Los diputados nacionales Héctor Recalde, presidente del bloque FpV–PJ, y Abel Furlán, vicepresidente de la comisión de Legislación del Trabajo, ampliaron este lunes la denuncia que habían realizado el 6 de junio ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el gobierno de Mauricio Macri, por sus “actos y expresiones de interferencia indebida al Poder Judicial”.
La ampliación incluye las declaraciones del 12 de junio de Macri sobre una supuesta “mafia de los juicios laborales” que tendría a Recalde como jefe, y la propuesta –aprobada por la mayoría que responde al gobierno- del representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, de analizar los posteos en Facebook del juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Enrique Arias Gibert, “en grave violación de la intimidad y su esfera de privacidad.”
De acuerdo a los legisladores, el gobierno “busca condicionar la independencia de criterio de los jueces a cargo de la Justicia Nacional del Trabajo en la protección de los derechos que la normativa nacional e internacional reconoce a los trabajadores”, y ataca también “a los abogados laboralistas que representan a los trabajadores.”
Los denunciantes agregan que los embates del Gobierno contra los jueces laborales no constituyen solo una injerencia indebida en asuntos de otro poder del Estado, sino que su motivación se encuentra en “los derechos que tales jueces han ordenado respetar, que son derechos reconocidos y garantizados por convenios de la OIT.”
Según los diputados, “la sola injerencia indebida del Gobierno de la República Argentina en el Poder Judicial -en particular en la Justicia del Trabajo-, sus represalias a los jueces a través del pedido de su remoción mediante el mecanismo de juicio político y los efectos disciplinadores de tales pedido sobre el resto de los jueces, son ya de por sí merecedores de reproche por parte de la OIT”, pero las actitudes del gobierno adquieren mayor gravedad porque “sus ilegales actitudes están dirigidas a vulnerar derechos expresamente garantizados por diversos convenios de la OIT.
En el escrito se recuerda el pedido de remoción a los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Graciela Marino y Arias Gibert, por su sentencia en la paritaria bancaria, dictada en resguardo al derecho a la negociación colectiva garantizada por los convenios 87, 98 y 154 de la OIT. Lo mismo ocurrió con el intento de desacreditación pública contra la jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo N° 58, Dora Eva Temis, quien había ordenado al Ejecutivo Nacional convocar a la paritaria nacional docente.
A su vez, el pedido de remoción de los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Diana Cañal y Luis Raffaghelli se pretendió fundar en la sentencia que éstos dictaron el 29 de enero de 2016 contra la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, disponiendo la reincorporación cautelar de un grupo de trabajadores por considerar verosímil que éstos habían sido despedidos por motivos políticos, resolución fundada en los convenios OIT 111 y 158.
También se hace referencia a la afirmación del secretario de Empleo de la Nación, Miguel Ponte, quien dijo que “para las empresas despedir trabajadores tiene que ser algo natural, como comer y descomer”; del ex ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, cuando pretendiendo justificar los miles de despidos de trabajadores estatales sostuvo que no iban “a dejar la grasa militante, vamos a contratar gente idónea y eliminar ñoquis" y que “hasta ahora estuvimos acomodando la basura”; y de Mauricio Macri cuando sostuvo que "el ausentismo, el no cumplir con el trabajo o el abuso de las licencias nos perjudican a todos" y que “cada vez que un gremio consigue reducir una jornada horaria, todos los demás argentinos lo estamos asumiendo como parte de un costo y no está bien”, y que “hay que trabajar los sábados y domingos”.
Asimismo, la presentación ante la OIT recuerda que en mayo de 2016 el Ministerio de Trabajo autorizó a Mc Donald’s a contratar a 5 mil jóvenes para trabajar 6 horas por día con un sueldo de $ 4.500, inferior al salario mínimo vital y móvil; y que el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, expresó que la elevación de suspensiones de trabajadores por parte de sus empleadores “es una buena noticia”.
Por todo ello, Recalde y Furlán piden a la OIT que exprese al Gobierno de la República Argentina su preocupación por los actos y expresiones que implican represalia a los jueces laborales por los contenidos de sus sentencias, condicionamiento y disciplinamiento a los jueces laborales en el ejercicio de su función jurisdiccional, interferencia en el Poder Judicial y violación al principio de separación de poderes; y exhorte al gobierno de la República Argentina a cesar de inmediato en tales actitudes.