26|7|2021

“Para el gobierno argentino, una agenda de derechos humanos es disruptiva”

ENTREVISTAS

09 de diciembre de 2017

09 de diciembre de 2017

Mano a mano con la periodista británica expulsada el viernes del país, cuando llegó para participar de la OMC. Dice que el episodio va en línea con la política doméstica de Cambiemos.

Responde “no”, suspira y sonríe. La periodista británica Sally Burch es categórica al ser consultada sobre si alguna vez había sido expulsada de un país como le ocurrió el viernes, cuando intentaba ingresar a Buenos Aires para participar de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio que tendrá lugar entre el domingo y el miércoles en el Centro Cultural Kirchner y hoteles cercanos.

 

Una cámara federal de La Plata hizo lugar a un habeas corpus colectivo en favor de los rechazados, pero la decisión llegó tarde. Burch ya había sido obligada a embarcar en el vuelo de las 19.30 con destino a Lima.

 

Tiene 68 años y vivió la segunda mitad de su vida en Ecuador, donde reside. En 1977, participó en Canadá de la fundación de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), con el fin de doblegar el bloqueo informativo impuesto entonces por las dictaduras militares de la región, y en 2003 coordinó el comité de Contenidos y Temas de Sociedad Civil de la cumbre mundial de la Sociedad de la Información.

 

Expuso y discutió en decenas de encuentros internacionales, varios de ellos bajo el paraguas de Naciones Unidas. Responde a la Letra P a horas de aterrizar en Quito, la ciudad que eligió por razones personales y donde dirige ALAI.

 

 

-¿Cómo se siente?

 

-Hay una sensación de indignación porque, en un espacio multilateral de Naciones Unidas, normalmente está reconocida la participación de la sociedad civil y el trabajo de prensa. El hecho de que la Argentina haya rechazado a más de 60 personas inscriptas y aceptadas por la OMC es indignante, no hay antecedentes, sin ninguna justificación válida.

 

-¿Qué cree que llevó al gobierno de Mauricio Macri a adoptar esta postura?

 

-La primera justificación que dio la Cancillería argentina era que habían analizado que las organizaciones rechazadas eran disruptivas y no constructivas en el marco de trabajo de la OMC, cosa que es totalmente falsa. Para el gobierno argentino, una agenda de defensa ciudadana, derechos humanos y derechos de países en desarrollo es disruptiva. En particular, he escrito mucho sobre derecho de Internet y alerté que abrir negociaciones sobre el comercio electrónico es muy peligroso para nuestros países. Son las propuestas de las grandes trasnacionales, pero Argentina está en la misma línea, parece.

 

-¿Estima que el gobierno argentino actuó por su cuenta o hay intereses no explícitos dentro de la OMC y de poderes extranjeros que lo apoyaron?

 

-Eso sería especulación, no le podría decir. Lo único que comunicó la OMC es que estaba en desacuerdo (con los rechazos). Hubo voces de protesta en la OMC pero, a mi modo de ver, no lo suficientemente fuertes.

 

"Hay una tendencia en América Latina, no sólo en la Argentina, de desconocimiento de derechos básicos. También en Brasil y Paraguay. Creo que es el regreso de una política neoliberal con fuerza, sin ninguna propuesta nueva, que ve como disruptivos los intentos ciudadanos de garantizar derechos básicos, justicia social y comunicación."

-Su colega noruego Petter Titland está tratando de regresar a la Argentina luego de la expulsión. ¿Usted permanecerá en Quito?

 

-Por el momento, sí.

 

-¿El gobierno británico hizo algo en su ayuda? (El de Ecuador se mostró activo y emitió un reclamo público).

 

-Nada.

 

-¿Le llama la atención? Porque el gobierno noruego está siendo muy activo para apoyar a Titland.

 

-Tampoco me comuniqué directamente (con la Embajada del Reino Unido). Sé que hubo una gestión, pero no me llamaron. Como entré con pasaporte de Ecuador, no llamé.

 

-¿Cree que pudo haber influido la buena relación entre el gobierno de Theresa May y el de Macri?

 

-No quiero especular. Solo sé que el Gobierno británico fue bastante tibio en apoyar a las organizaciones del país que estaban en la lista negra.

 

 

 

-¿Le suena paradójico que esta política hostil venga de un gobierno que afirma querer reinsertar a la Argentina en el mundo o lo considera coherente con el perfil conservador de la administración Macri?

 

-Es coherente con lo que ha estado haciendo al interior del país. Justo me llegó hace dos días una denuncia de que el consejo consultivo de la sociedad civil en la Cancillería estaría siendo anulado. Se suma lo que pasó con el Consejo Federal de Comunicación (creado por la ley audiovisual, virtualmente derogada). Lo grave es que esa política la implemente en un espacio multilateral cuando el país sede lo que tiene que hacer es garantizar las condiciones para realizar el encuentro.

 

-¿Está al tanto de hechos como la detención de Milagro Sala o las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel durante protestas mapuches? 

 

-Sí, por supuesto. Obviamente hay una tendencia en América Latina, no sólo en la Argentina, de desconocimiento de derechos básicos. También en Brasil y Paraguay. Creo que es el regreso de una política neoliberal con fuerza, sin ninguna propuesta nueva, que ve como disruptivos los intentos ciudadanos de garantizar derechos básicos, justicia social y comunicación.

 

 

El activista noruego Petter Titlan, también deportado.

 

 

-¿Cuál debe ser la respuesta de las organizaciones civiles en este contexto?

 

-Eso es una pregunta grande. Trabajo en comunicación, creo que necesitamos como condición básica fortalecer una perspectiva ciudadana de los pueblos, para contrarrestar y hacer contrapeso a esos grandes medios vinculados al poder económico. La comunicación es uno de los mecanismos por los que este proyecto neoliberal se va imponiendo. Es importante poder tener otras fuentes.

 

-Si la hubieran dejado participar de la reunión de la OMC, ¿cuál habría sido el eje de su presentación?

 

-El mío es básicamente un trabajo de comunicación sobre seguimiento del comercio electrónico. Una de las cosas que salió de la cumbre de la Sociedad de la Información de 2003 es que las políticas de Internet deben ser tratadas en espacios multisectoriales, con todas las partes interesadas. Las instancias de gobierno de Internet deben contar con la voz de usuarios, sociedad civil, gobierno y empresas. La OMC se plantea negociar el comercio electrónico de modo no multisectorial. Es uno de los espacios de Naciones Unidas donde la sociedad civil tiene menos posibilidad de incidir.

 

-¿Qué es la organización chilena Derechos Digitales por la que usted se había acreditado ante la OMC?

 

-No formo parte de la organización, pero trabajamos los mismos temas sobre libertad de expresión, acceso igualitario a internet y privacidad de datos personales.

 

-¿Había estado antes en Buenos Aires?

 

-Sí, me encanta Argentina. Buenos Aires es una ciudad muy linda, que me recuerda a muchas partes de Europa, y la gente es muy amable.