PARADISE PAPERS

Aranguren defiende su pasado off shore con el argumento oficial: "No hay delito"

“Ser director en estas firmas, como la operatoria de las mismas, no constituye un delito ni viola la ley”, aclaró en un comunicado referido a la investigación sobre su rol en paraísos fiscales.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, emitió un comunicado para defenderse de las acusaciones que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación  le hizo respecto a su rol en empresas off shore. “Ser director en estas firmas, como la operatoria de las mismas, no constituye per se un delito ni viola la ley”, destacó el funcionario y dio una extensa explicación de las razones que lo llevaron a ser directivo de estas firmas que operan costas afuera.

 

A continuación, el texto completo de la carta del ex Shell.

 

 

Luego de haber recibido en persona y contestado por escrito las preguntas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, creo necesario aclarar varios puntos de las notas de prensa escritas sobre Paradise Papers en las que se me menciona.

 

Como es de conocimiento público, hasta el 30/06/2015 trabajé en la filial argentina (Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A.) del grupo Royal Dutch Shell plc (RDS), en la cual empecé mi carrera profesional el 8 de marzo de 1979 como Tecnólogo Junior de procesos, terminando en el puesto de Presidente, cargo que desempeñé desde el 01/01/2003 hasta el 30/06/2015.

 

Como parte de mi carrera en el grupo Shell, me desempeñé en el exterior en dos instancias: a) en Geelong, Australia, entre 1985 y 1986; y b) en Londres, Reino Unido, entre 1995 y 1997. En la primera asignación lo hice en el área de Tecnología de Procesos y en la segunda como Coordinador de Área para los países anglo parlantes del África (durante 1995) y luego de Latino América (en 1996 y 1997).

 

En ambos casos, era práctica común desempeñar el rol de director representante del accionista en alguna de las tantas compañías subsidiarias que operaban en dichas regiones. Asimismo, adicionalmente a mi responsabilidad como presidente de Shell Argentina también me desempeñé por algunos años (entre 2003 y 2005) como Vicepresidente de Suministros y Distribución de una organización regional llamada Shell Oil Products Latin America (SOPLA), teniendo la responsabilidad del suministro y la distribución de productos Shell en todos los países de Latinoamérica, parte de la cual también incluía ser director representante del accionista en algunas de las entidades que operaban en la región. En el marco de esa función laboral, fui director de Shell Western Supply and Trading Limited con sede en Barbados, cargo que dejé hace más de 12 años.

 

Ser director en estas firmas, como la operatoria de las mismas, no constituye per se un delito ni viola la ley. El grupo Royal Dutch Shell plc es una organización multinacional con actividades en múltiples países del mundo y Shell C.A.P.S.A. es su filial en Argentina. En mis asignaciones como expatriado (entre 1995-1997) o cuando desempeñé además de un puesto local otro regional, tuve presencia en directorios de varias compañías donde el grupo RDS tenía intereses.

 

Operar comercialmente en los países antes mencionados tampoco es un delito. No hay una prohibición legal de realizar actividades comerciales en dichos países. Cabe aclarar además que mientras estuve en la empresa, las filiales se dedicaron exclusivamente a actividades petroleras.

 

Las notas y comentarios periodísticos relacionan estas actividades de mi etapa laboral en Shell con las compras de Gas Natural Licuado (GNL) y gasoil, a través de ENARSA y CAMMESA, respectivamente, realizadas durante la actual gestión de gobierno.

 

Quiero aclarar una vez más que, tal como lo ordena la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, desde que soy Ministro no tuve participación en ninguna operación adjudicada a Shell ni en ninguna otra actuación referida particularmente a Shell. Todas las compras de ENARSA y CAMMESA se hacen a través de licitaciones públicas, abiertas y transparentes, en las que se convoca a proveedores de todo el mundo.

 

Todas las licitaciones, cualquiera sea el adjudicatario, se adjudican a la oferta más conveniente para el erario.

 

Sin embargo, cuando la oferta seleccionada es de Shell me abstengo de intervenir y ordeno el envío de las actuaciones al Ministro de Producción, que me subroga como consecuencia de mi excusación en todo lo relacionado particularmente a mi anterior empleador, conforme lo aprobara el Presidente Macri por el decreto 1006/2016.

 

Cabe agregar, que por instrucciones mías, ENARSA ha remitido a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Oficina Anticorrupción y a la SIGEN toda la documentación de las licitaciones adjudicadas a Shell, que es una de las 10 empresas a las que se le han adjudicado licitaciones de GNL durante 2017, incluyendo las ofertas de todos sus competidores, antes de concretar la adjudicación, a fin de que verifiquen la regularidad del procedimiento; más allá de que la SIGEN controla lo actuado por ENARSA a través de la Comisión Fiscalizadora de la empresa.

 

En el mismo sentido, no he tenido intervención alguna en compras de gasoil importado realizadas por CAMMESA, que fueron consecuencia de licitaciones internacionales llevadas adelante por YPF en virtud de un acuerdo entre ambas empresas, y las que fueron auditadas por SIGEN, verificándose que en todo momento he cumplido con mi deber de abstención.

 

Para aquellos que aún tengan dudas, los invito a ingresar a las páginas web de ENARSA y CAMMESA donde encontrarán por ejemplo todos los cargamentos de GNL adjudicados, con información de barco, puerto de origen, vendedor, fórmula de precio, precio, cantidad y monto facturado. Antes de la llegada del gobierno de CAMBIEMOS no había información pública sobre estas adjudicaciones.

 

Por último quiero recordar que en septiembre de 2016 me desprendí de mis acciones en Shell, que eran fruto de mis 36 años de trabajo en la empresa. Lo hice siguiendo una recomendación de la Oficina Anticorrupción aun cuando ese mismo organismo aclaró que no había una obligación legal de hacerlo. Dejé constancia de los montos percibidos ante escribano público y en mi última Declaración Jurada correspondiente al año 2016 presentada ante la Oficina Anticorrupción.

 

 

Toto Caputo para los aumentos de gas
Martín Menem y Karina Milei.

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