De poner en orden y recuperar una planta durante un año y medio, a quedar en la calle en una madrugada. El último viernes no fue un día más para los 120 miembros de la cooperativa Acoplados Del Oeste (ADO), en Merlo. En las primeras horas de aquella jornada, se toparon con un nuevo obstáculo a su intento de contar con un trabajo digno. Esta vez, el escollo se presentó bajo un grueso cordón de 650 efectivos de diversas fuerzas policiales dispuestos a desalojar el lugar para entregarlo nuevamente a manos de la firma Petinari, la misma que a comienzos de 2015 procedió a un virtual cierre con despidos masivos, y que arrastra una deuda con sus empleados (entre aportes, salario y aguinaldo) que ronda los 60 millones de pesos, situación caótica bajo la cual surgió el emprendimiento autogestivo de los trabajadores.
En 2016, se aprobó en la Legislatura bonaerense la expropiación de la fábrica para que quede así bajo control obrero. Sin embargo, la gobernadora María Eugenia Vidal vetó esta norma, con lo que, tras negociaciones infructuosas entre las partes, la cooperativa quedó en una situación de usurpación del predio que habilitó el reciente desalojo, el cual, en definitiva, significó la pérdida del trabajo para 120 personas.
Letra P dialogó con Luis Coronado y Claudio Caponera, abogados de la cooperativa ADO, quienes brindaron detalles del derrotero transitado por los trabajadores.
“A fines de 2014 estalla todo esto. Desde 2007 a esa fecha, la empresa no pagó aportes. Se financió evadiendo impuestos, cobrando los subsidios y echando gente. Cuando conocemos a la gente de la cooperativa, nos muestran un boleto de compra venta en el cual la empresa (Petinari) le vendía ocho hectáreas del predio a otra sociedad que tenía la misma composición societaria, reconociendo deudas anteriores de la otra sociedad que tenía los mismos directivos y accionistas. Era un vaciamiento”, comentó Caponera.
Los abogados señalaron que, con el pedido de quiebra y una cautelar para la inhibición general de bienes, se impidió esa maniobra. En ese contexto, los trabajadores tomaron la empresa y comenzaron la recuperación: “Pagaron la luz, pagaron deuda, terminaron trabajos que los Petinari ni siquiera habían terminado. Pusieron en orden y funcionamiento la planta”, señalaron.
OBJECIONES AL VETO. Con la ley de expropiación de la planta, los trabajadores lograban el marco legal para el funcionamiento de la cooperativa. Sin embargo, la gobernadora María Eugenia Vidal decidió vetar la norma fundamentando que la Provincia no contaba con los fondos para pagar los costos de dicha expropiación.
“No creo que eso sea cierto. Detrás de ese tecnicismo hay un mensaje político”, replicó Coronado para fundamentar: “No todos los casos de expropiación son iguales, y no en todos los casos hay que poner plata y necesitás fondos. Los 110 trabajadores que representamos tienen 60 millones de crédito en su total, que se podría compensar con eso y muchas de las deudas de las empresas recuperadas que han sido expropiadas tienen un alto endeudamiento con impuestos”.
“Entonces, si se les debe a los trabajadores 60 millones, si se le debe 20 millones a Rentas, 40 millones a la AFIP, 5 millones al municipio en tasas y entrás a sumar todo eso, en verdad no necesitás un fondo multimillonario para salir a pagar nada”, añadió.
SIN ARREGLO. También, en el veto se adujo que Petinari mantenía intenciones de llegar a un acuerdo con los obreros. Ante eso, Caponera comentó: “Nosotros creímos en eso, apostamos a la mediación que hizo el Ministerio de Trabajo y tuvimos 15 audiencias. La empresa terminó ofertando pagar el 40% de lo que debía en 18 cuotas sin interés. No los reincorporaba, los dejaban en la calle. La cuenta daba que cada uno cobraba menos que con un subsidio de desempleo. Esa supuesta intención de arreglar la situación no existía”.
SIN MEDIACIÓN. En lo que refiere al rol que mantuvo la cartera laboral bonaerense en este conflicto, Luis Coronado cuestionó al hablar de una negociación “muy desprolija”: “El Ministerio cuando intenta mediar no cumple reglas básicas y necesarias para la mediación. Por ejemplo, no podés cambiar el interlocutor cada tanto tiempo, y tener determinadas pautas que mantengan la transparencia en la negociación que no se cumplieron. De hecho nos pidieron una serie de requisitos como generar una asamblea que ratificara nuestra actuación como abogados porque en algún momento se dudó de la postura de rechazo (a la oferta de la empresa).
“El Ministerio cuando intenta mediar no cumple reglas básicas y necesarias para la mediación".
“El Ministerio nos vuelve a llamar a una reunión porque no estaba enterado que le habíamos presentado por escrito hace 15 días que la situación estaba rechazada. No podés llevar a cabo una mediación y no saber que hace 15 días presentamos el rechazo de una propuesta hecha en una mediación”, apuntó el letrado.
DESALOJO Y NEGOCIOS. Los representantes de la cooperativa ADO remarcaron que, al momento del veto, el Ejecutivo bonaerense “no quiso, quizás por cuestiones de oportunidad política, soportar el desalojo y lo que hizo fue apoyar leyes de suspensión del desalojo. La última venció en noviembre, que coincidía con el vencimiento de las negociaciones. Casualidad o no, terminamos de negociar, no se renueva la suspensión de desalojo, y se lleva adelante el desalojo”.
“La empresa lo que quiere hacer es un negocio inmobiliario".
Sobre las intenciones de Petinari, Caponera advirtió: “La empresa lo que quiere hacer es un negocio inmobiliario porque hay trámites que han hecho de los que tenemos constancia que estaban tratando de venderle el predio en ese momento a una cadena muy grande de supermercados y no lo pudieron hacer porque funcionaba una fábrica de baterías y dejó una contaminación insalvable y por eso se cayó la venta. Ellos tienen en la mira un negocio inmobiliario y lo que el Estado ha ido acompañando hasta el día de hoy es eliminar una fuente de trabajo”.
ESTADO DE ABANDONO. Con la planta nuevamente en manos de Petinari tras el desalojo, Coronado cuestionó: “Estamos a meses de que la empresa se vaya a la quiebra, lo cual es lo más ridículo de toda la situación. O sea, gastás en un desalojo casi un ejército completo de personas para echar cien trabajadores, que en ese momento ni siquiera eran cien, porque fue a las cuatro o cinco de la mañana; y dentro de unos meses tenemos a una empresa quebrada, clausurada por la sindicatura, donde la cooperativa adquiere relevancia y seguramente le terminen dando la tenencia legal porque, en el juego del proceso de quiebra, la cooperativa no puede ser superada ni siquiera por la oferta de compra de un privado, lo dice la ley”.
"Hoy, los trabajadores están en estado de abandono".
Sin embargo, subrayó que mientras se desarrolla este proceso que se puede extender por meses, “en el mientras tanto, hay 120 personas que han dejado sin trabajo”.
En cuanto al Gobierno, Caponera señaló que “viene prometiendo hacerse cargo mediante un subsidio de desempleo, alguna ayuda. Hasta ahora no se concretó. Hoy, los trabajadores están en estado de abandono, más allá de que le están acercando comida a ellos por parte del municipio”.
