Violación de medidas de prueba. Incumplimientos de los deberes de funcionario público. Incumplimiento de promover la persecución y represión del delito. Falsedad ideológica de documento público. Falso testimonio. Violación de medios de prueba. Según se desprende de los expedientes a los que accedió Letra P, todas estas acusaciones son las que pesan sobre el fiscal platense Fernando Cartasegna, quien fue desplazado en el marco de un escándalo. Pero su internación puede ser la llave para lograr su ansiada jubilación, gambetear la destitución y zafar de dar explicaciones ante la Ley que juró defender.
Cartasegna era uno de los fiscales preferidos de la ex procuradora general bonaerense María del Carmen Falbo, alias “Pochi”, como la llamaban en sus épocas de joven abogada y militante paladar negro del duhaldismo en el principal bastión electoral del país.
Tras la salida de Falbo (hoy asesora del ministro de Justicia nacional, Germán Garavano), comenzaron los días oscuros para el ex súper fiscal que investigaba barrabravas, casos de trata de personas y pedofilia y también tenía a su cargo la búsqueda de los restos de Miguel Bru, el estudiante de periodismo asesinado y desaparecido.
Las denuncias a Cartasegna están radicadas, en su mayoría, en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, quien ya pidió que su par sea despojado de sus fueros para poder indagarlo. Otra causa (falso testimonio) está en manos de la fiscal Ana Medina (UFI 1), quien comenzó investigando los ataques que habría sufrido Cartasegna y, tras una pericia de Gendarmería, lo imputó. El resultado del informe indica que los volantes con la leyenda “Conozcan al nuevo Nisman” se confeccionaron en la impresora del despacho de Cartasegna.
Más allá de caratulas y formalismos procesales, lo concreto es que, por el momento, las investigaciones están paralizadas. Para poder avanzar, el proceso debe cumplir su recorrido en la Secretaria de Enjuiciamiento de Magistrados, apéndice del Senado bonaerense.
Los expedientes ingresan a la Secretaría por dos vías: denuncia o requerimiento. Hasta el momento llegaron dos requerimientos de los fiscales Garganta y Medina. También está la denuncia del nuevo procurador general, Julio Conte Grand, pero fue realizada ante la presidencia de la Suprema Corte bonaerense, ejercida este año por Hilda Kogan.
El procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, desplazó a Cartasegna. Ahora, dos fiscales lo investigan.
Volviendo a la Secretaria de Enjuiciamiento, la repartición no conoce de ferias judiciales y ya está trabajando en el tema. Los próximos pasos son el sorteo de los cinco abogados legisladores que debe realizar la Cámara alta provincial y los cinco abogados conjueces que deben salir de un listado de la Corte.
Estos diez letrados, presididos por la suprema Kogan, son los que definirán el futuro del fiscal Cartasegna, que sigue internado en un neuropsiquiátrico platense ubicado justo frente de la sede del Servicio Penitenciario Bonaerense, pero todo esto ocurrirá tras la feria judicial en curso.
En este neurpsiquiátrico platense, Cartasegna pergeñó su estratagia para zafar de la destitución.
MÁS ALLÁ DE LA FERIA Y SOBRE DERECHOS LABORALES. El proceso para destituir al fiscal, en este caso, no parece poder resolverse en el corto tiempo. Mientras dure su internación y no tenga el alta médica, Cartasegna no podrá ser despojado de sus fueron ni volverá a los pasillos de fiscalías. Cuando lo haga, será como imputado.
Aquí es donde entran a tallar los derechos laborales del magistrado. “No lo pueden echar, está con carpeta médica, es ilegal”, confirmó una de las fuentes consultadas por Letra P.
“Mientras dure su estadía en la clínica y no tenga el alta médica, al tiempo que profesionales de la salud corroboren su aptitud física y mental para afrontar el proceso, Cartasegna mantiene su calidad de funcionario judicial, con todos sus derechos salariales y de cobertura social vigente”, explicaron juristas expertos en defensa de magistrados.
En este complejo ajedrez de justicia, denuncias, pericias y destituciones, Cartasegna protege a su reina: su salud mental. Si fuera declarado inimputable, gambetearía a la justicia y obtendría su preciada jubilación anticipada, pero dejaría abierta la puerta a un nuevo escándalo: ¿quién controla la aptitud de los funcionarios del Poder Judicial? Pero eso es harina de otro costal -por el momento.
TRILLANDO EXPEDIENTES. El fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, ordenó una investigación sobre el funcionamiento de la UFI 4, la de Cartasegna. Los resultados fueron contundentes y Vogliolo le entregó un informe a Conte Grand enumerando lo encontrado por Garganta.
- Faltantes de dinero en la fiscalía, es decir, plata secuestrada en procedimientos.
- 16 carátulas en blanco, impresas por sistema, que supuestamente corresponden a un delito y un imputado. Sin embargo, al estar en blanco, le permitían al fiscal armar causas.
- Desaparición de droga también secuestrada en procedimientos. En algún caso, el acta habla de cocaína y lo que aparece es marihuana.
- Desaparición de teléfonos celulares, también secuestrados en distintos expedientes.
- Causas frenadas, guardadas en un armario. Allí había dormidas investigaciones contra boliches, prostíbulos, de acoso sexual y de pedofilia.
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En la actualidad, esa auditoría sigue vigente y está a cargo de inspectores de la Procuración General, por lo que no se descartan nuevos hallazgos de irregularidades.
