Con duras críticas al trabajo realizado en Diputados, el Senado aprobó este miércoles por unanimidad el proyecto de ley que establece la responsabilidad penal empresaria. La iniciativa, impulsada por el Gobierno por pedido de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), volverá ahora a la Cámara baja, desde donde llegó con una redacción que resultó severamente cuestionada.
"El proyecto venido de Diputados - tal vez con demasiado apuro- contenía graves errores e incongruencias. El apuro siempre es mal consejero", apuntó el senador por Chubut Juan Mario Pais, que definió la norma como “un mensaje importante del Congreso a funcionarios y contratistas del Estado”.
Las críticas al texto aprobado en Diputados ya habían quedado expuestas en el Senado durante el debate en comisiones, donde a principios del mes de agosto el jefe del bloque del PJ-Frente para la Victoria en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, había adelantado que la norma volvería a Diputados para que la Cámara baja votara “algo que sea coherente”.
“Esto forma parte de la demagogia punitiva que se instala en los debate de las Cámaras en el medio de procesos electorales. No hay nada más inapropiado que tratar una ley de este tipo en el marco de una elección como la que estamos viendo”, dijo en esa oportunidad Pichetto, que tildó de “verdadero mamarracho” el inciso que introdujo la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública.
Los cambios al proyecto, que ahora volverá a Diputados, fueron acordados por los senadores durante las seis jornadas de debate en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside el entrerriano Pedro Guastavino, cuyo trabajo fue elogiado por el oficialismo, en la voz de la tucumana Silvia Elías de Pérez. “Este proyecto busca adaptar la legislación sobre corrupción a los estándares internacionales a los cuales la República Argentina se ha comprometido al adherir a la Convención Anticohecho”, explicó Guastavino.
Pese a que acompañaron en general la aprobación de la ley – con rechazos en particular – el sector cristinista del bloque del PJ-FPV marcó algunas críticas. “Esperemos que esta ley no sea una válvula de escape para eludir la responsabilidad de personas que incurrieron en conductas delictivas”, dijo la mendocina Anabel Fernández Sagasti, que luego cargó contra el papel de la OCDE en el debate. “Junto con esto vienen un conjunto de recetas apertura indiscriminada de la economía, reducción del gasto público y reducción del peso de las jubilaciones. El tema de fondo es la flexibilización laboral y el ajuste. Tenemos que estar muy atentos. El leitmovit de la OCDE no es la lucha contra la corrupción sino las imposiciones macroeconómicas a países emergentes”, afirmó.
El proyecto penaliza a empresas de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal, por los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias nacional o trasnacional, concusión, enriquecimiento ilícito y falsificación de balances.
El proyecto fue aprobado en general con 65 votos a favor y ninguno en contra y ahora volverá a Diputados, donde volverá a ser debatido con los cambios introducidos por la Cámara alta.