¿DONDE ESTÁ SANTIAGO?

El Gobierno acumula presión internacional por la desaparición de Maldonado

Tras rechazar la creación de una comisión investigadora que reclamó la ONU, ahora reniegan de la participación de la CIDH. Bronca con organismos locales y por la caratula que aceptó el juez Otranto.

"Vamos a citar al Gobierno argentino por el caso Maldonado a una reunión de trabajo para hacer un seguimiento de la medida cautelar por Maldonado y dialogar con ambas partes. Para ese entonces, habrá pasado tiempo suficiente y se habrá podido recibir la información necesaria y será la ocasión de escuchar qué se dice sobre el cumplimiento de nuestras medidas cautelares. Esta reunión sería con funcionarios del Gobierno y los peticionarios. Es una sesión privada, donde se pone al tanto la situación y la comisión toma cualquier decisión que se tenga que tomar al respecto", dijo este lunes el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren, a radio Futurock. Con esas palabras abrió un nuevo capítulo en la presión internacional que recibe el Gobierno del presidente Mauricio Macri por el paradero del joven Santiago Maldonado, que esta semana cumplirá 50 días desaparecido. 

 

"Lo importante es saber el avance de las investigaciones de la búsqueda y determinaciones de su paradero. Sabemos que hay procesos judiciales, hábeas corpus y opiniones al respecto. Creo que en unas semanas habrá elementos más claros de información. Habrá habido un mayor tiempo para el desarrollo y una realidad más firme", disparó el titular del organismo, una semana después de que el jefe de Gabinete Marcos Peña recibiera en la Casa Rosada al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Amerigo Incalcaterra, y le informara que no iban a aceptar la conformación de una comisión investigadora internacional de expertos, porque no hay indicios firmes, según dice el Gobierno, sobre una desaparición forzada.

 

En rigor, se trata de la carátula de la investigación que lleva adelante el juez federal de Esquel Guido Otranto, pero en la Casa Rosada niegan con vehemencia que existan elementos para sostener una desaparición forzada en ese caso. La carátula del expediente es uno de los disparadores de los reclamos de los organismos de derechos humanos, junto a la familia Maldonado, para la intervención de la CIDH. Puertas adentro del Gobierno la hipótesis de la "desaparición forzada", y su inscripción judicial, genera airadas argumentaciones del Gobierno en contra de organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interviene en el caso desde que estalló. 

 

Ante las consultas de Letra P, fuentes del ministerio de Justicia, que encabeza Germán Garavano, explicaron estar al tanto de las declaraciones de Eguiguren, pero contestaron que “hasta ahora no ha llegado ninguna comunicación formal sobre lo que dijo el titular de la CIDH”. Aunque es posible que el gobierno no acepte la invitación, porque implicaría la intervención del Ministerio Público Fiscal, conducido por Alejandra Gils Carbó, elegida por Cambiemos como una de sus principales antagonistas en el caso.

 

Ante la polarización construida por el Gobierno, el titular de la CIDH aclaró en el diálogo radial la naturaleza de la citación que anticipó este lunes: “Nosotros tenemos que tener una visión más objetiva y estar menos metidos en el debate político interno. Sí estamos preocupados por los derechos de las personas involucradas y el seguimiento de la medida cautelar. El caso Maldonado es una situación grave. Hay que priorizar las investigaciones para determinar el paradero y, por otro lado, ver las responsabilidades que hubo depende el caso”, disparó el funcionario.

 

Las palabras de Eguiguren resuenan en medio de crecientes denuncias de organismos de Derechos Humanos por violencia institucional. Esos casos también despiertan preocupación en organismos internacionales, como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y la CIDH, que integra el sistema interamericano, bajo la tutela de la Organización de Estados Americanos (OEA), presidida por el uruguayo Luis Almagro. Fuentes judiciales confiaron a este medio, que también forma parte de la lista de funcionarios internacionales que hicieron llegar a Buenos Aires su preocupación sobre el funcionamiento de las fuerzas de Seguridad y la cartera del Ejecutivo que las coordina, bajo el mando de Patricia Bullrich

 

José Emilio Neder, senador Santiago del Estero.
guerra de guerrillas en la madre de todas las batallas

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