A poco más de un año de asumido, el gobierno del presidente Macri ha quedado reducido a su premisa más rimbombante, la de acabar, de manera “seria”, “educada” y “civilizada” con el saqueo y el derroche corrupto que habría caracterizado la última década.
La estrategia es tan obvia como efectiva: asociar toda la inversión pública y la actitud reguladora al sector privado que acompañaron a la ampliación de derechos de la última década, con la corrupción y el despilfarro. En el terreno comunicacional, utilizar un par de hechos de corte estrictamente policial para empañar, ensuciar y descalificar la imagen y palabra de referentes emblemáticos para el pasado, presente o futuro del campo popular y su proyecto de gobierno.
Por lo demás, cuando el blindaje mediático tambalea o cuando voluntariamente cede en función de alguna reprimenda de los empresarios del sector – jefes del empresariado local, equipo de gobierno real, autores del relato ficcional- el gabinete se exhibe con dos rasgos indelebles. En primer término, sus políticas apuntan a fortalecer a las minorías concentradas y tradicionales de la Argentina y a eliminar cualquier intervención estatal en la regulación de la renta y en la protección de los sectores vulnerables. En segundo lugar, sus acciones trasuntan una impericia resonante en la administración de la cosa pública, que solo se puede matizar con la impudicia con la que se desarticula el andamiaje estatal construido en el trascurso de la última década.
Para muestra, un botón: las payasadas de la ministra de Seguridad y sus imperdonables gaffes, su chauvinismo y su esnobismo compulsivo, siendo quien ha sido y llamándose como se llama; telón de fondo de una orientación restrictiva, punitiva y xenófoba en materia de seguridad.
Por el lado del campo popular, nuestro lado, venimos un poco empantanados pero con buenas perspectivas de mediano-largo plazo, especialmente por la calidad, recorrido y potencial de los cuadros jóvenes. Por lo mismo, es factible que las alternativas electorales del corto plazo deban negociar algo o mucho del pasado reciente y que no articulen una propuesta con pretensiones totalizantes, pero deberán considerar insoslayablemente que su futuro dependerá de la capacidad de unidad y de establecer límites a la hegemonía de la Alianza Cambiemos en diferentes ámbitos, en esta coyuntura electoral.
Un poco más acá del escenario electoral –pero necesariamente condicionado por su influjo-, es claro que los actores sindicales y sociales del campo popular deberán intensificar su posicionamiento en virtud de la escandalosa pérdida de poder adquisitivo del salario durante el año en análisis (entre 5 y 11% de acuerdo al sector en el empleo formal, según datos de Ecolatina) y el deterioro general de todas las variables sociales (desempleo y subempleo, pobreza, indigencia), aun con el irrisorio piso con el que comenzaron a medirse en el nuevo y “elevado” INDEC. Tanto ellos como los representantes legislativos deberían también recapacitar en esta etapa respecto a canjear gobernabilidad por las condiciones de vida y la dignidad del pueblo argentino, aunque eso también deberá dirimirse con más y mejor política en el seno de cada ámbito de disputa.
La realidad es que la apertura indiscriminada de la economía a través de eliminación de aranceles a importaciones y de retenciones a las exportaciones de productos primarios, la estrategia de reducción del consumo a través del aumento de tasas, el tipo de cambio apreciado, la eliminación de barreras para la circulación de fondos buitres y la especulación financiera, la aceleración del endeudamiento externo, la dolarización de las tarifas de los servicios esenciales, la reducción de la participación estatal en empresas productivas y la reducción del propio aparato estatal, son medidas que ofrecen un horizonte sombrío para el trabajo, la industria nacional y el bienestar de toda ciudadanía.
Salvo quien sostenga una visión naif y liviana de la teoría del derrame puede omitir que es un camino ya conocido, en el que se ajustan todos los cinturones para sostener los pantalones de los sectores concentrados nacionales y trasnacionales.
Pero estas medidas hacen al corazón de la grieta que nos ha divido desde los orígenes de nuestra patria. Nuestra obligación es construir una oposición sólida que ponga límites ahora y defienda los derechos conquistados permanentemente.
El desafío es lograr la construcción de una nueva mayoría electoral, para lo que se hace fundamental recentrar la acción política en torno a los derechos afectados por las decisiones gubernamentales, así como también incorporar temas que forman parte legítima de la agenda pública, aun cuando sea posible identificar intereses espurios en su azuzamiento por parte de los medios hegemónicos. Sostener la oposición al neoliberalismo como modo de pensar el desarrollo nacional no debería eximirnos de trabajar y pensar otros temas de la agenda social. Construir una nueva mayoría implica necesariamente reposicionarse de cara a la sociedad, en un intercambio que nos permita también incorporar nuevos temas y pensar mejores soluciones.
Se trata de recuperar el valor de la política como herramienta de transformación, reconocer y estar dispuestos a no repetir nuestros errores, pararnos frente al otro con sensibilidad y compromiso, desde el lugar en que ejercemos nuestra militancia, con trabajo, convicción y formación permanente.