El desalojo de la planta de Pepsico con represión de las fuerzas de seguridad tuvo otras miserias agregadas a la dureza de los efectivos con los 600 empleados que tomaron la fábrica de Florida reclamando por la conservación de los puestos de trabajo. Mientras casi todos los medios de comunicación daban cobertura al conflicto, el Ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca se decidió a jugar una carta ambiciosa. Los voceros hablaron con los movileros y periodistas interesados para dar datos de los que, según el Gobierno Nacional, son los acuerdos indemnizatorios alcanzados por la mayoría de los obreros de la alimenticia. Las cifras, a las que accedió Letra P, parecen descabelladas pero son las que se ofrecen desde el ámbito oficial: Triaca explica que de los casi 540 empleados que fueron cesanteados, 460 arreglaron indemnización. Y sólo entre 70 y 80 no tomaron el acuerdo. Según el Gobierno, esos son los que habrían causado la toma. Pero hay otro dato que Trabajo desliza y que, a priori, no coincide con lo que señalan los trabajadores. La referencia es a que hubo convenios de compensación que, en algunos casos, estuvieron entre los $400 mil y hasta $5 millones.
Esa información marca una cuestión básica que desde el año pasado el Gobierno viene charlando con las empresas que, de una u otra manera, le plantean situaciones de crisis laboral o necesidades de achicamiento en consonancia con el ritmo y las condiciones de la economía en general. Lo que planteó Triaca es el método que el Ejecutivo ha consensuado con el sector privado para la resolución de conflictos de este tipo. Esta idea va incluso más allá de las consideraciones respecto a una Justicia adicta al macrismo que habría sido, de acuerdo a los delegados de la planta, la que favoreció el proceso de desalojo de la planta. Nación no tiene la idea de intervenir en los conflictos laborales de una manera activa, sino que requirió que aquellos que entiendan que no pueden evitar el despido, hagan el mayor esfuerzo para mejorar la indemnización. El acuerdo es informal, y el caso de Pepsico es un tour de forcé de una metodología que continúa, de hecho, en otros frentes de crisis, como el caso de los despidos (55) de la cadena de supermercados Walmart en Sarandí. Lo de la alimenticia de capitales estadounidenses tiene, de todos modos, ribetes diferentes: por un lado, porque el procedimiento preventivo de crisis fue, a todas luces, irregular. La empresa no atraviesa problemas financieros, asegura que la demanda no le cayó, y tiene unos números de rentabilidad regional que son impactantes. No parece, en este escenario, haber sido forzada por la coyuntura a replantear el esquema laboral, como si les pasa a muchas pymes del conurbano que están siendo fuertemente afectadas por la recesión del consumo.
En segundo término, el lock out de la compañía fue digno de la fuga repentina de un empresario con irregularidades. Una firma de semejante magnitud comunicó los despidos con un cartel en el portón de la planta. En este sentido sí el Gobierno se preocupó porque el conflicto pasó a mayores. En paralelo, el gremio de alimentación STIA, conducido por el secretario general de la CGT, Rodolfo Daer, estaba al tanto del acuerdo bastante antes de que ocurrieran los despidos.
A ciencia cierta, durante los últimos años del kirchnerismo, hubo conflictos laborales graves, con despidos y cesantías, pero se acotaron de dos maneras: el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada, tenía de orden del Ejecutivo de subir a dialogar al edificio de Alem a los trabajadores de fábricas de peso que estuvieran en crisis. En paralelo, se habría un período de pedido de compromiso a mantener los puestos de trabajo con las compañías. No siempre resultaba y, en algunos casos, estaba forzado a un límite casi irracional. Pero el Estado decidía intervenir de esa manera. Asimismo, el mercado tenía cierto nivel de generación de empleo de reemplazo o redestino de los despedidos sin solución. La posición de Mauricio Macri es distinta. Por definición, entiende que este tipo de situaciones se inician y terminan en la esfera privada. En este punto en particular tiene un aliado político clave dentro del sector corporativo alimenticio. Es Daniel Funes de Rioja, el abogado de la cámara alimenticia Copal que representa en la Unión Industrial Argentina (UIA) a las grandes firmas que producen alimentos y bebidas, entre ellas Pepsico. El dirigente, un hábil letrado que trabaja con Cambiemos en temas como la reducción de impuestos a las empresas, es cultor de la liberalización de los precios de los alimentos y de la resolución de conflictos rápidos. Tanto que en la última elección de la UIA –a pesar de que era el preferido de Macri para la presidencia de la entidad-, sus colegas los bocharon porque le endilgaron que más que pelear por la industria lo que había hecho en los últimos meses había sido ponerle la firma a varios cierres de empresas. Naturalmente, y es hasta lógico desde el punto de vista del negocio, el empresariado en general está conforme con este esquema de resolución de conflictos que ofrece el Gobierno. Tanto que algunos se entusiasmaron con reestructuraciones que no tenían pensadas. Sin embargo, el único dique de contención que pidió Nación es que las compensaciones que vengan ocurran después de octubre. Así será, según varias firmas consultadas por este medio.
En el caso de Pepsico, y según consignó Letra P, se planteó en algun momento de que pudiese entrar la planta en el programa de reubicación productiva que encabeza el Ministerio de la Producción. Pero luego se descartó. Así las cosas, la firma procedió con la mudanza de la operación total a Mar del Plata, y encaró un proceso de importación de producto desde Chile para cubrir la oferta que dejó de producir la planta de Vicente López.
