Patagonia

Neuquén: declaran alerta hídrica en toda la provincia

La Legislatura de Neuquén aprobó el proyecto de ley que declara el Alerta Hídrico Ambiental en todos los cursos, cuerpos de agua y acuíferos de la provincia por el término de cinco años. La propuesta fue acompañada por los bloques del MPN, UP-UNA, NE-FG, PRO, NCN, UCR, Adelante Neuquén, FRIN, Libres del Sur, FpV y FPN-UNE. En tanto, la propuesta por minoría que plantea, entre otros puntos, declarar la emergencia hídrica, en reemplazo del alerta, contó con el voto del FIT y el PTS-FIT.

 

Entre otras cosas, el proyecto aprobado establece que la autoridad de educación deberá determinar el nivel de alerta de los cursos, cuerpos de agua y acuíferos de acuerdo con el valor de los indicadores ambientales internacionales. El ejecutivo provincial, los organismos competentes y los municipios de 1°, 2° y 3° categoría deberán adoptar medidas para conservar la calidad del agua. Además crea un Comité de Alerta Hídrico Ambiental con participación de las asociaciones civiles, diputados, organismos provinciales y representantes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO).

 

Al hablar, por el dictamen en mayoría, Santiago Nogueira (Libres del Sur) agradeció a las asambleas ambientalistas “el compromiso y tenacidad en cuidado de nuestros ríos” que permitió que el tema se ponga en la agenda pública. Recordó que desde el bloque impulsaron la Red en Defensa de los Ríos con la Defensoría del Pueblo y distintas organizaciones donde trabajaron en conjunto en un despacho que “estuvo abierto hasta último momento para realizar aportes y correcciones”. En este sentido consideró importante haber llegado a un gran consenso político para llegar a esta declaración de alerta “que plantea un comité con participación de organizaciones sociales que va a contar con fondo específico y tener partidas presupuestarias para abordar el tema”. Además rescató que se den herramientas al Ejecutivo para mejorar el medioambiente.

 

Claudio Domínguez (MPN) -Miembro informante-, se mostró contento de haber llegado a esta ley, “que se construyo entre todos”, a partir de los proyectos de Nogueira y Podestá; y agradeció todos los aportes de las organizaciones, los entes públicos y el resto de los bloques. Recordó que la ley declara el alerta en todos los espejos de agua del territorio, a diferencia de los proyectos originales que se concentraban en el Limay y el Neuquén; por lo que “todos los municipios deben adoptar medidas para conservar la calidad del agua”. Incluye 61 rubros que deberán tratar sus residuos para acceder a una licencia comercial y aseguró que en caso de detectarse alguna bacteria o enfermedad vinculada con el agua, se podrá requerir mayor nivel de emisiones. Explicó que la propuesta contempla la aplicación de multas y prohíbe las descargas pluvioaluvionales y pluviales al sistema de conducción de efluentes cloacales. Por último, resaltó que  la ley obliga a municipios y organismos descentralizados y empresas estatales a ponerse a disposición de la autoridad de aplicación y del comité hídrico ambiental para afectar todos los recursos requeridos para garantizar el cumplimiento de la ley. La ley establece un régimen sancionatorio y un fondo estratégico integral de alerta.

 

Raúl Podestá -Miembro informante- planteó la necesidad de tener conciencia y  responsabilidad como ciudadanos “hacia nuestros hijos y nietos, porque estamos contaminando la herencia que recibimos de nuestros antepasados” y recordó que tenemos la segunda cuenca hídrica más importante del país. También rescató el importante trabajo realizado en Comisión y la apertura para trabajar en común los proyectos presentados. Resaltó que se trata de una herramienta para el ejecutivo, “pero también para los diputados que vamos a estar representados en el comité y una herramienta para las asociaciones que con tanta vehemencia defienden los ríos y el medioambiente”. Finalmente, pidió conciencia, “que se hace trabajando, educando y multando. El estado deberá ponerla en funcionamiento para que quien no cumpla con ley pague por ello”.

 

Mientras que Patricia Jure (FIT) explicó que el proyecto por minoría incluía la emergencia hídrica y la constitución de un comité autónomo de control con la participación de organizaciones de la sociedad civil; porque “no queremos permitir que los responsables determinen cuál es el alerta”, acotó. Por otra parte, planteaba que las audiencias deben ser vinculantes, no testimoniales. Finalmente, plantea  prohibir la explotación de hidrocarburos a ocho kilómetros de los ejidos municipales y un impuesto a las empresas.

 

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