La primera reunión de Gabinete posterior a las manifestaciones de apoyo del 1 de abril tuvo un ingrediente inesperado: la titular de la Oficina Anticorrupción volvió a escena a pedido del jefe de Gabinete Marcos Peña, que la citó para que le explique a todos los ministros los alcances de los dos decretos que firmó el presidente Mauricio Macri para regular los conflictos de intereses. La funcionaria, que tiene rango de secretaria de Estado, dependiente del ministerio de Justicia, también pasó por a sala de periodistas de la Casa Rosada e improvisó una mini conferencia de prensa, donde buscó tomar distancia de todos los escándalos que han atravesado a su gestión, desde la quita "abusiva" que intentó obtener la familia del Presidente en la quiebra de la fallida privatización del correo, hasta el reciente sobreimiento del titular de la AFI Gustavo Arribas, por decisión del juez Rodolfo Canicoba Corral, en la causa que investigaba las transferencias bancarias que recibió de la firma brasileña Odebrecht, que podrían haber sido parte de un soborno.
Desde el año pasado Alonso tuvo que afrontar duras críticas de la oposición por su rol pasivo en el escándalo del Correo Argentino y por las recomendaciones que le han permitido a distintos funcionarios zafar de investigaciones judiciales en contra. "Estuvimos con los ministros conversando y respondiendo algunas de sus preguntas para ayudarlos y asistirlos desde la OA a una implementación exitosa de estos nuevos mecanismos, detalló la funcionaria y explicó que los dos decretos firmados la semana pasada establecen que "todas las personas o empresas que tengan vinculaciones familiares, de amistad o comerciales anteriores con los más altos funcionarios del Gobierno, incluido el Presidente, van a tener que hacer pública su declaración de vinculaciones. Esto va a disparar la publicidad total de los expedientes de contracciones públicas y de juicios y al mismo tiempo va a incorporar obligatoriamente la implementación de al menos un mecanismo de transparencia especial", que podría ser "una veeduría, un pacto de integridad, una audiencia pública o la realización de otro tipo de herramienta de transparencia y participación ciudadana".
"Lo importante es transparentar esos intereses y establecer estos mecanismo. Cuando aparezca, por ejemplo, un empresario diciendo que tiene una amistad con un ministro, ese funcionario ya no va a poder estar a cargo de esa licitación y será otro el que lleve ese proceso", amplió la funcionaria poco antes de explicar que desde su llegada a la OA realizó el análisis de alrededor de 240 casos "vinculados a incompatibilidades y potenciales conflictos de intereses".
"Todos estos análisis han llevado a la realización de recomendaciones a los funcionarios, creo que la más conocida fue la hecha al ministro de Energía, Juan José Aranguren, para que se deshiciera de sus acciones" y "se han analizado los casos del ministro (Nicolás) Dujovne, respecto de su consultora, y también se le hicieron recomendaciones y él ya no tiene vinculación con esa consultora", dijo Alonso para proteger al funcionario que pocas horas después protagonizará un anuncio oficial sobre los números del sinceramiento fiscal.
Respecto al caso Arribas, Alonso tomó distancia. "Nosotros no estamos participando en esa investigación, en tanto que Arribas no era funcionario público en ese momento, y sería entendido como un abuso de autoridad que la Oficina Anticorrupción participara" y opinó que "no le corresponde en este caso" intervenir a la OA, ya que "para eso hay un fiscal y un juez que entiende en la causa". "Hay una apelación que ha hecho el fiscal (Federico Delgado), como corresponde a todo fiscal, que debe apelar en las causas, y serán los tribunales los que decidan cómo continúa esa investigación particular", sostuvo en referencia a la decisión de Canicoba Corral del viernes pasado y a la apelación que tiene la Cámara Federal porteña, que debe definir si continúa abierto el expediente. El magistrado hizo lugar a un recurso de "falta de acción" planteado por la defensa del jefe de los espías, y dispuso así el sobreseimiento del funcionario acusado de haber intermediado en el pago de coimas en la Argentina.
