El juez federal Claudio Bonadío solicitó el desafuero como senadora y posterior prisión preventiva para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA por el que durante las primeras horas de este jueves se procedió a la detención del ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia Carlos Zannini y el líder piquetero, Luis D´Elía.
El ex candidato a vicepresidente del FpV fue apresado esta madrugada por la Policía Federal en Río Gallegos, mientras que el dirigente social fue detenido en su domicilio de La Matanza.
En lo que refiere al pedido de desafuero de CFK, una vez que llegue la solicitud, la Comisión de Asuntos Constitucionales tendrá 60 días para tratarla. A priori, las reacciones oficialistas fueron por la cautela: “Corresponde estudiarlo con seriedad y fijar una posición no partidista sino institucional", sostuvo el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, mientras que el jefe del interbloque de senadores de Cambiemos, Luís Naidenoff, remarcó en declaraciones a Radio Rivadavia: "Me parece precipitado emitir una opinión sin que haya entrado el pedido de desafuero del Juez".
El antecedente más inmediato indicó un escaso entusiasmo de la Cámara Alta a frenar el ingreso al recinto de la ex presidenta, en momentos donde el desafuero en Diputados del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, disparó una serie de especulaciones en torno a la posibilidad de impedir el acceso al Senado de CFK por sus procesos pendientes
Más allá de los planteos lanzados por algunos legisladores, con Margarita Stolbizer a la cabeza, la idea no prosperó. “El Senado no va a hacer eso, es un mamarracho”, respondió oportunamente a Letra P un senador que no se identifica con Cambiemos ni con el kirchnerismo. Desde la bancada de Cambiemos reconocieron que “antes de que Stolbizer dijera eso, a nadie se le había cruzado por la cabeza no dejar asumir a Cristina”. En esa línea, también fue Miguel Ángel Pichetto: "No veo que Cristina pueda no asumir o seguir el camino del desafuero". El senador que formalizó este miércoles la ruptura del bloque PJ-FpV, suele afirmar cada vez que es abordado por el tema que compromete a su otrora jefa: "No es costumbre de esta casa tratar desafueros". Finalmente, la ex mandataria pudo jurar como senadora el pasado 29 de noviembre.
Asimismo, Bonadío dispuso el procesamiento con preventiva para el ex canciller Héctor Timerman –con prisión domiciliaria por su delicado estado de salud- , a la vez que procesó, pero sin prisión preventiva, a los ex funcionarios Oscar Parrilli y Angelina Abbona, y al diputado nacional Andrés "Cuervo" Larroque.
En esta escalada de disposiciones, el magistrado emitió también órdenes de detención contra el ex líder de Quebracho Fernando Esteche y el dirigente islámico Jorge Alejandro "Yussuf" Khalil.
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La ronda indagatoria por este caso comenzó el 17 de octubre pasado, con la presentación del ex canciller Héctor Timerman, y culminó el 26 de octubre con la comparecencia de CFK. Tres días antes, había declarado Zannini, quien defendió la postura del gobierno kirchnerista en el caso AMIA y, por ende, descartó tener participación de un hipotético plan de encubrimiento a iraníes acusados de estar detrás del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994, tal como había denunciado el fallecido fiscal Alberto Nisman.
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Dicha denuncia había sido desestimada por el juez federal Daniel Rafecas, quien, por esa decisión, fue acusado por el senador radical Ángel Rozas –miembro del Consejo de la Magistratura–, quien pidió su juicio político al imputarle haber dictado una "sentencia fraudulenta" para "favorecer a los más altos funcionarios públicos" durante la gestión de CFK.
Rafecas fue llamado a responder por estas acusaciones este jueves ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, citación que fue aprobada con los votos oficialistas del denunciante Rozas, los diputados Gustavo Valdés (UCR) y Pablo Tonelli (PRO), el abogado Miguel Piedecasas, el representante de los académicos Jorge Candis y el representante del Poder Ejecutivo Juan Mahiques.
En la mira del oficialismo, Rafecas rechazó en tres oportunidades por escrito las acusaciones ante la Comisión. Allí, remarcó que su fallo está fundamentado y que fue avalado tanto por la Cámara Federal como por el fiscal de Casación Javier De Luca.