BARILOCHE (Enviados especiales) En su cuarto día de funcionamiento, la mesa de diálogo convocada por la Iglesia Católica para encontrar una salida a la crisis desatada luego del asesinato del joven Rafael Nahuel arribó a una serie de acuerdos básicos que, al parecer, van orientados a descomprimir la situación en vísperas de fin de año y frenar la tensión social que atraviesa la ciudad de San Carlos de Bariloche. Según el acta que le entregaron al juez federal subrogante de esta ciudad, Gustavo Villanueva, la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, acepta el ingreso del magistrado al territorio ocupado para que realice una inspección ocular con el fin de profundizar la investigación del crimen del joven de 22 años, que fue asesinado por la espalda el sábado pasado cerca de las 6 de la tarde.
Además, la mesa declaró que "ni Fausto Jones Huala ni Lautaro González están imputados por la muerte de Rafael Nahuel", que investiga el mismo magistrado que ordenó el desalojo a partir de una denuncia presentada por la Administración Nacional de Parques Nacionales (APN), organismo que mantiene, desde hace 15 años, mesas de "co-manejo" con distintas comunidades indígenas en los 710 mil kilómetros cuadrados de parques protegidos de la Patagonia para permitir que puedan vivir dentro de los parques.
El acta firmada este viernes.
El acuerdo es uno de los puntos de la mesa, pero no es el único. Otro de los elementos que destacaron los miembros del foro, integrado por comunidades de pueblos originarios, el Instituto Nacional de Asunto Indígenas (INAI), las universidades del Comahue y Río Negro y la APDH, es el pronunciamiento del gobierno provincial, a través del Consejo de Comunidades Indígenas (Codeci), que pidió la suspensión del desalojo y que el juez federal tenga en cuenta esa instancia como un método de resolución del conflicto, aunque el INAI, que depende del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación, insistió con la "importancia de avanzar en una solución de fondo y que la comunidad se retire del territorio y esté sujeta a derecho".
En términos políticos, las comunidades mapuche dejaron en claro que "no reconocen la existencia de la RAM", en referencia a la organización Resistencia Ancestral Mapuche. En la misma línea, a partir de la ola de rumores que promueve especialmente el Ministerio de Seguridad nacional, que conduce Patricia Bullrich, todos los participantes de la mesa plantearon su preocupación sobre los rumores de desalojo que circularon este viernes, especialmente en distintas reparticiones del fueron federal, conmovido desde la semana pasada por el desalojo que ordenó el magistrado Villanueva el jueves 23 de noviembre, antesala del asesinato que ocurrió dos días después.
Consultadas por Letra P, fuentes del macrismo rionegrino reconocieron que el malestar -publicado por este medio- con Villanueva se incrementó. “No entendemos su lógica”, respondió un alto dirigente del PRO que transita a diario la Casa Rosada.
Con este escenario, la mesa de diálogo concluyó una jornada cargada de rumores de un posible desalojo de la comunidad que mantiene la ocupación. La próxima reunión está prevista para el miércoles 6, aunque sus miembros dejaron en claro que están en condiciones de reunirse en cualquier momento ante cualquier urgencia.
