Ante la supresión y desmantelamiento de la Unidad Ejecutora Provincial -UEP-, SUTEBA denuncia que queda sin garantías concretas la ejecución de acciones ligadas a infraestructura escolar de cara al año que viene. Como contó Letra P, casi 400 trabajadores quedan en la calle y por ahora, sin respuestas. El jueves 4 de enero a las 11 de la mañana, secretarios generales del Frente de Unidad Docente se verán las caras con funcionarios bonaerenses en un nuevo encuentro.
Para el gremio que conduce Roberto Baradel en la provincia de Buenos Aires, con el cierre de esta área que depende del ministerio de Educación, "se paralizan obras y proyectos que debían ejecutarse para garantizar el derecho a la educación de niños, jóvenes y adultos en toda la provincia".
"Asimismo, nos solidarizamos con los trabajadores que pierden su trabajo engrosando la lista de desocupados que ocasiona la desidia de políticas estatales de las que hoy somos víctimas", agregaron.
"Exigimos que se arbitren las medidas para que en el 2018 no se reitere, como ya pasó este año, la situación precaria en que se utilizan espacios no construidos como aulas para el funcionamiento de secciones y cursos o que se produzca la superpoblación áulica ante la falta de ampliaciones y construcciones", continuaron y cerraron: "esta situación profundiza el estado de alerta y movilización en que se encuentra SUTEBA, que sigue defendiendo los derechos de los trabajadores y la escuela pública".
Este último viernes, los empleados de la Unidad Ejecutora Provincial iniciaron un proceso de asamblea permanente ante la posibilidad inminente de pérdida de puestos de trabajo. Se trata de 380 contratos que culminarán este 31 de diciembre y que hasta la fecha no se sabe si serán renovados. Ante la falta de información oficial, los trabajadores involucrados decidieron iniciar un plan de lucha que comprende la permanencia pacífica en el edificio donde funciona la UEP, de la calle 8 entre 45 y 46 de la ciudad de La Plata.
De esta manera, el clima entre los gremios educativos y el gobierno de Vidal vuelve a calentarse, de cara a la discusión paritaria 2018. En diciembre la relación se tensó, con la confirmación de la medida adelantada por Letra P: la aplicación del inciso C de los artículos 109 y 110 del Estatuto Docente que implica el cese de aquellos educadores provisionales y suplentes que no poseen título habilitante.
Aunque en la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE) que conduce Gabriel Sánchez Zinny subrayaron que la determinación se enmarca en el trabajo de cogestión con los gremios del sector, las entidades sindicales salieron de inmediato al cruce al afirmar que la decisión es “unilateral” y negaron, por ende, que se trate de un acuerdo emanado de ese ámbito. Así, denunciaron “una clara política de ajuste sin medir las consecuencias”. En esa línea, la titular de la FEB, Mirta Petrocini, resaltó que la medida “no contribuye en nada al clima paritario”, y arremetió: “Si empezamos a exigir título, en la DGCyE quedarían pocos”.
Por su parte, desde Educación informaron que "el próximo jueves 4 de enero a las 11 se llevará a cabo una nueva reunión de Mesa Técnica de Condiciones Laborales para dialogar sobre los diferentes puntos que se vienen trabajando en relación a las condiciones laborales de los trabajadores".
