A 100 días de la jura de Julio Conte Grand como procurador General de la provincia de Buenos Aires, la estructura que se diagramó durante los 13 años de María del Carmen Falbo como jefa del Ministerio Público Fiscal no sólo continúa presente sino que se resiste a entregar espacios de poder.
Un ejemplo de ello se puede advertir con el primer paso que dio este miércoles el fiscal de Casación, Dr. Carlos Altuve, en su búsqueda por ser reelecto como representante del Ministerio Público ante el Consejo de la Magistratura. El otrora alter ego de Falbo se impuso al defensor de Casación bonaerense, Dr. Mario Coroliano, en las elecciones del Departamento Judicial La Plata.
Sorteada esta parada en la capital provincial (bastión clave), Altuve y los restantes 18 ganadores en los Departamentos Judiciales votarán a mano alzada y ante la mirada de Conte Grand quién será de ellos el letrado a enviar como representante ante el Consejo de la Magistratura.
De acuerdo a lo detallado a Letra P por fuentes confiables, el escenario para el falbismo en esta elección es distinta al de años anteriores ya que, a pesar del triunfo en La Plata, tuvo algunos traspiés en otros departamentos judiciales, lo cual da indicios de un nuevo panorama. “No hay un sector que haya logrado una mayoría para imponer un candidato, lo que impondría una situación de negociación”, deslizan en los pasillos de la Procuración.
Y, aunque permanece en silencio, el rol de Conte Grand parece abrir el juego, algo que no sentó bien en las huestes del falbismo que, en voz baja, hacen reminiscencias a hipotéticos acuerdos previos en cuanto a la estructura de poder heredada del Ministerio Público.
“El procurador decidió no intervenir en ningún tipo de sugerencia. Con su abstención, hizo lugar a la participación y dio señales de que no respetaría la vieja estructura”, manifestaron a este medio para recalcarse que, bajo este horizonte, se abre un periodo de negociaciones entre el falbismo y el sector que apunta a una renovación de cara al colegio electoral que designará al representante de la Procuración ante el Consejo de la Magistratura en las próximas semanas.
CAMBIAR EL SISTEMA. El mecanismo de designación es uno de los tantos cuestionamientos que se desprenden por quienes buscan caras nuevas en la Procuración, al advertirse que el voto a mano alzada en una institución donde la jerarquía tiene su peso, es un factor condicionante al momento de la decisión.
Pero también el primer tramo de este proceso de elección ha sido puesto en tela de juicio por diversas voces del ámbito judicial consultadas por Letra P. El hecho de que sólo se permita el voto de fiscales, defensores y asesores de menores e incapaces, y que no puedan hacerlo funcionarios y empleados del Ministerio Público, es visto como un factor clave para que “la familia judicial” no se rompa. Y, con estas reglas de juego, la estructura falbista parece llevar las de ganar.
El peso de la jerarquía también se puso de manifiesto en algunos departamentos judiciales donde, finalmente, sólo hubo un candidato luego de los frustrados intentos de presentación de defensores de línea que desistieron de la idea.
Asimismo, días atrás el Foro para la Justicia Democrática (Fojude) había expresado su “preocupación” ante “la reciente publicación de una fecha límite (29 de marzo)” para la presentación de candidatos para la elección de representantes de la Procuración General, lo cual, advirtieron, “genera un serio recorte a la posibilidad de participar en la misma”.
En este punto, se mencionó que, a pesar de determinarse desde el 20 de febrero la fecha de elección, en casos como La Plata, la jornada del comicio fue dilucidada apenas diez días antes de la misma. “Siempre pasa lo mismo, se convoca al borde, nunca se informa, y los fiscales generales hacen la diferencia”, deslizó a este medio una voz del ámbito.