las municipalidades, con la Policía y Bomberos. O sea que le sacaría recursos a las comunas para llevarlo a las rutas que se van a concesionar a un privado que tendría que ser responsable de esta seguridad vial”.
En este punto, el gremialista ahondó: “El mal estado de estas rutas nacionales, como la 205 donde está ubicado ese Peaje, son el resultado de años de desidia de un estado ausente. Del total de obras anunciadas para la primera etapa 1.300 km se construirán bajo la modalidad de ruta segura. Paradójicamente esta denominación implica que el estado le quitará la obligatoriedad de la Seguridad Vial, como la que prestan actualmente las Concesionarias Viales, y se la trasladará a los municipios sin garantizarle nuevos recursos”.
“Resulta difícil entender cómo los intendentes son cómplices de esta maniobra cuando tendrán que destinar móviles y efectivos que dejarán de patrullar sus municipios, sólo para beneficiar a las empresas privadas, incluso más aún en un país como la Argentina cuyos índices de siniestralidad vial son alarmantes. Más que ruta segura, los usuarios y sus familias transitarán por rutas cada vez más inseguras”, añadió.
LA POSTURA DEL INTENDENTE. Por su parte, el jefe comunal de Saladillo, José Luís Salomón (Cambiemos) salió a defenderse de las acusaciones que le atribuyen complicidad en la medida que pone en riesgo 50 fuentes de trabajo.
“Yo mismo pedí la reubicación de las cabinas, nunca la eliminación y está en el convenio”, sostuvo el intendente para destacar en conferencia de prensa que no se trató de una decisión propia sino del Gobierno Nacional.
Asimismo, remarcó que se firmó un convenio por el cual existe el compromiso de reubicación para los trabajadores ya que en el pliego de licitación se obliga al ganador de la obra a garantizar los empleos con la antigüedad, afiliación y condiciones laborales.
Más allá de las promesas de conservación de las fuentes de empleo, en Sutpa descreen: “Resulta difícil confiar en un gobierno cuyo jefe de gabinete hace tan solo unos meses juraba que no se iba a cerrar Fabricaciones Militares Fanazul y hoy ha dejado a 230 familias en la calle a pesar de sus palabras”, apuntaron.
Cabe recordar que la conflictividad laboral por la posible pérdida de puestos de trabajo en este sector se viene arrastrando desde mediados del pasado año, cuando se disparó la posibilidad de que peajes como el ubicado en el distrito de Florentino Ameghino también se eliminen con la nueva planificación del Gobierno para las rutas.
